Ricardo Torres
La subsecretaria del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Julie Su, en los primeros días de abril visitó nuestro país para supervisar los avances de la reforma laboral impuesta por el Gobierno norteamericana e instrumentada por el gobierno morenista en 2019. El objetivo de su inspección, dijo, fue vigilar el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores mexicanos: conocer los avances en cuanto a la libertad sindical, la contratación colectiva, el trabajo infantil y el trabajo forzoso, entre otros.
Además, la funcionaria norteamericana anunció nuevas inversiones del Gobierno estadounidense hacia nuestro país en materia laboral. El diario El Economista, en una nota de María del Pilar Martínez, aparecida el 4 de abril, nos informa que “Julie Su anunció nuevas inversiones del departamento estadounidense para apoyar el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores; se trata de inversiones combinadas de por 28 millones de dólares por parte del Departamento del Trabajo cuyos proyectos incluyen: una subvención cooperativa de 5 millones de dólares a Social Accountability International para fortalecer la capacidad de los productores de tomate y chile para cumplir con las leyes laborales mexicanas.
“Asimismo, un proyecto por 13 millones de dólares en asociación con la Organización Internacional del Trabajo para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso a nivel federal, en todo el sur de México y en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán […] Un otorgamiento de 10 millones de dólares para Solidarity Center (Centro de Solidaridad), una organización internacional que promociona los derechos de los trabajadores, para fomentar la democracia sindical, fortalecer la representación de los trabajadores y apoyar a las organizaciones de trabajadores.”
Después de invitar a nuestro país a “unirse a la asociación Multilateral para la Organización, el Empoderamiento de los Trabajadores y los Derechos, una iniciativa multilateral para apoyar los derechos sindicales en la economía mundial”, remató su declaración afirmando que “La administración Biden-Harris apoya los derechos de los trabajadores sólidos y las prácticas laborales éticas. Las acciones de México para reformar la ley laboral del país en 2019 nos muestran que México cree en lo mismo. Juntos, podemos profundizar nuestra colaboración para fortalecer y ampliar los derechos de los trabajadores”.
Está claro que estamos recibiendo del Gobierno norteamericano pan con navaja. Detrás de ese falso discurso que dice apoyar “el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores”, lo que los asalariados del país debemos comprender es que el Gobierno estadounidense está invirtiendo recursos económicos, materiales y humanos para avanzar en su política de injerencia y control en la vida laboral de nuestro país, con el claro propósito de fortalecer los intereses económicos y políticos del imperio. Estamos pues frente al neoliberalismo y la globalización en acción, con la complacencia del gobierno morenista al que no le importa el daño a nuestra soberanía nacional.
¿Cómo se explica este entreguismo del Gobierno mexicano? Dada la dependencia económica que México tiene con Estados Unidos (más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas van directamente al mercado norteamericano y más del 50 por ciento de la inversión extranjera proviene de capital estadounidense), el Estado mexicano adopta una actitud sumisa ante las exigencias del imperio. Para confirmar esta afirmación basta con recordar dos momentos recientes de nuestra relación con el Gobierno estadounidense.
En junio de 2019, ante el problema del creciente flujo migratorio de la población centroamericana hacia Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó al Gobierno mexicano con imponer un arancel del 5 por ciento a todas las importaciones que llegaran desde México, arancel cuyo monto aumentaría gradualmente hasta llegar al 25 por ciento, y ahí se mantendría hasta que el Gobierno de nuestro país lograra impedir el flujo de ilegales que llegan por nuestra frontera sur, transitando por el territorio nacional para ingresar a Estados Unidos. El gobierno morenista dobló las manos y desde entonces la Guardia Nacional, supuestamente creada para combatir la delincuencia organizada en favor de la seguridad de los mexicanos, hoy realiza funciones represivas de contención del flujo migratorio ordenado por el Gobierno norteamericano.
Por otro lado, en junio de 2021, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó México y se entrevistó con López Obrador. Entre otros temas, Harris anunció que su Gobierno invertiría 130 millones de dólares "en asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán las condiciones laborales y abordarán el trabajo infantil y forzado".
Después de afirmar que “el presidente López Obrador promulgó una legislación histórica de reforma laboral el 1 de mayo de 2019", Harris anunció que la Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos emitirá un préstamo para respaldar hipotecas y viviendas asequibles, del cual 40 y 50 por ciento de las viviendas nuevas se construirán en el sur de México. Asimismo, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio organizarán misiones comerciales para apoyar el desarrollo de infraestructura en nuestro país.
¿Alguien puede creer que el Gobierno estadounidense esté destinando importantes recursos económicos en nuestro país solo con el interés de favorecer a los trabajadores mexicanos? Eso es una burda mentira. Desde hace tres décadas (1991) el imperialismo norteamericano está empeñado en imponer su hegemonía económica, política y militar en el planeta. En algunos casos utilizando su fuerza militar de manera abierta o encubierta como ocurrió, por ejemplo, en Irak, Yugoslavia, Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia, Libia, Siria y ahora en Ucrania. En otros casos aplicando y reforzando embargos y sanciones económicas, comerciales y financieras como sucede, por ejemplo, con Corea del Norte, Cuba, Irán, Bielorrusia, Sudán, Líbano, Venezuela y Rusia. Y existen otros países, como el nuestro, cuya economía y comercio dependen esencialmente de la economía norteamericana. En estos casos el control económico, político y social no es militar pero es igual de implacable.
No olvidemos que Estados Unidos invadió nuestro país en 1848 y, como resultado de esa guerra de rapiña, nos arrebató la mitad de nuestro territorio: la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. A 174 años de distancia, el capital norteamericano y su Gobierno tienen el control casi completo de la economía, el comercio y las finanzas de nuestro país. Y van por más, ha comenzado un proceso de injerencia y control en el ámbito laboral de nuestra nación. Las nuevas reglas laborales serán diseñadas y aplicadas no en favor de los trabajadores mexicanos, sino atendiendo a la voluntad y los intereses norteamericanos.
La “histórica reforma laboral” promulgada por López Obrador en 2019, las visitas de Kamala Harris y Julie Su a nuestro país con el falso y candoroso argumento de “fortalecer los derechos de los trabajadores mexicanos”, el manejo de recursos económicos a través de organismos extranjeros como la Social Accountability International y la Solidarity Center, así como la invitación a sumarnos a la “Asociación Multilateral para la Organización, el Empoderamiento de los Trabajadores y los Derechos”, son solo los primeros frutos envenenados que el imperio nos impone con el propósito de consolidar su injerencia y avance en el control de la vida laboral en nuestro país.
Que nadie se engañe, los trabajadores de México no podemos morder el anzuelo esperando que los Gobiernos de Estados Unidos y México defiendan nuestros derechos frente a la codicia y explotación de los patrones. Por el contrario, la terca realidad nos muestra la urgente necesidad que tenemos los asalariados de unirnos, organizarnos y encabezar nosotros mismos la defensa de nuestros legítimos intereses. Nadie más podrá hacerlo.
