Ricardo Torres
El pasado miércoles 3 de agosto, 10 mineros quedaron atrapados en una mina de carbón localizada en el área conocida como las “Conchas” en la población de Agujita, en el municipio de Sabinas en Coahuila. Cuando los mineros realizaban sus labores de excavación y extracción de carbón mineral en uno de los tres pozos que conforman la mina, a 60 metros de profundidad, se registró un derrumbe que provocó una súbita inundación en los túneles debido al acuífero subterráneo proveniente del Río Sabinas.
Hasta el momento las acciones de rescate se concentran en drenar los pozos para lograr que descienda el nivel del agua y esto permita el ingreso de un equipo especializado de buceo que intentará rescatarlos. Asimismo, aledaños a los pozos, se han instalado campamentos permanentes donde familiares, compañeros y amigos, esperan impacientes que los mineros sean rescatados con vida.
El día del siniestro, en sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó: “Ya están actuando las secretarias del Trabajo y de Seguridad, Protección Civil, el Ejército, rescatistas y autoridades de la región. Esperamos encontrarlos a salvo”. Y al siguiente día, en su conferencia mañanera declaró “[…] Se implementó el plan DN-III (integrado por 230 elementos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, 17 vehículos, dos ambulancias y dos aeronaves), se está trabajando de manera coordinada con autoridades locales, municipales, el gobierno del estado y el Gobierno federal […] Y lo que quiero, deseo, con toda mi alma, es que rescatemos a los mineros […] mandarles un abrazo a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, un abrazo muy fuerte, y van a seguir contando como siempre con nosotros, no están solos. Las investigaciones […] sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo eso lo estamos dejando para después”.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), por su parte, en su comunicado oficial del 3 de agosto expresó: “[…] Esta mina inició operaciones en enero de este año y a la fecha no se tiene antecedente de denuncias por algún tipo de anomalía”.
A pesar de que el Gobierno federal pretenda tapar el sol con un dedo intentando eludir su responsabilidad con engaños y manipulaciones argumentando que “a la fecha no se tiene antecedente de denuncias por algún tipo de anomalía” o que “todo eso lo estamos dejando para después”, es evidente que los responsables directos de esta nueva tragedia minera son la empresa minera y el gobierno morenista. Por más que AMLO repita en sus discursos que no son iguales a los gobiernos neoliberales del PRIAN, la realidad es que el gobierno morenista, engendro del amasiato entre PRI y PAN, resultó ser aún peor.
A los mineros no les sirve para nada que, después de la tragedia, actúen las secretarías del Trabajo, de Seguridad y Protección Civil, se despliegue un espectacular plan de rescate con elementos del Ejército y la Guardia Nacional o que AMLO se presente a la mina para sacarse la foto con el dolor de los familiares y declare que desea con “toda su alma” que los mineros sean rescatados con vida. Esa es vil manipulación política para lavarse la cara. Lo que los mineros de México necesitan, desde hace más de un siglo, es que el Estado cumpla y haga cumplir la ley; que la Secretaría de Economía (encargada de otorgar las concesiones mineras) y la STPS, se responsabilicen de regular y verificar el acatamiento a la ley por parte de las empresas; de vigilar, supervisar y garantizar que los patrones cumplan con las normas de seguridad establecidas en la Ley Minera y demás normas oficiales aplicables a dicha industria; lo que los mineros necesitan es que el Estado mexicano garantice su seguridad, integridad y vida, antes de la tragedia, haciendo que los patrones respeten la ley. Todo lo que el Gobierno federal diga y haga después de la tragedia es solo circo mediático para esconder su criminal omisión.
Pero ello es todavía insuficiente. Dado que en el mundo la minería es una de las actividades más peligrosas y de alto riesgo, principalmente en la extracción de carbón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de la ONU, el 6 de junio de 1995 en Ginebra, Suiza, resolvió establecer el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas (C176) en el que se estipula que los trabajadores tienen la necesidad y el derecho de ser informados, consultados y de participar en la preparación y aplicación de medidas de seguridad y salud relativas a los peligros y riesgos presentes en la industria minera.
Sin embargo, el Estado mexicano, a pesar de ser miembro de la OIT, se ha negado a ratificar dicho Convenio. ¿Cómo se explica que después de casi 30 años de existir el C176 de la OIT nuestro país no se adhiere al cumplimiento de dichas normas internacionales? Porque en el artículo 13 del C176, referente a los “Derechos y obligaciones de los trabajadores y sus representantes”, su inciso e) nos dice que los trabajadores tienen derecho a “retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud”. El Estado mexicano argumenta que su negativa a ratificar el C176 obedece a que en las normas nacionales el derecho que implique retirarse del trabajo no puede ser aceptado como un derecho general ya que son los técnicos especialistas, y no los obreros, quienes pueden determinar si este derecho puede o no ejercerse.
Al igual que los anteriores gobiernos neoliberales, hoy el gobierno morenista tampoco ha querido ratificar el C176. ¿No que no eran lo mismo? El Senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República y líder de uno de los sindicatos mineros con mayor presencia en el país, protagonista en 2006 de la tragedia ocurrida también en Coahuila en la mina Pasta de Conchos donde fallecieron 65 mineros, ¿qué dice o hace al respecto? Nada. Actualmente los legisladores morenistas están más preocupados en aprobar iniciativas que sirvan a su movimiento político para conservar el poder, que aquellas otras que en verdad contribuyan al bienestar de los trabajadores.
Así las cosas, resulta que en México, aunque existen motivos razonablemente fundados para denunciar que la seguridad en la mayoría de las minas representa un peligro grave para la salud de los trabajadores, estos deben laborar aunque paguen con su vida. Si el Estado mexicano ratificara el C176 de la OIT estaría comprometido a adecuar nuestras leyes nacionales y cumplir con las normas internacionales dictadas en dicho Convenio, en consecuencia, como los mineros tendrían el derecho a retirarse de la mina si existiera un peligro grave para su seguridad, entonces, de manera inmediata, miles de minas en nuestro país que incumplen con las medidas mínimas de seguridad dejarían de funcionar y los empresarios mineros dejarían de obtener las millonarias ganancias que diariamente acrecientan sus riquezas. Ante esta disyuntiva el Estado mexicano ha resuelto que mueran los mineros que tengan que morir, pero que los empresarios no dejen de ganar lo que tienen proyectado ganar. ¿Dónde quedó aquello de “primero los pobres” o ahora esto de que “van a seguir contando como siempre con nosotros, no están solos”? Demagogia electorera. Que nadie se engañe, los mineros de la Agujita quedaron atrapados no solo por la súbita inundación del acuífero, sino también por la negligencia criminal del Estado mexicano, ahora conducido por AMLO y los “izquierdistas” de Morena.
Si los mineros de la zona carbonífera de Coahuila, a pesar de los enormes peligros a que se exponen, acuden a laborar a cambio de 150 pesos diarios por tonelada de carbón extraído, es solo por hambre, por necesidad, por la extrema pobreza en que actualmente viven ellos y sus familias; luego entonces los patrones explotadores y abusivos, como el de Agujita, se aprovechan de su miseria e incumplen con las normas de seguridad impuestas por la ley, seguros de que no habrá sanción alguna para ellos al formar parte de la red de intereses económicos y complicidades políticas toleradas por las autoridades federales, debido a que más del 90 por ciento del carbón mineral de la región producido por micro y pequeñas empresas, está destinado a cumplir con los contratos de suministro establecidos con el propio Gobierno federal, es decir, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para alimentar las dos termoeléctricas instaladas en la entidad. Una CFE dirigida por otro distinguido expriísta, Manuel Bartlett Díaz, quien solo cumple fielmente con ejecutar las instrucciones presidenciales de acuerdo al plan de desarrollo energético del actual gobierno mexicano. Por ello AMLO no tiene prisa en sancionar a los responsables. No habrá justicia imparcial para los 10 mineros de Agujita y sus familias dado que el Gobierno federal será juez y parte.
Por consiguiente, para impedir que los mineros del país sigan perdiendo la vida debido a la de falta seguridad en las minas donde laboran, tendrán que ser ellos y solo ellos quienes pueden vencer la avaricia desmedida de los patrones y la indolente complicidad del Gobierno federal en favor del capital. Titánica tarea que solo podrán realizar si logran unirse y organizarse para exigir el cabal cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, en defensa de sus derechos laborales y de sus intereses como clase obrera.
