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miércoles, 16 de agosto de 2023

Acerca de la jornada laboral de 40 horas

Ricardo Torres 

        El pasado 2 de agosto, en el programa Lo Marginal en el Centro, transmitido en Facebook por el Canal 6, se abordó el tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, aprobada en abril por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta propuesta de reforma constitucional al artículo 123 establece que los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso por cinco días de trabajo semanal. En la emisión de dicho programa participaron José Alfonso Bouzas Ortiz, Manuel Fuentes Muñiz y Jesús Valencia Mercado, especialistas en la materia.


El Dr. Alfonso Bouzas, expuso el contexto internacional en torno a los esfuerzos gubernamentales que se realizan en distintos países para lograr la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales; la resistencia de la clase empresarial a implementar esta disminución; destacó los beneficios que en algunos países ha generado esta medida, por ejemplo, en relación al aumento del empleo, el decremento del ausentismo y el número de renuncias, además del tiempo de descanso que permite mayores periodos destinados a la vida personal y familiar de los trabajadores; señaló que el nuevo modelo laboral que se instrumenta en nuestro país exige, como premisa necesaria, una vigilancia de las autoridades en el cumplimiento de la ley; remarcó de manera especial que el éxito de este nuevo modelo laboral se sustentará en la creación de una mayor productividad; y, finalmente, entre otras cosas, anotó la necesidad de un cambio conceptual, de patrones y trabajadores, sobre los tiempos reales de trabajo, por jornada o por horas, en la sociedad del siglo XXI.


Por su parte, el Dr. Manuel Fuentes expresó la complejidad del tema en virtud de que se afectan importantes intereses económicos y políticos; señaló la correlación de fuerzas existente en el Congreso de la Unión como el marco político que podría favorecer la aprobación de dicha reforma; se refirió a los avances en la implementación de la semana inglesa que ya existe actualmente en algunos contratos colectivos de trabajo; habló de la jornada de trabajo real que labora una buena parte de los trabajadores mexicanos, es decir, superior a las 48 horas semanales; destacó, además, las dificultades operativas que implica por ejemplo la vigilancia de los inspectores de trabajo en las empresas a nivel federal y estatal. Entre los temas pendientes de la reforma laboral de 2019 destacó la seguridad social, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales; la equidad laboral de género, la incorporación de la juventud al trabajo y la falta de presupuesto destinado a funcionamiento eficaz del mundo laboral en nuestro país.


En su turno, el Lic. Jesús Valencia reconoció el avance que representa la reducción de la jornada laboral como una medida que sin duda podría beneficiar a los trabajadores mexicanos ya que, recordó, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los trabajadores mexicanos son quienes más horas laboran en comparación con los trabajadores de los países que conforman dicho organismo internacional; no omitió señalar que si esta reforma no se refuerza con otras medidas adicionales que acompañen el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores como lo es, por ejemplo, el incremento salarial o el control de precios de la canasta básica, de poco servirá la reducción de la jornada laboral ya que los trabajadores seguirán empleando su tiempo en otros trabajos para completar el ingreso familiar. Entre los pendientes de la reforma laboral de 2019 destacó que las medidas tendientes a garantizar la libertad sindical pierden toda efectividad cuando los patrones despiden a los trabajadores porque estos deciden ejercer su libertad sindical; y destacó la necesidad de una política salarial progresiva cuyo incremento real en las revisiones contractuales no quede por debajo de la inflación como actualmente ocurre.


Como podemos observar, resulta de enorme interés para los trabajadores acercarse a conocer sobre el tema, sus distintos enfoques y las variantes que lo envuelven, en voz de especialistas. Si bien la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas debería significar una disminución en la explotación que sufre el trabajador y, por tanto, un beneficio al obtener dos días de descanso a la semana con la consiguiente atención de su vida personal y familiar, lo cierto es que esta o cualquier otra medida que se aplique en favor de los trabajadores debe insertarse en la realidad concreta de éstos y no solo en la visión estadística, porcentual y macroeconómica que manejan el Gobierno y los patrones.


Por ejemplo, los incrementos salariales durante el gobierno morenista han sido timbre de orgullo de AMLO y su administración; el aumento del 20 por ciento anual comparado con los incrementos salariales obtenidos bajo las administraciones del PRI y el PAN, que no superaban el 6 por ciento, resultan significativamente mayores y es cierto. No obstante, en mi opinión, los incrementos salariales no deben tener como referencia solo los diminutos aumentos nominales de administraciones pasadas, sino que deben tener como referencia directa la capacidad adquisitiva del trabajador cuando este con su salario acude al mercado para adquirir los satisfactores mínimos de la canasta básica alimentaria y no alimentaria.


Dicho en otras palabras, el aumento del 20 por ciento al salario en 2023, en términos reales fue de 34.57 pesos, al pasar de 172.87 a 207.44 pesos diarios, lo que significa que con dicho incremento el trabajador no puede comprar siquiera un kilo de huevo que actualmente tiene un precio promedio de 42 pesos, es decir, que dicho incremento en muy poco ayuda al fortalecimiento de la capacidad de compra del trabajador cuando los precios de las mercancías se incrementan aceleradamente; la medida de aumentar el salario en 20 por ciento se escucha bien pero no se trata de un incremento real del salario, sino solo de un insuficiente incremento nominal. El aumento salarial debe servir pues para mejorar la calidad de vida del trabajador, para que su capacidad adquisitiva se fortalezca en términos contantes y sonantes, en función de su realidad microeconómica.


Pero regresemos a la reducción de la jornada de trabajo. Si se atendiera sustancial y gradualmente el problema del ingreso salarial real, entonces una reducción en la jornada de trabajo cobraría sentido porque, como dicen los expertos, además de un mayor tiempo de descanso, el trabajador dispondría de mayores periodos destinados a su vida personal y familiar. Sería, sin lugar a dudas, una medida adecuada y progresista en favor de los trabajadores.


Luego entonces, a pesar de que la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas también se escuche bien y aparezca como una medida correcta, si la insertamos en la realidad concreta del trabajador que recibe salarios de hambre, es decir, en el marco general de pobreza, desigualdad y desempleo en el que se encuentra inmersa la mayoría de los mexicanos; donde contando con una Población Económicamente Activa que supera los 60 millones de trabajadores, tan solo 4.5 millones cuentan con un contrato colectivo de trabajo mientras que más de 30 millones laboran en la informalidad; que se reduzca entonces la jornada de 48 a 40 horas resulta poco relevante porque ello no le permitirá a la clase obrera elevar su nivel de vida. Será entonces solo un espejismo bien diseñado, una medida vana que más bien servirá como bandera política para el gobierno morenista en estos tiempos electorales que tanto le apremian, pero de poco o nada servirá para elevar la calidad de vida de los trabajadores asalariados de México.

miércoles, 6 de julio de 2022

CON LA REFORMA ELECTORAL AMLO PRETENDE PERPETUARSE EN EL PODER.

Raúl R. Pérez

        La reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente de la república a la Cámara de Diputados cambia las autoridades electorales y la integración del Congreso de la Unión, de los Congresos de las entidades federativas y de los Ayuntamientos municipales.


Dicha reforma pretende —según sus redactores, Pablo Gómez y Horacio Duarte—, promover mayor participación ciudadana y ahorrar recursos públicos. Con ella, dicen que se ahorrarán 24 00 millones de pesos al año.


Veamos los cambios que se proponen y lo que realmente reflejan.


1.  CAMBIO DEL ARBITRO ELECTORAL antes de las elecciones presidenciales del 2024. Se propone la desaparición del INE y de todos los institutos electorales de las 32 entidades federativas (conocidos como OPLES).  La eliminación de los 32 tribunales electorales que funcionan en los estados y en la Ciudad de México. Acusándolos de enemigos de la transformación y de que gastan mucho dinero.


Propone, en su lugar, la creación del INEC (instituto nacional de elecciones y consultas). Al que se le encomienda la organización de todas las elecciones federales, estatales y municipales. Las controversias serán resueltas por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, cuya Sala Superior será renovada en su totalidad.


Está claro, se pretende controlar y centralizar todo el poder político del país.


¿En manos de quién y para qué? 


La forma de elegir a los nuevos consejeros y magistrados nos da la respuesta. Se propone que surjan de una elección nacional donde puedan participar todos los ciudadanos del país. Parece muy democrática; pero, evidentemente, es demagógica: la actividad que van a realizar es altamente técnica que requiere preparación. Sería tan disparatado como elegir por elecciones al cirujano que va a realizar una operación a corazón abierto. Decidir en un concurso de popularidad a quien encomendamos nuestra salud.


Avancemos en la propuesta: ¿Quién propone a los candidatos a consejeros y magistrados? Para el instituto se propondrán 60 candidatos: 20 por el presidente de la república, 20 por el Congreso de la Unión y 20 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Procedimiento que asegura que todos los candidatos serán de morena y afines al actual gobierno. Para designar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral el procedimiento es exactamente el mismo, con la única diferencia de que los candidatos serán 30. 10 propuestos por el presidente, 10 por el Congreso y 10 por la Suprema Corte.


Ambos organismos estarán formados por 7 integrantes.


Las elecciones tendrán que realizarse en el 5º año del sexenio. La intención no puede ser más clara. Quieren un árbitro a modo en las elecciones de 2024, que les asegure quedarse con la Presidencia de la República y los demás puestos de elección popular.


2. CAMBIOS EN LA INTEGRACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, ESTATAL Y DE LOS AYUNTAMIENTOS.


Desaparecen los distritos federales y locales. La Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 integrantes y la de senadores se reducirá de 128 a 96 miembros. Desaparecen los diputados de mayoría relativa, y todos serán electos por listas estatales. El número de diputados que correspondan a cada estado dependerá de la población que tengan. Así, el Estado de México elegirá 40 diputados; Puebla, 16; la Ciudad de México, 22; Colima, 2; etc. 

Se elegirán 3 senadores por cada entidad federativa.


Los Congresos Locales, también, se elegirán por listas estatales. Su tamaño se reducirá, en promedio, en un 41%. Así, el Estado de México pasa de 75 a 45 diputados locales, la Ciudad de México de 66 a 31, Veracruz pasa de 50 a 29, Jalisco de 38 a 29, Guerrero de 46 a 20, etc. Seguramente se piensa que para aprobar lo que manda el presidente, sin cambiarle una coma, es mejor tener parlamentos chiquitos.


La reducción de los ayuntamientos es todavía más drástica. La gran mayoría de los municipios (con una población inferior a 60 000 habitantes) tendrán como ayuntamiento un presidente, un síndico y un regidor. Los municipios que tengan entre 60 000 y 370 000 habitantes tendrán hasta tres regidores. Los que tengan entre 370 000 y 690 000 tendrán hasta 5 regidores. Y solo los que superen esa población tendrán entre 7 y 9 regidores.


Quiero dejar muy claro que estas medidas desproporcionadas y absurdas que aquí comento no están tomadas de algún periódico o artículo de los enemigos del gobierno del 4T, sino de la iniciativa de reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, que aquí tengo en mis manos.


3.  REDUCCIÓN DEL 30%, DEL TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN DEL QUE DISPONEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Parece una medida equitativa, pero no lo es: desde el gobierno se favorece a Morena y se denigra a sus opositores. Se restringe la posibilidad de difundir los puntos de vista de quienes discrepan del gobierno. Además, los partidos políticos no recibirán presupuesto público, salvo durante las campañas electorales. El resto del tiempo tendrán que mantenerse con las aportaciones de sus miembros.


Este es el contendido fundamental de la reforma propuesta. Nada dice sobre la intervención ilegal de los funcionarios de gobierno en las elecciones ni sobre el dinero de los narcos que distorsiona elecciones.


Ahora bien, por tratarse de una reforma constitucional para su aprobación se requiere la mayoría calificada del Congreso de la Unión. Morena y sus aliados con cuentan con los votos suficientes para aprobarla. El PRI y el PAN tienen sus propias propuestas y tampoco tienen los votos suficientes para aprobar las suyas, y aprobar la de morena sería un suicidio político.


Esto lo saben muy bien el presidente de la República y los dirigentes de morena, entonces ¿qué buscan enviando una iniciativa de reforma con estas características?


En mi opinión estas cosas:


1º. Distraer de los graves problemas que padece la gente. El fracaso en materia económica: una economía que no crece, la inflación más alta en dos décadas, el aumento de más de 4 millones de pobres durante el gobierno de López Obrador. La violencia desatada que ha cobrado la vida de más de 120 mil mexicanos. Un sistema de salud en crisis: el desastre del Instituto de Salud para el Bienestar INSABI), la muerte de más de 600 mil personas por el Covid-19, muchas de las cuales debieron evitarse con un manejo responsable de la pandemia. Entre muchos otros datos que marcan el fracaso de este gobierno.


2º Si es rechazada su iniciativa, como muy probablemente suceda. Lanzarán una campaña de críticas y descalificaciones contra las personas y partidos que voten en contra de ese engendro. Seguirán golpeando al INE para desacreditarlo y, llegado el caso, incluso, desconocer resultados electorales si les son adversos.


Quieren eliminar —a toda costa— al INE y construir una estructura que les garantice quedarse con la presidencia de la república en 2024, así como de todos los espacios de poder en los estados y municipios.


El gobierno morenista ha traicionado las esperanzas de los mexicanos. Habla de democracia, pero pretende, descaradamente, aferrarse al poder por cualquier medio.


Nadie debe dejarse engañar por quienes diciéndose demócratas pretenden perpetuarse en el poder, haciendo añicos a la propia constitución.