Ricardo Torres
El pasado 9 de agosto del año en curso, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, anunció la compra del Estado mexicano de la marca Mexicana de Aviación por un monto de 815 millones de pesos, misma que le permitirá al gobierno morenista poner en funcionamiento una nueva empresa de aviación estatal cuya administración y funcionamiento dejará en manos del Ejército mexicano.
Recordemos que Mexicana de Aviación, fundada en 1921, fue por décadas la principal aerolínea del país, una empresa administrada por el Estado, ícono de la industria aérea nacional, además de contar con los contratos colectivos de trabajo más avanzados de todo el país encabezados por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).
Sin embargo, tras el desvío ilícito de recursos y el quebranto de los activos de la empresa, desde el año 2000 se diseñó una estrategia administrativa de desmantelamiento de la aerolínea al hallarse inmersa en una profunda crisis financiera, razón por la cual, en 2005, el gobierno de Vicente Fox Quesada vendió la aerolínea en 165 millones de dólares al Grupo Posadas, dirigido por Gastón Azcárraga Andrade, un monto que los enterados afirman representó menos del 40 por ciento de su valor real ¡Una ganga! En 2008, Gastón Azcárraga impulsó la creación del Nuevo Grupo Aeronáutico el cual obtuvo derechos sobre el Grupo Mexicana de Aviación para así absorber la totalidad de sus acciones. El plan de desmantelamiento contra Mexicana de Aviación culminó con la suspensión de todas sus operaciones, la decisión fue anunciada en agosto de 2010. Mexicana de Aviación entró en concurso mercantil por encontrarse en estado de insolvencia financiera y aunque durante cuatro años existieron poderosos capitalistas interesados en adquirir la aerolínea para su reactivación, la compra-venta nunca se concretó. En 2014 fue declarada en quiebra.
Desde 2010 los más de 7 mil trabajadores que laboraban en la aerolínea dejaron de recibir sus salarios, incluidos los más de 700 jubilados y, más aún, para beneplácito de los dueños del capital del sector aeronáutico, el Gobierno acotó las prerrogativas laborales que existían en la aviación civil comercial en todo el país y con ello los sindicatos de ASPA y ASSA no tuvieron más alternativa que aceptar el recorte a sus CCT.
De esta manera, el Gobierno federal, promotor del desmantelamiento de Mexicana de Aviación, al final de cuentas se lavó las manos con el falso argumento de tratarse de un “conflicto entre particulares”. El proceso jurídico mercantil de la quiebra de Mexicana de Aviación fue enviado al túnel del tiempo y, por tanto, la determinación de indemnizaciones, liquidaciones y demás reclamos económicos de los trabajadores, en lo colectivo y en lo individual, quedaron sin definirse y la creciente desvalorización de los bienes de la empresa tarde o temprano repercutiría en el monto del pago que en un futuro pudieran recibir los trabajadores.
En este contexto y por así convenir a sus intereses, hoy el gobierno morenista ha decidido crear una empresa aérea estatal que será administrada por las fuerzas armadas del país. Así como se escucha: una aerolínea comercial civil en manos de militares; a pesar de las enormes diferencias que existen entre la aviación comercial y la militar.
Para evitar el rechazo de la sociedad mexicana ante semejante despropósito, esta operación se realizó bajo el manto del añejo conflicto de Mexicana de Aviación. El gobierno morenista destinó del erario 815 millones de pesos para adquirir la marca Mexicana de Aviación, tres inmuebles y un simulador de vuelo. Con esta compra-venta el gobierno obtuvo la facultad legal de utilizar el nombre o marca, logo y lema de Mexicana de Aviación para denominar comercialmente a la nueva empresa aérea cuya razón social es Aerolínea del Estado Mexicano S.A. de C.V. El nombre comercial de Mexicana de Aviación que fue ícono de la industria aérea nacional ahora servirá para ocultar ante la opinión pública que en el fondo se trata de la creación de una empresa de aviación estatal que persigue un doble objetivo: por un lado, intentar activar por esta vía el fracasado proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) donde se asentará su principal base de operaciones y, por otro lado, para robustecer la peligrosa presencia del Ejército mexicano en la vida económica y política del país.
De modo que para engañar al pueblo de México el anuncio hecho por la secretaria de Gobernación sobre la compra de la marca Mexicana de Aviación se disfrazó como una medida para beneficiar a los más de 7 mil trabajadores que después de 14 años seguían esperando sus indemnizaciones y liquidaciones, en virtud de que estos 815 millones de pesos pagados por la marca se destinarán a resarcir una pequeña parte de las indemnizaciones a que tenían derecho. “Hoy se alcanza un acuerdo histórico para lograr justicia a más de 7 mil trabajadores de Mexicana de Aviación, pilotos, sobrecargos, personal de tierra, de confianza y jubilados que lograron un consenso para vender la marca de Mexicana al Gobierno de México”, por lo que “Mexicana de Aviación volverá a surcar los cielos a más de 20 destinos del país”. Nada de eso, ni hubo cabal justicia para los trabajadores ni será la otrora Mexicana de Aviación quien surque los cielos del país. Los planes del gobierno morenista son otros.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, declaró que, para comenzar a operar la nueva línea aérea militar, disfrazada con el nombre y logo de Mexicana de Aviación, se requerirán 4 mil millones de pesos. Y esto solo para arrancar motores. Si la extinta aerolínea Mexicana de Aviación operaba con más de 100 aviones y más de 7 mil trabajadores agrupados sindicalmente en ASPA y ASSA, qué podemos esperar de la nueva Aerolínea del Estado mexicano que, sin contar aún con un necesario plan de negocios, proyecta comenzar a funcionar en diciembre de este año con el arrendamiento de tan solo 10 aviones Boeing, modelo 737-800 (con capacidad de 180 pasajeros en una sola clase) con pilotos y sobrecargos incluidos, lo que anuncia un futuro desastre económico que, como en el caso del AIFA, obligará al Gobierno federal a echar mano de los impuestos que diariamente aportan los mexicanos para subsidiar los costos y pérdidas del nuevo experimento morenista en el ámbito de la aviación comercial.
Esta nueva empresa estatal, lo que siembra es desconfianza e incertidumbre. Crescencio Sandoval argumentó que, si la nueva aerolínea y la infraestructura del AIFA son propiedad del Estado mexicano y, además, las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional tienen la administración de diferentes aeropuertos en el país, esto será de enorme ventaja porque permitirá la reducción los costos y precios de los boletos al público. Sin embargo, debemos tener presente, entre muchos otros inconvenientes, que la reforma a las Leyes de Aviación y de Aeropuertos se encuentran aún por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, de no prosperar, la Secretaría de la Defensa Nacional estaría imposibilitada legalmente de ser administradora de aeropuertos y, al mismo tiempo, propietaria de aerolíneas. En contrario, analistas del sector advierten que, de prosperar la reforma, la nueva línea aérea del Estado mexicano estaría subsidiada con el erario, hecho que le ofrecería una enorme ventaja frente a sus competidores comerciales de Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico. Existiría entonces una competencia desleal que difícilmente los dueños del capital estarán dispuestos a aceptar.
Como vemos, mientras el pueblo trabajador es víctima de la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la violencia, la falta de infraestructura en escuelas y hospitales para sus hijos, la carencia de vivienda y servicios básicos como agua potable, drenaje o pavimentación, el gobierno morenista, en lugar de destinar los recursos económicos del erario para mejorar las condiciones de vida del pueblo pobre de México, se engancha invirtiendo en la creación de una empresa de aviación estatal al servicio del Ejército que por mucho tiempo habrá de sostenerse con el dinero de todos los mexicanos. Un nuevo engaño del gobierno morenista.
