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viernes, 4 de agosto de 2023

Nueva tragedia minera: impunidad y negligencia

Ricardo Torres


        El pasado martes 18 de julio del año en curso, dos mineros perdieron la vida en el pozo de carbón ubicado en el ejido El Mezquite, en Sabinas, Coahuila, al reventarse la cuerda del malacate que los transportaba a una altura de más de 70 metros de profundidad en tiro vertical dentro de dicha mina de carbón. Protección Civil y la Fiscalía General del Estado investigan las causas del siniestro que provocó la muerte de José Guadalupe Esparza Pérez, de 48 años, y Juan Jesús Zapata Alfaro, de 29 años de edad.


Se trata de una nueva tragedia en la región minera de Sabinas, Coahuila. Por un lado, la negligencia de las empresas mineras que solo buscan obtener ganancias sin importarles poner en riesgo la vida de los mineros y, por otro lado, la complicidad de las autoridades del trabajo que permiten la operación de minas y pozos, sin contar con las condiciones mínimas de seguridad para los mineros. Negligencia e impunidad que siguen cobrando nuevas víctimas.


A decir del colectivo Pasta de Conchos, “la empresa que explotaba la mina, Minera Fuga, tenía un contrato de 113.462.337,60 pesos por la venta de 81.000 toneladas de carbón: Dicho título minero no está inscrito ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en las microrregiones que tienen autorizado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Por lo que, si esto es cierto, esta mina entonces operaba de forma ilegal y, por tanto, no se trata de un accidente sino de un nuevo siniestro”.


Es ya larga la lista de explosiones, derrumbes, inundaciones y “accidentes” en Sabinas, Coahuila, debido a la explotación de pozos clandestinos y en condiciones de seguridad nulas en una localidad en la que no existen alternativas laborales dignas fuera de los pozos. La explicación es sencilla: el 99 por ciento del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sale de esta región carbonífera. Recordemos que hace un año, el 3 de agosto de 2022, una inundación en esta misma región provocó el derrumbe del pozo en El Pinabete en el que murieron 10 mineros cuyos cuerpos todavía no se han recuperado. Más todavía, según el registro que llevan los familiares de las víctimas, desde que se empezó a extraer carbón en esta región a finales del siglo XIX, más de 3 mil mineros han fallecido en “accidentes.


Lo que los mineros de México necesitan, desde hace más de un siglo, es que el Estado cumpla y haga cumplir la ley; que la Secretaría de Economía (SE) encargada de otorgar las concesiones mineras y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se responsabilicen de regular y verificar el acatamiento a la ley por parte de las empresas; de vigilar, supervisar y garantizar que los patrones cumplan con las normas de seguridad establecidas en la Ley Minera y demás normas oficiales aplicables a dicha industria; lo que los mineros necesitan es que el Estado mexicano garantice su seguridad, integridad y vida, antes de las tragedias, haciendo que los patrones respeten la ley. Todo lo que el Gobierno federal diga y haga después de las tragedias es solo circo mediático para esconder su criminal omisión.


Pero ello es aún insuficiente. Dado que en el mundo la minería es una de las actividades más peligrosas y de alto riesgo, principalmente en la extracción de carbón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de la ONU, en 1995 resolvió establecer el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas (C176) en el que se estipula que los trabajadores tienen la necesidad y el derecho de ser informados, consultados y de participar en la preparación y aplicación de medidas de seguridad y salud relativas a los peligros y riesgos presentes en la industria minera. Sin embargo, el Estado mexicano, a pesar de ser miembro de la OIT, se ha negado a ratificar dicho Convenio porque en el artículo 13 del C176, en su inciso e) nos dice que los trabajadores tienen derecho a “retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud”. La negativa del Estado mexicano a ratificar el C176 de la OIT obedece a que en las normas nacionales el derecho que implique retirarse del trabajo no puede ser aceptado como un derecho general ya que son los técnicos especialistas, y no los obreros, quienes pueden determinar si este derecho puede o no ejercerse.


Resulta evidente que si los mineros de la zona carbonífera de Coahuila, a pesar de los enormes peligros a que se exponen, acuden a laborar a cambio de unos cuantos pesos diarios por tonelada de carbón extraído, es solo por hambre, por necesidad, por la extrema pobreza en que actualmente viven ellos y sus familias; luego entonces los patrones explotadores y abusivos, como en El Pinabete y ahora en El Mezquite, se aprovechan de su miseria e incumplen con las normas de seguridad impuestas por la ley, seguros de que no habrá sanción alguna para ellos al formar parte de la red de intereses económicos y complicidades políticas toleradas por las autoridades federales y estatales, debido a que el carbón mineral de la región producido por micro y pequeñas empresas está destinado a cumplir con los contratos de suministro establecidos con la CFE para alimentar las dos termoeléctricas instaladas en la entidad.


La CFE dirigida actualmente por un distinguido expriísta convertido hoy en rutilante morenista, Manuel Bartlett Díaz, solo cumple fielmente con ejecutar las instrucciones presidenciales de acuerdo al plan de desarrollo energético del actual gobierno mexicano. Por ello AMLO, a través de la SE y la STPS, no tiene prisa en sancionar a los responsables. En consecuencia, no habrá justicia para los trabajadores mineros fallecidos y sus familias, solo demagogia y “chivos expiatorios” para eximir a los verdaderos responsables. No más.


Por consiguiente, para impedir que esta trágica historia se repita, que los mineros del país sigan perdiendo la vida debido a la de falta de seguridad en las minas donde laboran, tendrán que ser ellos y solo ellos mismos, de manera organizada y consciente, quienes deben exigir a las autoridades el cabal cumplimiento de la ley; solo su unidad y combatividad pueden vencer la avaricia desmedida de los patrones y la indolente complicidad del Gobierno en favor del capital. Titánica tarea que solo podrán realizar si logran unirse y organizarse para exigir el cabal cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales en defensa de su seguridad, de sus derechos laborales y de sus intereses como clase obrera. Esa es la tarea.


martes, 23 de mayo de 2023

Obreros de AHMSA en completo desamparo

Ulises Bracho

              La fábrica de acero aún no desaparece 

entre los vapores ondulantes que cultivan el suelo. 

Dana Gelinas, ALTOS HORNOS 

 

El pasado 17 abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la declaración en quiebra de la empresa siderúrgica Altos Hornos de México S.A.B., de C.V.(AHMSA) como consecuencia de la falta de pagos establecidos por el caso de la compra-venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, asunto que causó un perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y daños a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, esta decisión ha afectado a más de 19 mil trabajadores entre sindicalizados y de confianza que, hasta el 13 de mayo, no les han pagado más de tres semanas de sueldo.


 La crisis que viven actualmente los trabajadores de AHMSA fue una decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al pugnar por el desmantelamiento de la empresa sin pensar siquiera en los trabajadores afectados a sabiendas de que, años atrás, dicha empresa ha enfrentado problemas económicos por diversas circunstancias, por lo que ha sido rescatada por gobiernos anteriores con la finalidad de que no cierre sus puertas y no se ocasione la debacle para uno de los municipios estratégicos de Coahuila: Monclova.


No obstante, desde la llegada de López Obrador al poder se ha percibido una persecución constante en contra de los propietarios de AHMSA, sobre todo de Alonso Ancira Elizondo, quien estuvo encarcelado por supuestos actos de corrupción. Independientemente de la responsabilidad o no que dicho empresario tenga, lo cierto es que, desde Palacio Nacional, López Obrador pidió la cabeza del “rey del acero” diciendo que “nosotros estamos dispuestos a ayudar y lo hemos hecho… Pero el empresario, el dueño, el señor Ancira tiene que tomar una decisión” (Forbes, enero 2023).


         Después de la renuncia de Ancira el pasado 20 de abril  AHMSA ya cuenta con un nuevo Consejo Administrativo liderado por Daniel Chapman, dueño del fondo Argentem Creek Partners, cumpliéndose así la voluntad que AMLO anhelaba desde años atrás. No lo sabemos a ciencia cierta, pero para López Obrador arruinar al rey del acero era un capricho que decidió llevar hasta sus últimas consecuencias con tal de demostrar que su política contra los patrones corruptos (léase no alineados al morenismo) es irreductible, mientras que, detrás del escenario, le besa la mano a Ricardo Salinas Pliego o a Carlos Slim. Y, mientras tanto, como Salomé con la cabeza degollada de Juan Bautista, López Obrador, a pesar de haber satisfecho de su deseo de doblegar a Alonso Ancira, no ha cumplido con su disposición a ayudar” ni Argentem tiene un plan para pagar inmediatamente los sueldos atrasados de los trabajadores. Como era de esperarse, desde que AMLO ordenó la renuncia de Ancira se lavó las manos con aquello de que “no vamos a utilizar de manera irresponsable el dinero público para un rescate como se hacía antes" (El Sol de Torreón, 2023).


Es evidente que esta crisis ha calado en la economía del municipio de Monclova, sin embargo, existen otras localidades donde la quiebra de AHMSA fue un hecho terrorífico porque dejó en el desamparo a más de 1,500 familias que dependían totalmente de dicha empresa como es el caso de El mineral de Hércules, localizada en la región semidesértica, al noroeste de Coahuila y colindante con Chihuahua; principal fuente de abastecimiento del concentrado de fierro que AHMSA requiere para la producción de acero. Por fortuna, se ha extendido a nivel estatal una alarma humanitaria para solidarizarse con los trabajadores mineros de la región noreste del estado.


Y para colmo de los males, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, encabezado por el Lic. Ismael Leija Escalante, desde años atrás a puesto oídos sordos a los reclamos y violaciones a los derechos de los trabajadores y esta vez, no fue la excepción. Sin ninguna alternativa que ayude a mitigar el hambre que padecen los miles de trabajadores, el 12 de mayo los obreros rompieron definitivamente con sindicato de Leija Escalante y se manifestaron en favor del Sindicato Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, Senador de la bancada morenista, que, a decir verdad, tiene una negra historia que lo vincula como cómplice de diversas tragedias que han quedado impunes como es el caso de Pastos de Conchos. Conscientes o no, los trabajadores están pasando del sartén a la lumbre.


Es sorprendente el número de personas inconformes por la decisión que tomó el presidente de México con respecto al cierre de Altos Hornos, porque es evidente que son los trabajadores quienes pagan todas las malas decisiones que el Gobierno, la empresa y el sindicato realizaron sin medir las consecuencias. Y ahora, los desprotegidos, los que cada día se levantan para vender su fuerza de trabajo para generar la riqueza del país, sí, los miles de obreros de Altos Hornos, están en el desamparo total.


Queda claro que, si los acereros no son capaces de analizar con detenimiento y trazar un plan de lucha capaz de blindarlos ante cualquier crisis futura, repetirán la dolorosa experiencia que hoy, nuevamente, se les presenta porque, a mi juicio, no atacan el problema de raíz que es la falta de organización, unión y lucha entre los trabajadores. El punto de partida es la formación de un sindicato construido por auténticos trabajadores y no esperar a que Gómez Urrutia venga a salvarlos cuando detrás de él no hay sino un charro cuatroteísta. Solo la unión y combatividad de la clase obrera permitirán obtener con éxito no solo sus salarios devengados, sino el pleno respeto a sus derechos laborales.