Ulises Bracho
Recientemente leí una nota estremecedora e indignante que se titula “La pobreza mata a hijos de jornaleros”, publicado el 5 de abril en El Universal. En la nota se narran las condiciones de precariedad e insalubridad que sufren los jornaleros en la comunidad de Juan de los Ríos, en Guasave, Sinaloa, mismas que provocaron la muerte de cuatro menores y enfermedades en más de una veintena de infantes. En una primera lectura podríamos coincidir parcialmente con Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud de Sinaloa, que señaló el suceso como consecuencia de una mezcla de desnutrición y condiciones antihigiénicas de vida, sin embargo, sin rubor alguno, el funcionario concluyó su razonamiento responsabilizando a los padres por el descuido y seguridad de los menores. Concordar con la misma lógica del señor González Galindo sería caer en la manipulación y el engaño, ya que resulta evidente que sus declaraciones pretenden evadir la responsabilidad que tiene la autoridad ante este lamentable suceso, por lo que el problema es mucho más de fondo. Veamos.
Sinaloa es el tercer estado, después de Baja California y Sonora, en el que se concentra el más alto porcentaje de jornaleros agrícolas, se han cuantificado incluso cifras históricas de hasta 400 mil personas que llegan a dicha entidad. El trabajo, apunta Omar Stabridis (Nexos, 2022), se caracteriza por ser temporal (generalmente sin un contrato de trabajo), precario (muy limitado o nulo acceso a prestaciones), con los salarios más bajos de las ocupaciones asalariadas, y por un alto componente de trabajadores indígenas. Asimismo, Guasave es el segundo municipio que aporta el 15.5 por ciento del valor que genera la agricultura en la entidad y, a la vez, la más cercana geográficamente para los migrantes que provienen de las zonas étnicas del estado de Chihuahua.
Es frecuente que la mayoría de los jornaleros agrícolas, debido a la miseria y falta de empleo, se ven obligados a emigrar de sus lugares de origen a otras regiones del país para vender su fuerza de trabajo; con frecuencia los jornaleros, en su mayoría indígenas, se ven obligados a incorporar al trabajo agrícola a sus esposas e hijos.
Este sector es el más vulnerable y humillado entre todos los demás sectores que conforman el tejido social, con mínimas diferencias entre un jornalero local o un migrante no indígena; se caracteriza por su falta de escolaridad y por recibir los salarios más bajos; se ven obligados a exponerse, ellos y sus familias, a diversos problemas como hacinamiento, abuso sexual, violencia familiar, adicciones, carencia de servicios educativos, falta de atención médica que los convierte en víctimas frecuentes de padecimientos y enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada y condiciones insalubres de vivienda.
Por su parte, las instituciones protectoras de este sector, no los respaldan. Al contrario, las cifras sobre la migración de la niñez acompañadas de la explotación laboral infantil crecen en números alarmantes. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), el sector agrícola es el que más ocupa las fuerzas de niñas, niños y adolescentes. Los últimos datos de esta medición reflejan que la población que labora en el campo es superior a los 589 mil menores de edad; de los cuales el 87 por ciento son varones (El Economista, 2022).
El caso de las víctimas de la comunidad de Juan de los Ríos revela la pobreza extrema que se vive en la Sierra Tarahumara desde hace décadas. Se trata de una región del país donde la tasa de mortalidad infantil es una de las más elevadas a nivel nacional y, en general, las personas padecen las más duras condiciones de supervivencia. Acosados también por la inseguridad, varios son amenazados y obligados a cultivar las drogas de los capos ante la falta de programas sociales que siempre se quedan en promesas. Su única alternativa es migrar a otros estados de la república donde puedan tener un salario que cubra su necesidad más primordial: la alimentación.
Así pues, no podemos entender esta lamentable noticia de los niños que murieron por falta de una alimentación digna, solamente responsabilizando a los padres como lo siguiere el señor González Galindo. Son varios factores que intervienen en la reiteración de dichas tragedias. Los patrones y el Gobierno, sin duda, han propiciado estas lacerantes condiciones de vida para proliferar la explotación infantil. Por un lado, los patrones no cumplen con brindarles un lugar cómodo y digno a los trabajadores, como lo establece la ley, sino al contrario, reducen todo gasto para obtener sus jugosas ganancias. Y, por otro lado, el Gobierno no solo tolera este incumplimiento de los patrones, sino que, modificando la ley, permite la explotación infantil al admitir que adolescentes de 16 y 17 años laboren en el sector agrícola.
Si nos diéramos el tiempo de documentar las tragedias que viven a diario los jornaleros agrícolas en nuestro país, nos indignaría la falta de protección social de este sector. Sin embargo, considero que el destino de los miles de jornaleros solo podrá cambiar si son ellos mismos quienes, unidos, se disponen a exigir mejores condiciones de trabajo. Pero ello solo podrá ser posible si se organizan y luchan con sus hermanos de clase, es decir, con aquellos quienes sufren la misma explotación.
El punto de partida es que se organicen sindicalmente, que unan sus fuerzas y exijan respeto a sus derechos laborales. De esta manera, con estricto apego a la ley, estarán en condiciones de paralizar el cultivo o la cosecha de los campos del patrón si éste no es capaz de ofrecerles campamentos adecuados y servicios de calidad. No olvidemos que son los trabajadores agrícolas quienes producen la riqueza de la tierra y, por tanto, merecen salarios dignos, respeto a sus derechos laborales, condiciones favorables de trabajo y ser bien tratados.
