Ricardo Torres
El pasado martes 18 de julio del año en curso, dos mineros perdieron la vida en el pozo de carbón ubicado en el ejido El Mezquite, en Sabinas, Coahuila, al reventarse la cuerda del malacate que los transportaba a una altura de más de 70 metros de profundidad en tiro vertical dentro de dicha mina de carbón. Protección Civil y la Fiscalía General del Estado investigan las causas del siniestro que provocó la muerte de José Guadalupe Esparza Pérez, de 48 años, y Juan Jesús Zapata Alfaro, de 29 años de edad.
Se trata de una nueva tragedia en la región minera de Sabinas, Coahuila. Por un lado, la negligencia de las empresas mineras que solo buscan obtener ganancias sin importarles poner en riesgo la vida de los mineros y, por otro lado, la complicidad de las autoridades del trabajo que permiten la operación de minas y pozos, sin contar con las condiciones mínimas de seguridad para los mineros. Negligencia e impunidad que siguen cobrando nuevas víctimas.
A decir del colectivo Pasta de Conchos, “la empresa que explotaba la mina, Minera Fuga, tenía un contrato de 113.462.337,60 pesos por la venta de 81.000 toneladas de carbón: Dicho título minero no está inscrito ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en las microrregiones que tienen autorizado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Por lo que, si esto es cierto, esta mina entonces operaba de forma ilegal y, por tanto, no se trata de un accidente sino de un nuevo siniestro”.
Es ya larga la lista de explosiones, derrumbes, inundaciones y “accidentes” en Sabinas, Coahuila, debido a la explotación de pozos clandestinos y en condiciones de seguridad nulas en una localidad en la que no existen alternativas laborales dignas fuera de los pozos. La explicación es sencilla: el 99 por ciento del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sale de esta región carbonífera. Recordemos que hace un año, el 3 de agosto de 2022, una inundación en esta misma región provocó el derrumbe del pozo en El Pinabete en el que murieron 10 mineros cuyos cuerpos todavía no se han recuperado. Más todavía, según el registro que llevan los familiares de las víctimas, desde que se empezó a extraer carbón en esta región a finales del siglo XIX, más de 3 mil mineros han fallecido en “accidentes”.
Lo que los mineros de México necesitan, desde hace más de un siglo, es que el Estado cumpla y haga cumplir la ley; que la Secretaría de Economía (SE) encargada de otorgar las concesiones mineras y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se responsabilicen de regular y verificar el acatamiento a la ley por parte de las empresas; de vigilar, supervisar y garantizar que los patrones cumplan con las normas de seguridad establecidas en la Ley Minera y demás normas oficiales aplicables a dicha industria; lo que los mineros necesitan es que el Estado mexicano garantice su seguridad, integridad y vida, antes de las tragedias, haciendo que los patrones respeten la ley. Todo lo que el Gobierno federal diga y haga después de las tragedias es solo circo mediático para esconder su criminal omisión.
Pero ello es aún insuficiente. Dado que en el mundo la minería es una de las actividades más peligrosas y de alto riesgo, principalmente en la extracción de carbón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de la ONU, en 1995 resolvió establecer el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas (C176) en el que se estipula que los trabajadores tienen la necesidad y el derecho de ser informados, consultados y de participar en la preparación y aplicación de medidas de seguridad y salud relativas a los peligros y riesgos presentes en la industria minera. Sin embargo, el Estado mexicano, a pesar de ser miembro de la OIT, se ha negado a ratificar dicho Convenio porque en el artículo 13 del C176, en su inciso e) nos dice que los trabajadores tienen derecho a “retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud”. La negativa del Estado mexicano a ratificar el C176 de la OIT obedece a que en las normas nacionales el derecho que implique retirarse del trabajo no puede ser aceptado como un derecho general ya que son los técnicos especialistas, y no los obreros, quienes pueden determinar si este derecho puede o no ejercerse.
Resulta evidente que si los mineros de la zona carbonífera de Coahuila, a pesar de los enormes peligros a que se exponen, acuden a laborar a cambio de unos cuantos pesos diarios por tonelada de carbón extraído, es solo por hambre, por necesidad, por la extrema pobreza en que actualmente viven ellos y sus familias; luego entonces los patrones explotadores y abusivos, como en El Pinabete y ahora en El Mezquite, se aprovechan de su miseria e incumplen con las normas de seguridad impuestas por la ley, seguros de que no habrá sanción alguna para ellos al formar parte de la red de intereses económicos y complicidades políticas toleradas por las autoridades federales y estatales, debido a que el carbón mineral de la región producido por micro y pequeñas empresas está destinado a cumplir con los contratos de suministro establecidos con la CFE para alimentar las dos termoeléctricas instaladas en la entidad.
La CFE dirigida actualmente por un “distinguido” expriísta convertido hoy en rutilante morenista, Manuel Bartlett Díaz, solo cumple fielmente con ejecutar las instrucciones presidenciales de acuerdo al plan de desarrollo energético del actual gobierno mexicano. Por ello AMLO, a través de la SE y la STPS, no tiene prisa en sancionar a los responsables. En consecuencia, no habrá justicia para los trabajadores mineros fallecidos y sus familias, solo demagogia y “chivos expiatorios” para eximir a los verdaderos responsables. No más.
Por consiguiente, para impedir que esta trágica historia se repita, que los mineros del país sigan perdiendo la vida debido a la de falta de seguridad en las minas donde laboran, tendrán que ser ellos y solo ellos mismos, de manera organizada y consciente, quienes deben exigir a las autoridades el cabal cumplimiento de la ley; solo su unidad y combatividad pueden vencer la avaricia desmedida de los patrones y la indolente complicidad del Gobierno en favor del capital. Titánica tarea que solo podrán realizar si logran unirse y organizarse para exigir el cabal cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales en defensa de su seguridad, de sus derechos laborales y de sus intereses como clase obrera. Esa es la tarea.
