Raúl R. Pérez
La reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente de la república a la Cámara de Diputados cambia las autoridades electorales y la integración del Congreso de la Unión, de los Congresos de las entidades federativas y de los Ayuntamientos municipales.
Dicha reforma pretende —según sus redactores, Pablo Gómez y Horacio Duarte—, promover mayor participación ciudadana y ahorrar recursos públicos. Con ella, dicen que se ahorrarán 24 00 millones de pesos al año.
Veamos los cambios que se proponen y lo que realmente reflejan.
1. CAMBIO DEL ARBITRO ELECTORAL antes de las elecciones presidenciales del 2024. Se propone la desaparición del INE y de todos los institutos electorales de las 32 entidades federativas (conocidos como OPLES). La eliminación de los 32 tribunales electorales que funcionan en los estados y en la Ciudad de México. Acusándolos de enemigos de la transformación y de que gastan mucho dinero.
Propone, en su lugar, la creación del INEC (instituto nacional de elecciones y consultas). Al que se le encomienda la organización de todas las elecciones federales, estatales y municipales. Las controversias serán resueltas por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, cuya Sala Superior será renovada en su totalidad.
Está claro, se pretende controlar y centralizar todo el poder político del país.
¿En manos de quién y para qué?
La forma de elegir a los nuevos consejeros y magistrados nos da la respuesta. Se propone que surjan de una elección nacional donde puedan participar todos los ciudadanos del país. Parece muy democrática; pero, evidentemente, es demagógica: la actividad que van a realizar es altamente técnica que requiere preparación. Sería tan disparatado como elegir por elecciones al cirujano que va a realizar una operación a corazón abierto. Decidir en un concurso de popularidad a quien encomendamos nuestra salud.
Avancemos en la propuesta: ¿Quién propone a los candidatos a consejeros y magistrados? Para el instituto se propondrán 60 candidatos: 20 por el presidente de la república, 20 por el Congreso de la Unión y 20 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Procedimiento que asegura que todos los candidatos serán de morena y afines al actual gobierno. Para designar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral el procedimiento es exactamente el mismo, con la única diferencia de que los candidatos serán 30. 10 propuestos por el presidente, 10 por el Congreso y 10 por la Suprema Corte.
Ambos organismos estarán formados por 7 integrantes.
Las elecciones tendrán que realizarse en el 5º año del sexenio. La intención no puede ser más clara. Quieren un árbitro a modo en las elecciones de 2024, que les asegure quedarse con la Presidencia de la República y los demás puestos de elección popular.
2. CAMBIOS EN LA INTEGRACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, ESTATAL Y DE LOS AYUNTAMIENTOS.
Desaparecen los distritos federales y locales. La Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 integrantes y la de senadores se reducirá de 128 a 96 miembros. Desaparecen los diputados de mayoría relativa, y todos serán electos por listas estatales. El número de diputados que correspondan a cada estado dependerá de la población que tengan. Así, el Estado de México elegirá 40 diputados; Puebla, 16; la Ciudad de México, 22; Colima, 2; etc.
Se elegirán 3 senadores por cada entidad federativa.
Los Congresos Locales, también, se elegirán por listas estatales. Su tamaño se reducirá, en promedio, en un 41%. Así, el Estado de México pasa de 75 a 45 diputados locales, la Ciudad de México de 66 a 31, Veracruz pasa de 50 a 29, Jalisco de 38 a 29, Guerrero de 46 a 20, etc. Seguramente se piensa que para aprobar lo que manda el presidente, sin cambiarle una coma, es mejor tener parlamentos chiquitos.
La reducción de los ayuntamientos es todavía más drástica. La gran mayoría de los municipios (con una población inferior a 60 000 habitantes) tendrán como ayuntamiento un presidente, un síndico y un regidor. Los municipios que tengan entre 60 000 y 370 000 habitantes tendrán hasta tres regidores. Los que tengan entre 370 000 y 690 000 tendrán hasta 5 regidores. Y solo los que superen esa población tendrán entre 7 y 9 regidores.
Quiero dejar muy claro que estas medidas desproporcionadas y absurdas que aquí comento no están tomadas de algún periódico o artículo de los enemigos del gobierno del 4T, sino de la iniciativa de reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, que aquí tengo en mis manos.
3. REDUCCIÓN DEL 30%, DEL TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN DEL QUE DISPONEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Parece una medida equitativa, pero no lo es: desde el gobierno se favorece a Morena y se denigra a sus opositores. Se restringe la posibilidad de difundir los puntos de vista de quienes discrepan del gobierno. Además, los partidos políticos no recibirán presupuesto público, salvo durante las campañas electorales. El resto del tiempo tendrán que mantenerse con las aportaciones de sus miembros.
Este es el contendido fundamental de la reforma propuesta. Nada dice sobre la intervención ilegal de los funcionarios de gobierno en las elecciones ni sobre el dinero de los narcos que distorsiona elecciones.
Ahora bien, por tratarse de una reforma constitucional para su aprobación se requiere la mayoría calificada del Congreso de la Unión. Morena y sus aliados con cuentan con los votos suficientes para aprobarla. El PRI y el PAN tienen sus propias propuestas y tampoco tienen los votos suficientes para aprobar las suyas, y aprobar la de morena sería un suicidio político.
Esto lo saben muy bien el presidente de la República y los dirigentes de morena, entonces ¿qué buscan enviando una iniciativa de reforma con estas características?
En mi opinión estas cosas:
1º. Distraer de los graves problemas que padece la gente. El fracaso en materia económica: una economía que no crece, la inflación más alta en dos décadas, el aumento de más de 4 millones de pobres durante el gobierno de López Obrador. La violencia desatada que ha cobrado la vida de más de 120 mil mexicanos. Un sistema de salud en crisis: el desastre del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI), la muerte de más de 600 mil personas por el Covid-19, muchas de las cuales debieron evitarse con un manejo responsable de la pandemia. Entre muchos otros datos que marcan el fracaso de este gobierno.
2º Si es rechazada su iniciativa, como muy probablemente suceda. Lanzarán una campaña de críticas y descalificaciones contra las personas y partidos que voten en contra de ese engendro. Seguirán golpeando al INE para desacreditarlo y, llegado el caso, incluso, desconocer resultados electorales si les son adversos.
Quieren eliminar —a toda costa— al INE y construir una estructura que les garantice quedarse con la presidencia de la república en 2024, así como de todos los espacios de poder en los estados y municipios.
El gobierno morenista ha traicionado las esperanzas de los mexicanos. Habla de democracia, pero pretende, descaradamente, aferrarse al poder por cualquier medio.
Nadie debe dejarse engañar por quienes diciéndose demócratas pretenden perpetuarse en el poder, haciendo añicos a la propia constitución.
