¿A quién afecta que los obreros se organicen?

Erick Santiago

        En México existe una enorme cantidad de problemas económicos, políticos y sociales que hacen que la clase trabajadora no pueda desarrollarse incluso para la legítima defensa de sus intereses, mismos que las autoridades encargadas de aplicar la ley deberían vigilar pero que en la realidad no lo hacen, al menos no con todos los trabajadores. Dentro de los diversos problemas que sufre la clase trabajadora esta la pobreza en la que viven millones de asalariados cuya necesidad los obliga a vender su fuerza de trabajo por salarios que no alcanzan a cubrir siquiera la canasta básica en cada uno de sus hogares, sumándose diversos gastos como la renta, la comida, la educación, la salud, etc. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en nuestro país, en 2018, existían 55.6 millones de personas en situación de pobreza. En 2020, los pronósticos de esta agencia latinoamericana no eran mejores: "México tendrá la cuarta proporción más alta de población en pobreza de América Latina y el Caribe a partir de 2020", cifra que debe ser alarmante ya que cada año aumenta el número de pobres. ¿Dónde quedó aquello de “primero los pobres”?

 

Por su número, los pobres de México son una gran fuerza social; pero la cantidad no basta si carecen del factor cualitativo, la unidad, organización y consciencia. Pero esta debilidad no es casual, no está determinada por la idiosincrasia ni es una fatalidad natural: el neoliberalismo y la acelerada acumulación de la riqueza que trae consigo necesitan a la clase media y trabajadora inermes, inconscientes y, por tanto, sin la fuerza necesaria para hacer valer sus derechos. Un pueblo desorganizado conviene a la acumulación del capital, por lo que este y sus gobiernos aliados se afanan en mantenerlo disperso.

 

Luego así, la clase trabajadora que se encuentra legalmente organizada a través de un sindicato disminuyó, tal y como se señala en la página del Gobierno Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde manifiesta que “el número de trabajadores que pertenecían a un sindicato en el primer trimestre de 2022 se ubicó en 4 millones 869 mil 45 personas, de acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), basado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto se compara con las 4 millones 336 mil 688 personas sindicalizadas en 2018.  Desde 2005 cuando empezó el levantamiento de la encuesta y hasta el 2018, el porcentaje de trabajadores subordinados que dijo pertenecer a un sindicato disminuyó de manera constante desde casi el 17% hasta 12%.  Sin embargo, a partir de 2019, cuando entró en operación la reforma laboral, que entre sus objetivos pretende regresar el poder de decisión de las principales actividades de un sindicato a sus trabajadores, se detuvo la caída y la tasa de sindicalización alcanzó apenas el 13.1% en 2021 y 12.7% en 2022.”

 

Esta disminución proviene de la forma en que funciona nuestro sistema económico de producción y la protección que el Gobierno federal brinda a los poderosos empresarios que se dedican a producir sus mercancías para venderlas sin importarle si a la clase obrera le alcanza su salario, si se le paga de acuerdo a lo que produce, sin importarle sus necesidades, su bienestar, su salud y la de toda su familia, trayendo como efecto la dificultad para que los trabajadores se organicen, se preparen y se eleven políticamente, ya que concentran la mayor parte de sus esfuerzos en trabajar y sobrevivir. Hace años hemos escuchado a López Obrador, envuelto en ropaje de izquierda, destacarse especialmente como acérrimo persecutor de todo lo que signifique organización popular, escudándose (no puede confesar el verdadero propósito) en su pretendido combate a la corrupción.

 

Los poderosos, en cambio, sí están organizados y se les respeta ese derecho. Defienden sus intereses generales a través de organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y también de sectores específicos: asociaciones de industriales, mineros, de tiendas departamentales, grandes agricultores, etc. En una palabra, el derecho de organización existe y se respeta pero para los acaudalados. Lo que para estos es un derecho, para el pueblo trabajador es delito punible, con cárcel incluso; unos, arropados por el poder, los otros, maniatados y amordazados; así, los primeros acumulan riqueza y los segundos se hunden en la pobreza.

 

El temor del Gobierno y del gran empresariado no es gratuito: ¿qué pasaría si los trabajadores de fábricas, de comercializadoras de distribución, estudiantes, campesinos, se unificaran para exigir mejores condiciones de vida: primero por salario remunerador y trabajo digno; y segundo con su fuerza política la determinación del rumbo del país? Con la fortaleza de organización y conciencia serían factores que posibilitarían una mayor capacidad para fundamentar los reclamos sociales y fuerza para negociar, mismas que permitirían a los trabajadores exigir mejores salarios, prestaciones de ley, vivienda, salud y educación para su familia. Para lograrlo es necesaria la organización y unidad de los trabajadores, de lo contrario, la clase trabajadora seguirá quedando a expensas de la voluntad y conveniencia de los patrones y políticos poderosos. Es necesario apoyarnos entre los obreros para luchar, en una primera fase, por nuestras demandas a nivel sindical, para elevarnos después a incursionar en la lucha por demandas políticas, hasta llegar al nivel en que nos propongamos la toma del poder político de nuestro país.

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Trabajo digno

Ulises Bracho

        Han dicho los economistas que el trabajo es la fuente de toda la riqueza que podemos observar y gozar en el mundo, una condición básica y fundamental de toda la sociedad a tal punto, dijo Federico Engels, que el trabajo ha creado y desarrollado a los seres humanos. Es decir, las necesidades de satisfacer su supervivencia social llevaron al hombre a estimular sus órganos (la destreza de sus manos, el perfeccionamiento del cerebro y la creación del lenguaje, por ejemplo) para desarrollar la capacidad de adquirir y producir sus alimentos, calzarse, vestirse hasta edificar enormes ciudades para su comodidad y pleno desenvolvimiento.

Actualmente, en gran parte de los países el avance industrial y tecnológico ha llegado a tal punto de resolver las necesidades de cada sociedad produciendo los bienes materiales en menor tiempo. En este sentido, el trabajo social que se requiere para producir las mercancías, en estricto sentido, se ha reducido formidablemente, de tal manera que, por dar un ejemplo, para producir un par de zapatos hemos pasado de una inversión de tres meses de trabajo artesanal a tres minutos en las fábricas modernas, esta última en una escala mayor de producción. Por tanto, podemos decir que las jornadas laborales debieran tender a reducirse en la producción de mercancías, sin embargo, el hambre de ganancia de los capitalistas impone la prolongación de las jornadas laborales del trabajador y horas extras que eleven la productividad, a costa de la explotación y de las malas condiciones de trabajo.

Entonces, ante la marcha histórica de la lucha de los trabajadores por mejores salarios, por la reducción de la jornada laboral, por tener el derecho a organizarse en sindicatos, a su pensión, salud y vivienda, ¿por qué la clase obrera productora de toda la riqueza social sigue sufriendo hambre y miseria dentro de la sociedad capitalista moderna? En otras palabras, ¿por qué la clase trabajadora no cuenta con un trabajo digno?

El trabajo digno está amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo (LFT). En el artículo 123 de nuestra Constitución dice que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. La LFT precisa en su segundo artículo que el trabajo digno es “aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador”.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es un organismo especializado de la ONU, a diferencia de la LFT, utiliza el término “trabajo decente” que enfatiza en la oportunidad que tiene el trabajador para acceder a un empleo productivo que genere ingresos justos, seguridad en el trabajo y protección social para su familia.

En este sentido, el trabajo digno predispone al ser humano a que se desarrolle personalmente y lo integre a la sociedad, donde pueda expresarse libremente, se organice y participe en las decisiones que afectan su vida y exista igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, una cosa es lo que está estipulado en nuestras leyes y otra muy distinta es lo que ocurre en la realidad.

En muchas ocasiones, los trabajadores acceden a laborar en cualquier trabajo que les resuelva lo más elemental: el hambre. Si les va bien en su búsqueda, solicitan un buen salario y si no es mucho pedir, que tengan acceso a algunas prestaciones. Es decir, su concepto de trabajo digno se reduce a lo más elemental sin profundizar en lo que realmente, por ley, les corresponde como productores de toda la riqueza social. Al no tener conciencia de sus derechos laborales, se ven enredados en engaños como aquel donde el patrón “solicita empleado, ofreciendo un salario semanal de $1,200 y además con derecho a prestaciones”. Aprovechándose de la escasez de trabajo, los patrones suelen decirle al trabajador “esto te doy si trabajas para mí y seamos buenos amigos”, cuando el derecho a un trabajo bien remunerado y el acceso a las prestaciones es un derecho que toda empresa está obligada a cumplir y no está en función a la caridad del patrón.

La realidad es que “el 61% de la población ocupada en el país no cuenta con acceso a una institución de salud, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)” (El Economista, 2021) y al menos 6 de cada 10 mexicanos carece de las condiciones de protección social; el esquema con los trabajadores asalariados –que se supone que en las respectivas empresas el Gobierno supervisa el cumplimiento de sus obligaciones– el 34% en México labora sin prestaciones. La práctica del trabajo digno no se aplica ni de lejos en la cotidianeidad de los trabajadores, porque en realidad no se ataca el problema de fondo: la inequitativa distribución de la riqueza social generada por los obreros. Es decir, engañan a la clase obrera ofreciéndole condiciones laborales que parecen progresistas, pero en realidad solo atenúan el problema más no lo eliminan.

La clase trabajadora debe ir comprendiendo que en esta sociedad capitalista, quienes nos gobiernan son aliados de los patrones y, por tanto, jamás accederán a respetar el trabajo digno, porque dicho cumplimiento significa la reducción de las ganancias de los grandes capitales. Son entonces los propios trabajadores organizados y conscientes de su papel histórico quienes deben defender sus derechos hasta sus últimas consecuencias, y si exigir una distribución más equitativa de la riqueza social que ellos mismos producen los obliga a transformar el modelo económico existente y tomar en sus manos el poder político del país, entonces eso se tendrá que hacer.

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