De acuerdo con cifras publicadas por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI del primer trimestre de 2022, en el país existe una Población Económicamente Activa (PEA) de 58 millones 85 mil 314 trabajadores; 31 millones laboran en la informalidad, 24 millones laboran en la formalidad y cerca de tres millones se encuentran desempleados. En consecuencia, esto significa que la inmensa mayoría de los mexicanos trabajan sin las prestaciones laborales establecidas en la ley.
Cabe señalar que la pérdida de millones de empleos que provocaron los más de dos años de pandemia, contribuyó también a la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores. La mayoría de ellos deben ahora tolerar condiciones laborales precarias, inseguras e inciertas; no cuentan con un empleo estable y un salario digno, carecen de protección social y del goce de sus derechos fundamentales.
Hace ya algunas décadas, el neoliberalismo se impuso en el mundo a través de la globalización económica, fortaleciendo al capital por la vía de la libre circulación de mercancías, servicios y capitales por el mundo entero, lo que significó que, en el ámbito laboral, esta agresiva política neoliberal modificara las relaciones de trabajo, interviniera en la vida sindical, eliminara la estabilidad en el trabajo, controlara el monto de los salarios, eludiera el pago de pensiones, desconociera el derecho de antigüedad, modificara a su antojo las jornadas laborales, se desentendiese de las enfermedades y accidentes de trabajo, además de restringir al máximo el derecho de huelga, entre muchas otras violaciones a los derechos laborales. A esta política neoliberal en el ámbito laboral se le conoce como “flexibilidad laboral” o “desregulación”. La pandemia solo agudizó la precariedad laboral de los trabajadores mexicanos.
En el marco de esta política de “flexibilidad laboral” que busca adecuar las relaciones de trabajo en interés del mercado, la empresa y el capital, encontramos que, por ejemplo, uno de sus instrumentos más eficaces es la subcontratación de empresas (outsourcing). Por medio de la subcontratación, las empresas contratantes buscan eludir sus responsabilidades laborales frente a los trabajadores, transfiriendo dichas responsabilidades a las empresas subcontratadas, reduciendo así los costos laborales al abastecerse de personal a través de empresas outsourcing que se ajustan a sus necesidades económicas.
La precariedad laboral es pues la forma utilizada por los patrones, bajo el modelo económico neoliberal, para trasladar sus responsabilidades a otras empresas o a los propios trabajadores. En la economía formal se caracteriza por la inestabilidad en el trabajo, salarios miserables y prestaciones laborales restringidas o nulas. Por tanto, en buena parte de las empresas existe una fuerte resistencia de los patrones para permitir el sano funcionamiento de los sindicatos y la negociación colectiva.
El acelerado crecimiento de la precariedad laboral es también una política impuesta por el capital a nivel mundial para impedir la libre sindicalización y la negociación colectiva que ahora son sustituidos por subcontratación y los contratos individuales, en virtud de que evaden así la responsabilidad de establecer una relación de empleo directo con sus trabajadores. Así pues el crecimiento del trabajo precario en todas sus formas debilita aún más la participación y la lucha obrera en virtud de que los contratos de trabajo se individualizan y los derechos colectivos son abolidos de un plumazo.
Es por ello que en el proceso de la recuperación económica las empresas promueven nuevos empleos o la recontratación de personal, sin embargo, dichos empleos no incluyen las prestaciones laborales establecidas en la ley, sabedores de que, ante la falta de empleo, los trabajadores aceptan esas desfavorables condiciones laborales, dado que al no tener ingreso alguno, será mejor aceptar algo sin prestaciones que carecer de ingresos. Por tanto, la reactivación económica y la recuperación de los empleos significan también una menor calidad en los salarios y prestaciones de los trabajadores, es decir, una mayor precariedad laboral.
Además, esta visión distorsionada que simula una recuperación económica del país a costa de la precariedad de los trabajadores, no contempla el crecimiento natural de la población en edad de trabajar que aumenta por lo menos en un millón y medio de trabajadores que se suman a la PEA.
En suma, podemos afirmar que la precarización laboral es una política impuesta por el capital a nivel mundial como consecuencia inevitable del régimen económico neoliberal. Se flexibilizan las relaciones laborales para asegurar un mayor incremento en las ganancias de las empresas a costa de los derechos y el bienestar de los trabajadores. Si los patrones de este modo pretenden desarticular aún más la participación de los trabajadores en la defensa de sus derechos laborales, los obreros no tenemos más alternativa que luchar sin descanso en sentido contrario de lo que imponen las empresas, es decir, debemos luchar por conseguir una genuina sindicalización de los trabajadores que permita la defensa colectiva de las condiciones laborales y los contratos de trabajo, como mecanismos inmediatos que pongan freno a la creciente precarización laboral.
