Raúl R. Pérez
El nuevo sistema educativo fue presentado —como es común con la gente de la 4T—, como un acontecimiento histórico. Se presumió a lo grande: se dijo que se impartiría una educación media superior, de vanguardia en Latinoamérica, en los más apartados lugares de la ciudad. Se prometió, como es su costumbre, que sería una educación de calidad con instalaciones modernas, con amplia cobertura para que pudieran educarse los trabajadores y todos los jóvenes que fueran rechazados de los bachilleratos de la UNAM, el Politécnico y de la Secretaría de Educación Pública.
¿Qué ha pasado con este sistema educativo a veinte años de existencia?
Actualmente se encuentran inscritos 14 mil 841 alumnos en el sistema escolarizado y 5 mil 249 en el semiescolarizado: 20 mil 090 alumnos en total. Menos de los que atiende la UNAM en uno solo de sus CCHs. Los maestros y trabajadores suman, según datos oficiales, 1,047 (cifra que no incluye a las trabajadoras de intendencia: ya que están subcontratadas por empresas externas, mediante el sistema de outsourcing). Los maestros que atienden el sistema semiescolarizado están contratados por honorarios: además de bajos salarios, no cuentan con ningún sistema de seguridad social.
Las instalaciones se encuentran en estado lamentable: el mobiliario y las computadoras son de hace 20 años, cuando se creó el sistema. Los nuevos planteles, creados en la administración de Claudia Sheinbaum, carecen de mobiliario, bibliotecas y laboratorios de cómputo y de ciencias. Los salones están sin ventilación aún en tiempo de pandemia; grupos con sobrecupo, por lo que resulta imposible guardar la sana distancia. Graves insuficiencias de personal de limpieza, médicos y equipos adecuados para la atención oportuna de los estudiantes.
El Instituto de Educación Media Superior (IEMS), organismo del gobierno capitalino que atiende a las preparatorias, opera con el mismo presupuesto de 2018, a pesar de que se crearon nuevos planteles. Esta es la austeridad republicana en todo su esplendor: Claudia Sheinbaum aplicando la política educativa del presidente López Obrador, consigue ahorros a costa de la educación del pueblo.
Los maestros y trabajadores del instituto formaron el “Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto del Educación Media Superior” (SUTIEMS), para defender su salario y prestaciones laborales. Han planteado en reiteradas ocasiones sus peticiones al patrón (que en este caso es el gobierno de la ciudad), sin que hayan encontrado solución alguna.
Por esta razón emplazaron a huelga a la institución y, en la búsqueda de acuerdos, prorrogaron cinco veces la fecha del estallamiento. Las demandas planteadas fueron de lo más elemental: aumento salarial del 20% (aunque esa sea la petición original, han manifestado que cuando menos se les otorgue el aumento que se les dio a los policías de la ciudad que fue del 9%); basificación de los profesores que trabajan en el sistema semiescolarizado y a los de Lengua y Cultura Náhuatl. Asimismo, solicitan que sean contratadas por el instituto las trabajadoras que laboran en intendencia (que actualmente están subcontratadas por empresas externas, a través del outsourcing) y que se aumente el presupuesto del IEMS para que puedan mejorarse las condiciones materiales de la institución.
El gobierno ha respondido con un boletín, que en las partes fundamentales dice: “Producto de estas negociaciones y del gran esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de México se alcanzó una excelente propuesta que a continuación se presenta.
PRIMERA: 3.5% DE INCREMENTO AL SALARIO INTEGRADO, por concepto de revisión salarial, retroactivo al 1º de enero de 2022 el cual se pagaría el día 29 de julio de 2022 […] Como se observa, este aumento es muy competitivo en relación con otras instituciones educativas como la UACM (2.9% al salario base), el IPN (3.4% al salario y 1.8% en prestaciones), la UNAM (3.5% al salario), entre otras.
SEGUNDA: 2% DE INCREMENTO en las prestaciones de la cláusula 45, retroactivo al 1º de enero de 2022, el cual se pagaría el día 15 de agosto de 2022. En la próxima revisión contractual se analizaría la modificación de la misma…”
Algunas aclaraciones nos permitirán juzgar la propuesta del gobierno. Los incrementos salariales medidos en porcentajes provocan una apariencia engañosa. Los porcentajes solo representan una parte proporcional de una cantidad fija que se toma como base (en este caso el salario). Si el salario es bajo, lo será también el aumento calculado sobre él. En la UNAM los salarios son más altos y por tanto un 3.5% de aumento se traduce en una cantidad mayor que el que recibirían los trabajadores de las prepas del gobierno de la CDMX.
Además, la afirmación de que los trabajadores administrativos de la UNAM recibieron, en enero pasado, un aumento salarial del 3.5%, solo es cierta parcialmente. Pues se omite decir que dichos trabajadores tendrán un ajuste de salarios en junio y otro en noviembre. Tampoco resulta muy convincente comparar el aumento con el porcentaje de aumento otorgado por el mismo gobierno a la Universidad de la Ciudad de México y al Politécnico. Primero castiga a los trabajadores de esas instituciones y luego trata de usar esos datos para castigar a otros trabajadores que dependen del mismo gobierno.
El aumento propuesto por el gobierno equivale a $335.00 mensuales para el salario profesional (que pasaría de $9,581 a $9,966.00); los salarios de jefe de oficina, jefe de división “A” y jefe de división “AA” verían incrementado su salario mensual en una cantidad variable que fluctuaría entre $384.00 y $456.00. El salario más alto que corresponde al docente tendría un aumento mensual de $1,098.00.
El gobierno no se atreve a decir que el aumento solicitado por los trabajadores esté injustificado. Los trabajadores no aceptan la raquítica propuesta, que no compensa siquiera la pérdida del poder adquisitivo causado por la inflación del año pasado (7.68%) y menos la del presente año que será igual o mayor que la anterior.
La huelga estalló el 8 de junio a las 6 de la mañana en los 26 planteles. Desde entonces, Claudia Sheinbaum y sus funcionarios, ante la prensa, declaran su disposición al diálogo; pero en los hechos, retiraron la propuesta y atacan al movimiento diciendo que la huelga fue estallada por un grupo minoritario de 238 trabajadores de 1,047 que forman el gremio.
La Secretaria General del sindicato, Leticia López Zamora, en entrevista con MVS Noticias (7/6/2022), dijo que “La asamblea general se pronuncia por un rechazo al tope salarial, que ha sido impuesto por el gobierno, desde nuestro puno de vista este tope salarial es neoliberal y es injusto que se aplique a los maestros de la Ciudad de México, nosotros consideramos que el 9 por ciento de aumento que se dio a los policías debería ser al menos lo que se aumente a nosotros como trabajadores de la educación”.
Cuando escribo este artículo, aún no se ve claro cuál será el desenlace del movimiento. Pero, algunas cosas son evidentes: los trabajadores deberán mantenerse unidos para resistir los intentos del gobierno de dividirlos y negociar por separado con algunos grupos, haciendo a un lado al sindicato (como lo hizo en NOTIMEX). El gobierno, igual que muchos patrones de empresas, buscará que la huelga sea declarada inexistente por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (autoridad ante la cual se tramita el procedimiento de huelga). La cosa se complica, pues este tribunal depende administrativamente del propio gobierno de la ciudad.
Para impedir que el gobierno ahorque al movimiento —los trabajadores—, deben conquistar el apoyo de los estudiantes de las prepas en huelga y de otros grupos de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, y de otros sectores del pueblo.
El gobierno de la capital, del partido MORENA, tienen abandonado un sistema educativo que fue anunciado con grandes alabanzas. Las escuelas están en mal estado y se mantiene a los profesores con salarios muy bajos.
Tratan de imponer —a toda costa— aumentos salariales de corte neoliberal, que deberían avergonzarlos. Dicen ser diferentes, pero hacen exactamente lo mismo que los gobernantes de otros partidos.
