Ricardo Torres
El lunes 27 de junio se localizó un tráiler que transportaba a 67 inmigrantes indocumentados en la carretera interestatal en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, de los cuales 53 personas fallecieron por asfixia y deshidratación; se ha confirmado que 27 de ellas eran mexicanos provenientes del estado de México, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México; 14 provenían de Honduras; siete de Guatemala y dos de El Salvador. Hasta el momento se sabe que el resto de las personas se encuentran hospitalizadas y su estado de salud es crítico pues presentan problemas neurológicos, renales, hepáticos y hemorrágicos, entre otros.
Ante esta lamentable tragedia, los medios de comunicación de control masivo, presurosos en orientar el impacto y la indignación social lo más lejos posible de sus verdaderas causas, lanzaron su dedo acusador contra el chofer del tráiler quien enfrentará un juicio en donde lo condenarán a cadena perpetua o pena de muerte como culpable directo del fallecimiento de los emigrantes, según lo informó el Departamento de Justicia. Pero todos sabemos que la reciente muerte de los emigrantes en Texas no es un hecho aislado y extraordinario, sino el pan nuestro de cada día de un histórico problema económico que han sufrido y sufren los pobres de México y Centroamérica, por tanto, la sanción que sufra el chofer, por muy severa que parezca, no servirá en absoluto para frenar o corregir el problema de fondo de la migración que se vive en América Latina.
Desde hace décadas, los inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos se ven obligados a ingresar subrepticiamente en condiciones inhumanas y cruzando regiones inhóspitas debido a las diversas restricciones antiinmigrantes impuestas por el Gobierno norteamericano que, frente a la pandemia actual, se han endurecido: tan solo el año pasado fueron detenidos más de 1.7 millones de migrantes y, a decir de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en las últimas dos décadas se han registrado oficialmente cerca de ocho mil migrantes muertos; pero lo cierto es que el número de personas que han perdido la vida intentando alcanzar el “sueño americano” es mucho mayor en virtud de que no existe un sistema para localizar y contabilizar el número real de migrantes muertos ya que las autoridades estadounidenses tardan meses y hasta años en encontrar los restos de cadáveres de cientos de ellos, por ejemplo, en las zonas desérticas donde mueren de insolación o deshidratación, o intentando atravesar el río Bravo donde mueren ahogados. Este es el costo que pagan miles de personas humildes que buscan una alternativa de trabajo para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de sus familias.
En su conferencia matutina del 28 de junio, AMLO se limitó a decir “quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia […] estamos apoyando: está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de migración de México, y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y, desde luego, hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde porque estos hechos lamentables que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso, en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos. Entonces vamos a estar informando sobre eso”.
De inmediato Marcel Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, en su twitter señaló: “Sostuve llamada con el Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manera, quien ha dispuesto abrir carpeta de investigación respecto a la tragedia en San Antonio Texas por hechos relacionados en nuestro territorio. Me comparte vuela equipo hacia Texas para ese fin”.
Por su parte, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, acudió a Palacio Nacional, con el fin de dialogar con el Gobierno sobre los migrantes mexicanos fallecidos en San Antonio, Texas, enfatizando en la necesidad de hallar pronta resolución al tema migratorio entre ambas naciones, especialmente que se reconsidere aplicar el marco de migración legal que planteó el presidente Joe Biden, a través de la Declaración sobre Migración en la reciente Cumbre de las Américas, en la cual, dice, se pretende instrumentar una migración segura, ordenada, humana y legal, para reducir así la migración irregular, además, de la ayuda económica que están ofreciendo a los países los bancos multilaterales de desarrollo e instituciones financieras internacionales. Declaró que los hechos ocurridos en Texas fueron el resultado de leyes migratorias “rotas y disfuncionales” que poco o nada han hecho para que se resuelva el tema binacional. Y, finalmente, agregó que en esta nueva tragedia las personas murieron a manos del crimen organizado.
Los trabajadores de México sabemos bien que la razón por la cual miles y millones de personas salen de sus lugares de origen para buscar trabajo en Estados Unidos, obedece a la falta de empleo, pobreza, hambre y violencia que enfrentan en nuestro país y en la mayoría de las naciones de nuestro continente. Los migrantes arriesgan su vida para llegar a suelo norteamericano, no por gusto sino por hambre y necesidad. La causa de fondo que explica la migración y sus mortales efectos, como el ocurrido en Texas, se encuentra en el viejo modelo económico capitalista que enriquece a un puñado de multimillonarios, a costa de la pobreza de millones de trabajadores. La pandemia y la inflación solo han agravado su difícil situación económica: ha crecido el desempleo y, por otro lado, los precios de las mercancías se elevan progresivamente, en especial aquellos de la canasta básica alimentaria. Es por ello que garantizar la alimentación, la salud y la educación de nuestros hijos se torna cada día en un problema sin solución. Por tanto, emigrar a Estados Unidos en busca de un trabajo es solo una consecuencia obligada ante la falta de oportunidades económicas en nuestras propias naciones.
Que nadie se deje engañar, el problema de fondo de la emigración hacia Estados Unidos es económico: para combatirlo es necesario que se generen fuentes de empleo seguras en nuestros países, con estabilidad laboral y respeto a los derechos de los trabajadores, con una retribución salarial digna y no con sueldos de hambre, es decir, con ingresos suficientes que permitan una vida decorosa para los trabajadores y sus familias. Solo atendiendo esta necesidad básica de la población se estará atacando en serio el problema migratorio y, consecuentemente, protegiendo la vida y la seguridad de los mexicanos. Lo ocurrido en San Antonio, Texas, se explica entonces por la permanencia de un modelo económico capitalista, neoliberal, que está provocando desigualdad y pobreza creciente; un modelo económico que, con el paso del tiempo, se está agotando al mostrarse incapaz de dar respuesta a las necesidades más elementales de subsistencia de la población; un modelo económico diseñado para que la riqueza que genera la actividad productiva de los trabajadores colectivamente, se la apropien, individualmente, los dueños de la industria, el comercio y los bancos. Se requiere pues un nuevo modelo económico que genere empleos estables y distribuya la riqueza social de manera equitativa.
Planteadas así las cosas, resulta un despropósito reducir la tragedia de Texas culpando tan solo al chofer del tráiler; resulta indignante escuchar a López Obrador limitándose a ofrecer condolencias a los familiares, el traslado de los cuerpos de nuestros compatriotas fallecidos y la apertura de una carpeta de investigación que tampoco servirá absolutamente para nada, queriendo ocultar de esta manera su verdadera responsabilidad en los hechos, cuando AMLO y su gobierno saben bien que el Estado mexicano es el encargado de fomentar el crecimiento económico y el empleo, así como de promover una justa distribución del ingreso nacional que garantice la dignidad del pueblo mexicano.
Y peor aún resulta escuchar al representante del Gobierno norteamericano, principal promotor del sistema económico neoliberal, quien, para esconder la responsabilidad de su modelo económico explotador, acusa de los hechos en Texas al crimen organizado y a la falta de una legislación que regule la inmigración hacia su territorio, cuando ha sido el capital estadounidense y su Gobierno los principales responsables del saqueo de materias primas y recursos naturales que por décadas han realizado en los países de América Latina provocando con ello la desigualdad y miseria de la que huyen actualmente sus pobladores con la esperanza de encontrar en Estados Unidos solución a sus necesidades.
Los Gobiernos de Estados Unidos y México, defensores del régimen capitalista, se reunirán próximamente y seguirán eludiendo su responsabilidad, con demagogia y falsas medidas para enfrentar el problema migratorio, sin afectar un átomo los intereses del capital, mientras tanto el pueblo pobre seguirá aportando su vasta fuerza de trabajo a bajo precio y su correspondiente cuota de muertos.
