Despido injustificado: una vulneración a los derechos laborales

Dante Vázquez

        En México, el despido injustificado es un problema recurrente que afecta a la inmensa mayoría de los trabajadores asalariados del país. Esta práctica, contraria a los principios fundamentales del derecho laboral, genera una serie de consecuencias negativas tanto para los empleados como para la estabilidad del mercado laboral en general. Exploraremos brevemente el concepto de despido injustificado, su impacto en los trabajadores y las medidas legales que existen para proteger los derechos laborales en México.

Definición del despido injustificado: acción que implementa un empleador cuando unilateralmente termina la relación laboral con un trabajador sin una justificación o sin cumplir con los requisitos legales establecidos. Esto implica que el trabajador es despedido sin causa justificada y sin recibir una compensación adecuada.

Consecuencias para los trabajadores: los trabajadores despedidos injustificadamente enfrentan diversas dificultades, como la pérdida de empleo, la disminución de sus ingresos económicos y la inestabilidad financiera. Además, el despido injustificado puede generar un impacto negativo en su desarrollo profesional, bienestar emocional y autoestima. Estas consecuencias no solo afectan al trabajador, sino también a su familia y al entorno social cercano.

Marco legal en México: los Tratados Internacionales, la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo (LFT) establecen los derechos y las garantías de los trabajadores. La LFT prohíbe el despido injustificado y establece que los empleadores deben tener una causa justificada para terminar la relación laboral. Si no se cumple con esta exigencia, el trabajador tiene derecho a solicitar la reinstalación en su puesto de trabajo o bien recibir una indemnización.

Protección legal para los trabajadores: los trabajadores despedidos injustificadamente tienen la opción de recurrir a los Tribunales Laborales del Poder Judicial, los cuales son instituciones encargadas de mediar y resolver conflictos laborales. Estos tribunales pueden ordenar la reinstalación del trabajador o el pago de una indemnización, dependiendo de los elementos probatorios y las circunstancias del caso.

Además, existen organismos como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), encargados de brindar asesoría gratuita a los trabajadores y representarlos legalmente en caso de despido injustificado.

Retos y perspectivas: a pesar de que existen leyes y mecanismos de protección para los trabajadores en México, el despido injustificado sigue siendo un problema persistente. Es necesario fortalecer los mecanismos de aplicación y vigilancia de las leyes laborales, así como promover una mayor conciencia sobre los derechos laborales entre los trabajadores y empleadores.

Conclusión: El despido injustificado en México constituye una violación de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores. Es importante que se promueva un entorno laboral justo y equitativo, donde los empleados estén protegidos y se les brinde la oportunidad de ejercer sus derechos. La existencia de sindicatos auténticos que defiendan los derechos de los trabajadores se convierte en una necesidad impostergable. La aplicación efectiva de la legislación laboral, la creación de conciencia sobre los derechos laborales y la defensa colectiva de los propios trabajadores son pasos clave para una verdadera protección laboral.

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Crece el trabajo infantil en México

 

Ricardo Torres

Por acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creado para promover la justicia social, los derechos humanos y los derechos laborales reconocidos internacionalmente, en 2002 se estableció el 12 de junio como el “Día mundial contra el trabajo infantil”, para concientizar al planeta acerca de la magnitud del problema y fomentar entonces los esfuerzos de gobiernos, patrones, sindicatos y demás actores sociales en la tarea de erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. Sin embargo, el modelo económico capitalista que produce inconmensurables riquezas para unos cuantos multimillonarios dueños del capital a costa de la creciente pobreza para los millones de trabajadores asalariados en el mundo, es un sistema que, insaciable de ganancia, impone y demanda el trabajo infantil.

En nuestro país, actualmente, de los más de 30 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que viven en México, el 11 por ciento realiza algún tipo de trabajo infantil, es decir, que más de 3.3 millones de menores realizan obligadamente trabajo infantil, provocando en ellos múltiples consecuencias negativas pues la explotación laboral infantil mutila el desarrollo educativo, así como la salud física y mental de los menores. A decir de los informes de la OIT, nuestro país es el segundo lugar con mayor trabajo infantil en Latinoamérica.

La OIT ha señalado que el trabajo infantil sucede como consecuencia inevitable de la falta de justicia social. En México, la pobreza es el factor de mayor preponderancia que orilla a los menores a realizar actividades laborales. Las cinco entidades federativas con mayor riesgo de trabajo infantil son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y San Luis Potosí. Las jornadas laborales de los menores de edad son de hasta 14 horas a la semana en el 62% de los casos, mientras que el 14% tiene jornadas de más de 36 horas a la semana.

Los sectores en los que trabajan los niños y adolescentes de México son principalmente el sector primario o agropecuario, que ocupa el 27.4%; seguido del sector de servicios con el 25.5%; el comercio con el 24.1%; el sector industrial con el 18.5% y, finalmente, la industria de la construcción con el 4.9%. Se estima que tras la pandemia por covid-19, al menos 180 mil niños y adolescentes se sumaron a los 3.3 millones de menores que ya laboran en el país.

Como lo establece la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, el trabajo forzoso u obligatorio de niñas, niños y adolescentes constituye una de las graves expresiones de violencia y discriminación, y les imposibilita ejercer a plenitud sus derechos, colocándolos en situación de riesgo y exponiéndolos a afectaciones severas en su salud, como retraso en su crecimiento, predisposición a adicciones, ejercicio a edad temprana de su sexualidad, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

 En México los menores de edad sí pueden trabajar, aunque de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente solo aplica sí son mayores de 15 años y deben hacerlo en actividades permitidas y bajo determinadas normas. La LFT establece también que los menores de edad no deben realizar labores peligrosas o insalubres ni deben interferir con su educación, esparcimiento y recreación. Además, necesitan de la autorización del padre, madre o persona tutora para desempeñar la actividad laboral. No obstante, en los hechos, millones de niños laboran sin garantías laborales.

El cuadro es desolador: millones de niños carecen de reconocimiento jurídico y social, de prestaciones laborales y garantías de seguridad, menores que, obligados a trabajar por sus necesidades económicas, aceptan laborar bajo cualquier condición por más insegura e insalubre que esta se encuentre, sin protestar ni exigir algún tipo de derecho, quedando en la más absoluta indefensión laboral, a merced de los patrones rapaces y explotadores que, por hambre, especialmente en el campo, los obligan a laborar  extenuantes jornadas de trabajo, violando con ello su derecho al sano crecimiento, a la educación, la cultura, el deporte, el arte, es decir, quebrantando su más genuino derecho de aspirar a una vida más digna, más humana.

La explotación del trabajo infantil es una forma de sometimiento propia del modelo capitalista de producción. Donde la ganancia y el capital están por encima de los seres humanos; hombres, mujeres y niños. Por tanto, debemos entender que el problema del trabajo infantil es sólo una consecuencia inevitable de la pobreza que se vive en el mundo, provocada por un modelo económico de producción que explota al trabajador para obtener las ganancias que acumula y benefician tan sólo a los patrones, a los dueños del capital. Por tanto, cualquier modificación jurídica a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo para erradicar el trabajo infantil resulta no sólo insuficiente, sino ridículo. Que nadie se confunda: el problema no es jurídico sino económico y político.

 Si en verdad se quisiera combatir a este flagelo de la explotación infantil que hoy en día se expresa no sólo como explotación de su fuerza de trabajo sino también en la venta y trata de menores, la servidumbre, la prostitución, la pornografía, el tráfico de drogas y el reclutamiento forzoso al crimen organizado, como bien lo denunció la OIT, habría que combatir sus causas más profundas; la pobreza y la injusticia social. Habría que comenzar entonces por mejorar los salarios de la clase trabajadora, fortalecer la capacidad adquisitiva de nuestros salarios para obtener así los satisfactores necesarios para la alimentación y desarrollo de nuestros hijos, diseñar y aplicar políticas y programas para garantizar su educación y atención médica, es decir, habría que comenzar mejorando la distribución de la riqueza  nacional, haciéndola más equitativa, para evitar así que nuestros hijos, por hambre, tengan que salir a trabajar al campo, la ciudad o la industria. En suma, lo que habría que cambiar no es la ley sino el modelo económico en su conjunto.

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