La 4T: malas cuentas también en materia de trabajo infantil

Marat Barca

        En días recientes fueron dados a conocer los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), elaborada en 2022 bajo auspicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con la información publicada, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes tienen algún tipo de ocupación laboral, lo que representa el 13.1 por ciento del total de menores de edad en nuestro país. Las áreas en donde desempeñan las actividades se concentran en el campo, los servicios, el comercio, la minería y la construcción; ello sin contemplar las labores domésticas a las que son sometidos después de haber cubierto su jornada laboral y de las que también da cuenta la medición arriba señalada.

Asimismo, la información pública sobre este sector permite anotar el comportamiento a lo largo de los años, por ejemplo, la misma encuesta, pero del 2019, reportó una población ocupada de 3.3 millones de menores de edad, es decir, para 2022 existió un incremento de 462,472 menores. Si le acercamos la lupa al incremento veremos que cada mes se incorporaron al mundo laboral 9 mil 634 y cada día 321 infantes. Datos alarmantes cuya primera reacción generan horror y enojo.

El reporte también registró que el rango de edad en donde se concentra dicha población trabajadora es entre 15 y 17 años. Este dato es importante porque nos indica que el crecimiento en la incorporación al trabajo obedece a tener que contribuir al ingreso familiar. Aún más, si lo relacionamos con el periodo de medición de la encuesta 2019-2022 nos encontramos con información resultado de un evento mundial como la pandemia del Covid-19. No hay duda de que existe una relación directa entre la adversidad que padecen los adultos y su correspondiente afectación en la familia.

Pero no todo se reduce a la incorporación de empleos formales para ayudar a la economía familiar. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos publicó el Informe sobre trabajo infantil y trabajo forzoso 2022, en el que señala que el reclutamiento de la infancia por el narcotráfico sigue siendo una práctica común y al alza. Por sus características físicas, sus actividades se desempeñan en la vigilancia, transporte y venta de droga.

Dentro de la información pública sobre el contenido de la ENTI 2022 encontramos en la base de datos de los cuestionarios elaborados el sentido del diseño con el que está elaborada la encuesta. Además de las estadísticas recogidas propias del rango de edad y los sitios de trabajo, se almacena información relacionada a las características de viviendas seleccionadas (tipo de material de la casa, artículos del hogar con los que cuentan, etc.); características del hogar (ingresos, tipos de ingreso, amenazas que existen en su entorno inmediato, etc.); características demográficas (número de residentes y familias que las habitan, características de los residentes como edad, sexo, ocupación); finalmente, un apartado sobre ocupación y empleo.

A primera vista parece que en la estructura de la encuesta encontramos el problema y su consecuente solución: si el origen del trabajo infantil lo encontramos en el seno de las propias familias, bastaría con hacer que los padres de familia tengan mejores ingresos. Empero, el problema no termina ahí. En el pensamiento de la población en general atribuimos la suerte de los infantes como una responsabilidad exclusiva de los padres, propio del descuido de la pareja, de los matrimonios prematuros, de los divorcios masivos, etc.

Nada más alejado estamos de entender el problema y su solución.  Por ahora anoto que no es muy difícil pensar que, si de la información de la encuesta no se derivan políticas públicas serias para enfrentar el problema e irlo conteniendo y reduciendo, de nada servirán los esfuerzos de registro de datos. Amigo lector ¿usted conoce que los partidos que nos han gobernado, incluido el actual que se dice diferente, han implementado en nuestro país medidas serias en las que podamos confiar para erradicar el trabajo infantil?

La respuesta a la pregunta arriba planteada, cualquiera que sea el argumento, será siempre no, pues viola un principio básico de la prosperidad y desarrollo de los pueblos: los problemas que padece el sector de la población que no es propietaria de un medio generador de riqueza, solo podrán ser atendidos si el propio pueblo se pone a la cabeza de su solución. Nadie lo hará por él, aunque se diga su representante y ostente el poder. Por tanto, el pueblo debe conquistar el poder político a partir de representantes de su misma clase y, desde ahí, de la mano del pueblo, encabezar todo lo que tenga que ser cambiado, incluida la erradicación del trabajo infantil.

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Los jornaleros deben organizarse

Ulises Bracho

          Recientemente leí una nota estremecedora e indignante que se titula “La pobreza mata a hijos de jornaleros”, publicado el 5 de abril en El Universal. En la nota se narran las condiciones de precariedad e insalubridad que sufren los jornaleros en la comunidad de Juan de los Ríos, en Guasave, Sinaloa, mismas que provocaron la muerte de cuatro menores y enfermedades en más de una veintena de infantes. En una primera lectura podríamos coincidir parcialmente con Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud de Sinaloa, que señaló el suceso como consecuencia de una mezcla de desnutrición y condiciones antihigiénicas de vida, sin embargo, sin rubor alguno, el funcionario concluyó su razonamiento responsabilizando a los padres por el descuido y seguridad de los menores. Concordar con la misma lógica del señor González Galindo sería caer en la manipulación y el engaño, ya que resulta evidente que sus declaraciones pretenden evadir la responsabilidad que tiene la autoridad ante este lamentable suceso, por lo que el problema es mucho más de fondo. Veamos.

Sinaloa es el tercer estado, después de Baja California y Sonora, en el que se concentra el más alto porcentaje de jornaleros agrícolas, se han cuantificado incluso cifras históricas de hasta 400 mil personas que llegan a dicha entidad. El trabajo, apunta Omar Stabridis (Nexos, 2022), se caracteriza por ser temporal (generalmente sin un contrato de trabajo), precario (muy limitado o nulo acceso a prestaciones), con los salarios más bajos de las ocupaciones asalariadas, y por un alto componente de trabajadores indígenas. Asimismo, Guasave es el segundo municipio que aporta el 15.5 por ciento del valor que genera la agricultura en la entidad y, a la vez, la más cercana geográficamente para los migrantes que provienen de las zonas étnicas del estado de Chihuahua.

Es frecuente que la mayoría de los jornaleros agrícolas, debido a la miseria y falta de empleo, se ven obligados a emigrar de sus lugares de origen a otras regiones del país para vender su fuerza de trabajo; con frecuencia los jornaleros, en su mayoría indígenas, se ven obligados a incorporar al trabajo agrícola a sus esposas e hijos.

Este sector es el más vulnerable y humillado entre todos los demás sectores que conforman el tejido social, con mínimas diferencias entre un jornalero local o un migrante no indígena; se caracteriza por su falta de escolaridad y por recibir los salarios más bajos; se ven obligados a exponerse, ellos y sus familias, a diversos problemas como hacinamiento, abuso sexual, violencia familiar, adicciones, carencia de servicios educativos, falta de atención médica que los convierte en víctimas frecuentes de padecimientos y enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada y condiciones insalubres de vivienda.

Por su parte, las instituciones protectoras de este sector, no los respaldan. Al contrario, las cifras sobre la migración de la niñez acompañadas de la explotación laboral infantil crecen en números alarmantes. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), el sector agrícola es el que más ocupa las fuerzas de niñas, niños y adolescentes. Los últimos datos de esta medición reflejan que la población que labora en el campo es superior a los 589 mil menores de edad; de los cuales el 87 por ciento son varones (El Economista, 2022).

El caso de las víctimas de la comunidad de Juan de los Ríos revela la pobreza extrema que se vive en la Sierra Tarahumara desde hace décadas. Se trata de una región del país donde la tasa de mortalidad infantil es una de las más elevadas a nivel nacional y, en general, las personas padecen las más duras condiciones de supervivencia. Acosados también por la inseguridad, varios son amenazados y obligados a cultivar las drogas de los capos ante la falta de programas sociales que siempre se quedan en promesas. Su única alternativa es migrar a otros estados de la república donde puedan tener un salario que cubra su necesidad más primordial: la alimentación.

Así pues, no podemos entender esta lamentable noticia de los niños que murieron por falta de una alimentación digna, solamente responsabilizando a los padres como lo siguiere el señor González Galindo. Son varios factores que intervienen en la reiteración de dichas tragedias. Los patrones y el Gobierno, sin duda, han propiciado estas lacerantes condiciones de vida para proliferar la explotación infantil. Por un lado, los patrones no cumplen con brindarles un lugar cómodo y digno a los trabajadores, como lo establece la ley, sino al contrario, reducen todo gasto para obtener sus jugosas ganancias. Y, por otro lado, el Gobierno no solo tolera este incumplimiento de los patrones, sino que, modificando la ley, permite la explotación infantil al admitir que adolescentes de 16 y 17 años laboren en el sector agrícola. 

Si nos diéramos el tiempo de documentar las tragedias que viven a diario los jornaleros agrícolas en nuestro país, nos indignaría la falta de protección social de este sector. Sin embargo, considero que el destino de los miles de jornaleros solo podrá cambiar si son ellos mismos quienes, unidos, se disponen a exigir mejores condiciones de trabajo. Pero ello solo podrá ser posible si se organizan y luchan con sus hermanos de clase, es decir, con aquellos quienes sufren la misma explotación.

El punto de partida es que se organicen sindicalmente, que unan sus fuerzas y exijan respeto a sus derechos laborales. De esta manera, con estricto apego a la ley, estarán en condiciones de paralizar el cultivo o la cosecha de los campos del patrón si éste no es capaz de ofrecerles campamentos adecuados y servicios de calidad. No olvidemos que son los trabajadores agrícolas quienes producen la riqueza de la tierra y, por tanto, merecen salarios dignos, respeto a sus derechos laborales, condiciones favorables de trabajo y ser bien tratados.

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