Ricardo Torres
En México, el sistema económico capitalista obliga al obrero a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que, según la ley, “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos”, sin embargo, en los hechos, los 207.44 pesos que recibe de salario mínimo diario no le alcanza siquiera para adquirir la canasta básica alimentaria para él y su familia. La creciente inflación, que en 2022 alcanzó su nivel más alto en las últimas dos décadas, ha pulverizado el raquítico ingreso que el trabajador recibe para adquirir los bienes y servicios necesarios para subsistir.
La pobreza laboral es creciente, a pesar de que el monto de los salarios nominales aumente, lo cierto es que el salario real no le permite satisfacer sus necesidades básicas: más de 34 millones de mexicanos laboran en la economía informal y más de 20 millones de trabajadores que laboran en la economía formal reciben salarios muy bajos; y menos del 5 por ciento de los trabajadores mexicanos cuentan con un contrato colectivo de trabajo que garantice el cumplimiento de sus derechos laborales. La crisis del modelo capitalista en México, y en el mundo, inevitablemente se agudiza y proyecta hacia el futuro una perspectiva nada alentadora para la clase obrera.
Para mostrar y comprender mejor la dimensión de la crisis que hoy sufre el régimen capitalista, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de la ONU que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo, publicó recientemente un informe denominado Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2023, en el que se afirma que “las perspectivas mundiales de los mercados de trabajo se deterioraron considerablemente durante el año 2022. Las nuevas tensiones geopolíticas, el conflicto de Ucrania, una recuperación desigual tras la pandemia y la obstrucción de las cadenas de suministro han creado las condiciones propias de un episodio de estanflación, el primer periodo de inflación alta y bajo crecimiento simultáneos desde la década de 1970. Los responsables políticos deben resolver una compleja disyuntiva a la hora de contener la elevada inflación en un entorno de recuperación incompleta del empleo.
La mayoría de los países todavía no han alcanzado los niveles de empleo y de horas trabajadas registrados a finales de 2019, antes del estallido de la crisis sanitaria de la COVID-19. Sin embargo, una serie de perturbaciones de la oferta, predominantemente en los mercados de alimentos y materias primas, han empujado al alza los precios de producción, provocando repuntes de la inflación de los precios al consumo, lo que a su vez ha motivado la adopción de una política más restrictiva en los principales bancos centrales. A falta de un aumento de las rentas del trabajo en proporciones equivalentes, la crisis del costo de la vida pone en peligro el sustento de los hogares y entraña el riesgo de contraer la demanda agregada. Muchos países han acumulado una cuantiosa deuda, en parte para recobrarse de las graves secuelas de la pandemia. Así pues, el riesgo de una crisis mundial de la deuda soberana se cierne sobre muchos mercados fronterizos, entorpeciendo su frágil recuperación.
En estas difíciles circunstancias, persisten en todo el mundo importantes déficits de trabajo decente que quebrantan la justicia social. Centenares de millones de personas carecen de acceso a un empleo remunerado. Las personas empleadas a menudo están desprovistas de protección social y no pueden ampararse en los derechos fundamentales en el trabajo, debido a que trabajan mayoritariamente en situación de informalidad o no disponen de cauces para expresar sus intereses a través del diálogo social. La distribución de los ingresos es muy desigual, de modo que muchos trabajadores no consiguen salir de la pobreza. Las perspectivas del mercado de trabajo son inicuas, no solo entre países, sino también dentro de un mismo país. Las diferencias entre hombres y mujeres están presentes en todos los ámbitos del mundo laboral, y los jóvenes tropiezan con dificultades específicas.
La crisis de la COVID-19 aumentó los niveles de informalidad y de pobreza de los trabajadores. A pesar de la recuperación iniciada en 2021, la actual escasez de oportunidades para mejorar las condiciones de empleo probablemente se agravará con la desaceleración prevista, desplazando a los trabajadores hacia empleos de peor calidad y privando a otros de una protección social adecuada. Los ingresos reales del trabajo disminuyen cuando los precios son superiores a los ingresos nominales. La consiguiente presión a la baja sobre la demanda en los países de ingresos altos repercute en los países de ingresos bajos y medianos a través de las cadenas mundiales de suministro. Además, las constantes perturbaciones de las cadenas de suministro amenazan las perspectivas de empleo y la calidad de los puestos de trabajo, especialmente en los mercados fronterizos, alejando aún más el horizonte de rápida recuperación del mercado de trabajo.
En suma, ha surgido en todo el mundo un entorno de elevada y persistente incertidumbre, que contrae la inversión empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, erosiona los salarios reales y empuja a los trabajadores de nuevo al empleo informal. Muchos de los avances logrados en la reducción de la pobreza durante el decenio anterior se han contenido, del mismo modo que decae la convergencia en los niveles de vida y la calidad del trabajo a medida que se desacelera el crecimiento de la productividad en todo el mundo, lo que dificulta la superación de los déficits de trabajo decente.
A pesar de las perspectivas económicas mundiales poco alentadoras, cabe prever que el desempleo mundial solo aumente en proporciones moderadas, ya que la rápida caída de los salarios reales absorbe buena parte del impacto en un entorno de inflación acelerada. Sin embargo, aunque el desempleo mundial disminuyó considerablemente en 2022 hasta situarse en la cifra de 205 millones, respecto de los 235 millones registrados en 2020, todavía se mantuvo 13 millones por encima del nivel alcanzado en 2019. En 2022, las tasas de desempleo cayeron por debajo de su nivel anterior a la crisis solo en las Américas y en Europa y Asia Central; en las demás regiones se mantienen por encima de ese nivel”.
Como se desprende del informe de la OIT, la pobreza laboral que sufre la clase obrera en el mundo seguirá reinando sobre el planeta, mientras que, por otro lado, la riqueza social se sigue concentrando en unas cuantas manos, en México, por ejemplo, tan solo el 1 por ciento de la población (1.2 millones de personas) concentra más del 50 por ciento de toda la riqueza de la nación. La desigualdad social y la pobreza se acrecientan. Este problema es estructural y se explica por la injusta distribución de la riqueza que, en el modelo económico capitalista, está diseñada para empobrecer a los trabajadores y enriquecer a los dueños del capital.
Para que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de vida no hay más alternativa que transformar el modelo económico actual por un modelo que distribuya la riqueza de manera más equitativa, un modelo diseñado para beneficiar económicamente a la población en su conjunto y no solo a los dueños del dinero. Para construir este nuevo modelo económico será indispensable la organización, concientización y participación activa de la clase obrera en defensa de sus intereses, por ser esta quien con sus manos se encarga de producir toda la riqueza social. Mientras esto no ocurra así, la certera tendencia laboral descrita por la OIT, como vemos, seguirá siendo poco alentadora.
