El huracán Otis deja al desnudo al gobierno de la 4T

Rosa Espinoza

        Los estragos que dejó el paso del huracán Otis en Guerrero todavía no terminan de cuantificarse, la magnitud del desastre apenas se inicia a conocer; el daño no sólo es en la zona hotelera ni en la zona diamante, en realidad los daños mayores son en hospitales, escuelas, colonias marginadas, viviendas, carreteras, puentes, centros comerciales, vehículos y embarcaciones. El número de víctimas podría incrementarse pues los desaparecidos pueden sumarse al número de personas fallecidas, las pérdidas materiales siguen en incremento, a pesar de ello el Gobierno federal determinó que se destinarán sólo 61 mil millones de pesos a la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Por su parte José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que cuando menos 300 mil millones de pesos se requerirán para la reconstrucción de Acapulco y otros municipios de Guerrero devastados por el huracán Otis, dijo además que buscarán los esquemas para apoyar en esa reconstrucción.

 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó la declaratoria de desastre natural para los 47 municipios de Guerrero afectados por el huracán Otis, con el propósito de destinar recursos para la población afectada, una población que suma más de 3 millones de trabajadores, según datos de la Secretaría de Economía. Cabe recordar que Acapulco es un destino turístico y, consecuentemente, su principal actividad económica es el turismo, por tanto, al quedar el 80 por ciento de los hoteles semidestruidos la población trabajadora se quedó sin empleo, sin ingresos seguros para solventar sus necesidades que ahora serán mayores pues sus casas también fueron destruidas.

La versión oficial habla de “desastres naturales” como una forma de evadir la responsabilidad del siniestro, de esta manera el Gobierno intenta eludir sus obligaciones en materia de prevención de desastres y, en el caso de Otis, el fenómeno desconcertó incluso a los científicos; no obstante, la Red Mexicana de Científicos por el Clima (REDCIC) dice que “los desastres no son fenómenos naturales sino eventos construidos socialmente, cuyo origen se encuentra en la falta de planeación histórica, en la urbanización desordenada, en las condiciones de desigualdad, la pobreza y la inseguridad”, en la falta de políticas públicas adecuadas; señala que los impactos del cambio climático deben entenderse como una violencia que está determinada por las relaciones internacionales de poder y control que afectan más a quienes tienen menos condiciones de seguridad, a quienes sufren más la pobreza, según lo publica una nota aparecida en el diario El Economista de fecha 31 de octubre de 2023.

Indiscutiblemente que la responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal reside en la política pública de prevención de desastres naturales, y el caso de Otis no deja lugar a dudas, la población no fue alertada con suficiente tiempo de anticipación, no existe una política pública de apoyo a la población más vulnerable en tales casos, a nivel federal todos sabemos que el FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) fue eliminado, luego de que el senado de la República aprobará la extinción del fideicomiso bajo el argumento del mal manejo de los recursos por parte de funcionarios públicos, cuando todos sabemos que dichos fondos son destinados a la compra de votos a través de los programas asistenciales de transferencia monetaria directa. Y el colmo, la respuesta del Gobierno federal a la tragedia por Otis raya en el ridículo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo acertó a montar un show mediático, al trasladarse a Acapulco vía terrestre y quedarse atascado en el lodo.

Antes de Otis, Acapulco ya era la décima ciudad más violenta del mundo: 66 homicidios diarios. El crimen ya tenía postrados a la ciudad y a la entidad completa, era común conocer de crímenes atroces, en los cuales los gobiernos, por cierto todos ellos de Morena, no han hecho nada para impartir justicia, se sospecha incluso de complicidad; y a esta calamidad ahora se suma la devastación causada por Otis.

Urge un cambio de modelo económico que permita políticas públicas de prevención de los desastres naturales, que elimine las causas que exponen a la población trabajadora a vivir en condiciones de riesgo, que genere condiciones de seguridad y empleo, eso sólo será posible cuando la misma clase trabajadora se decida a sacudirse a falsos líderes y tome las riendas de la nación en sus manos.

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¿A quién afecta que los obreros se organicen?

Erick Santiago

        En México existe una enorme cantidad de problemas económicos, políticos y sociales que hacen que la clase trabajadora no pueda desarrollarse incluso para la legítima defensa de sus intereses, mismos que las autoridades encargadas de aplicar la ley deberían vigilar pero que en la realidad no lo hacen, al menos no con todos los trabajadores. Dentro de los diversos problemas que sufre la clase trabajadora esta la pobreza en la que viven millones de asalariados cuya necesidad los obliga a vender su fuerza de trabajo por salarios que no alcanzan a cubrir siquiera la canasta básica en cada uno de sus hogares, sumándose diversos gastos como la renta, la comida, la educación, la salud, etc. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en nuestro país, en 2018, existían 55.6 millones de personas en situación de pobreza. En 2020, los pronósticos de esta agencia latinoamericana no eran mejores: "México tendrá la cuarta proporción más alta de población en pobreza de América Latina y el Caribe a partir de 2020", cifra que debe ser alarmante ya que cada año aumenta el número de pobres. ¿Dónde quedó aquello de “primero los pobres”?

 

Por su número, los pobres de México son una gran fuerza social; pero la cantidad no basta si carecen del factor cualitativo, la unidad, organización y consciencia. Pero esta debilidad no es casual, no está determinada por la idiosincrasia ni es una fatalidad natural: el neoliberalismo y la acelerada acumulación de la riqueza que trae consigo necesitan a la clase media y trabajadora inermes, inconscientes y, por tanto, sin la fuerza necesaria para hacer valer sus derechos. Un pueblo desorganizado conviene a la acumulación del capital, por lo que este y sus gobiernos aliados se afanan en mantenerlo disperso.

 

Luego así, la clase trabajadora que se encuentra legalmente organizada a través de un sindicato disminuyó, tal y como se señala en la página del Gobierno Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde manifiesta que “el número de trabajadores que pertenecían a un sindicato en el primer trimestre de 2022 se ubicó en 4 millones 869 mil 45 personas, de acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), basado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto se compara con las 4 millones 336 mil 688 personas sindicalizadas en 2018.  Desde 2005 cuando empezó el levantamiento de la encuesta y hasta el 2018, el porcentaje de trabajadores subordinados que dijo pertenecer a un sindicato disminuyó de manera constante desde casi el 17% hasta 12%.  Sin embargo, a partir de 2019, cuando entró en operación la reforma laboral, que entre sus objetivos pretende regresar el poder de decisión de las principales actividades de un sindicato a sus trabajadores, se detuvo la caída y la tasa de sindicalización alcanzó apenas el 13.1% en 2021 y 12.7% en 2022.”

 

Esta disminución proviene de la forma en que funciona nuestro sistema económico de producción y la protección que el Gobierno federal brinda a los poderosos empresarios que se dedican a producir sus mercancías para venderlas sin importarle si a la clase obrera le alcanza su salario, si se le paga de acuerdo a lo que produce, sin importarle sus necesidades, su bienestar, su salud y la de toda su familia, trayendo como efecto la dificultad para que los trabajadores se organicen, se preparen y se eleven políticamente, ya que concentran la mayor parte de sus esfuerzos en trabajar y sobrevivir. Hace años hemos escuchado a López Obrador, envuelto en ropaje de izquierda, destacarse especialmente como acérrimo persecutor de todo lo que signifique organización popular, escudándose (no puede confesar el verdadero propósito) en su pretendido combate a la corrupción.

 

Los poderosos, en cambio, sí están organizados y se les respeta ese derecho. Defienden sus intereses generales a través de organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y también de sectores específicos: asociaciones de industriales, mineros, de tiendas departamentales, grandes agricultores, etc. En una palabra, el derecho de organización existe y se respeta pero para los acaudalados. Lo que para estos es un derecho, para el pueblo trabajador es delito punible, con cárcel incluso; unos, arropados por el poder, los otros, maniatados y amordazados; así, los primeros acumulan riqueza y los segundos se hunden en la pobreza.

 

El temor del Gobierno y del gran empresariado no es gratuito: ¿qué pasaría si los trabajadores de fábricas, de comercializadoras de distribución, estudiantes, campesinos, se unificaran para exigir mejores condiciones de vida: primero por salario remunerador y trabajo digno; y segundo con su fuerza política la determinación del rumbo del país? Con la fortaleza de organización y conciencia serían factores que posibilitarían una mayor capacidad para fundamentar los reclamos sociales y fuerza para negociar, mismas que permitirían a los trabajadores exigir mejores salarios, prestaciones de ley, vivienda, salud y educación para su familia. Para lograrlo es necesaria la organización y unidad de los trabajadores, de lo contrario, la clase trabajadora seguirá quedando a expensas de la voluntad y conveniencia de los patrones y políticos poderosos. Es necesario apoyarnos entre los obreros para luchar, en una primera fase, por nuestras demandas a nivel sindical, para elevarnos después a incursionar en la lucha por demandas políticas, hasta llegar al nivel en que nos propongamos la toma del poder político de nuestro país.

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