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viernes, 4 de agosto de 2023

Nueva tragedia minera: impunidad y negligencia

Ricardo Torres


        El pasado martes 18 de julio del año en curso, dos mineros perdieron la vida en el pozo de carbón ubicado en el ejido El Mezquite, en Sabinas, Coahuila, al reventarse la cuerda del malacate que los transportaba a una altura de más de 70 metros de profundidad en tiro vertical dentro de dicha mina de carbón. Protección Civil y la Fiscalía General del Estado investigan las causas del siniestro que provocó la muerte de José Guadalupe Esparza Pérez, de 48 años, y Juan Jesús Zapata Alfaro, de 29 años de edad.


Se trata de una nueva tragedia en la región minera de Sabinas, Coahuila. Por un lado, la negligencia de las empresas mineras que solo buscan obtener ganancias sin importarles poner en riesgo la vida de los mineros y, por otro lado, la complicidad de las autoridades del trabajo que permiten la operación de minas y pozos, sin contar con las condiciones mínimas de seguridad para los mineros. Negligencia e impunidad que siguen cobrando nuevas víctimas.


A decir del colectivo Pasta de Conchos, “la empresa que explotaba la mina, Minera Fuga, tenía un contrato de 113.462.337,60 pesos por la venta de 81.000 toneladas de carbón: Dicho título minero no está inscrito ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en las microrregiones que tienen autorizado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Por lo que, si esto es cierto, esta mina entonces operaba de forma ilegal y, por tanto, no se trata de un accidente sino de un nuevo siniestro”.


Es ya larga la lista de explosiones, derrumbes, inundaciones y “accidentes” en Sabinas, Coahuila, debido a la explotación de pozos clandestinos y en condiciones de seguridad nulas en una localidad en la que no existen alternativas laborales dignas fuera de los pozos. La explicación es sencilla: el 99 por ciento del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sale de esta región carbonífera. Recordemos que hace un año, el 3 de agosto de 2022, una inundación en esta misma región provocó el derrumbe del pozo en El Pinabete en el que murieron 10 mineros cuyos cuerpos todavía no se han recuperado. Más todavía, según el registro que llevan los familiares de las víctimas, desde que se empezó a extraer carbón en esta región a finales del siglo XIX, más de 3 mil mineros han fallecido en “accidentes.


Lo que los mineros de México necesitan, desde hace más de un siglo, es que el Estado cumpla y haga cumplir la ley; que la Secretaría de Economía (SE) encargada de otorgar las concesiones mineras y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se responsabilicen de regular y verificar el acatamiento a la ley por parte de las empresas; de vigilar, supervisar y garantizar que los patrones cumplan con las normas de seguridad establecidas en la Ley Minera y demás normas oficiales aplicables a dicha industria; lo que los mineros necesitan es que el Estado mexicano garantice su seguridad, integridad y vida, antes de las tragedias, haciendo que los patrones respeten la ley. Todo lo que el Gobierno federal diga y haga después de las tragedias es solo circo mediático para esconder su criminal omisión.


Pero ello es aún insuficiente. Dado que en el mundo la minería es una de las actividades más peligrosas y de alto riesgo, principalmente en la extracción de carbón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de la ONU, en 1995 resolvió establecer el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas (C176) en el que se estipula que los trabajadores tienen la necesidad y el derecho de ser informados, consultados y de participar en la preparación y aplicación de medidas de seguridad y salud relativas a los peligros y riesgos presentes en la industria minera. Sin embargo, el Estado mexicano, a pesar de ser miembro de la OIT, se ha negado a ratificar dicho Convenio porque en el artículo 13 del C176, en su inciso e) nos dice que los trabajadores tienen derecho a “retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud”. La negativa del Estado mexicano a ratificar el C176 de la OIT obedece a que en las normas nacionales el derecho que implique retirarse del trabajo no puede ser aceptado como un derecho general ya que son los técnicos especialistas, y no los obreros, quienes pueden determinar si este derecho puede o no ejercerse.


Resulta evidente que si los mineros de la zona carbonífera de Coahuila, a pesar de los enormes peligros a que se exponen, acuden a laborar a cambio de unos cuantos pesos diarios por tonelada de carbón extraído, es solo por hambre, por necesidad, por la extrema pobreza en que actualmente viven ellos y sus familias; luego entonces los patrones explotadores y abusivos, como en El Pinabete y ahora en El Mezquite, se aprovechan de su miseria e incumplen con las normas de seguridad impuestas por la ley, seguros de que no habrá sanción alguna para ellos al formar parte de la red de intereses económicos y complicidades políticas toleradas por las autoridades federales y estatales, debido a que el carbón mineral de la región producido por micro y pequeñas empresas está destinado a cumplir con los contratos de suministro establecidos con la CFE para alimentar las dos termoeléctricas instaladas en la entidad.


La CFE dirigida actualmente por un distinguido expriísta convertido hoy en rutilante morenista, Manuel Bartlett Díaz, solo cumple fielmente con ejecutar las instrucciones presidenciales de acuerdo al plan de desarrollo energético del actual gobierno mexicano. Por ello AMLO, a través de la SE y la STPS, no tiene prisa en sancionar a los responsables. En consecuencia, no habrá justicia para los trabajadores mineros fallecidos y sus familias, solo demagogia y “chivos expiatorios” para eximir a los verdaderos responsables. No más.


Por consiguiente, para impedir que esta trágica historia se repita, que los mineros del país sigan perdiendo la vida debido a la de falta de seguridad en las minas donde laboran, tendrán que ser ellos y solo ellos mismos, de manera organizada y consciente, quienes deben exigir a las autoridades el cabal cumplimiento de la ley; solo su unidad y combatividad pueden vencer la avaricia desmedida de los patrones y la indolente complicidad del Gobierno en favor del capital. Titánica tarea que solo podrán realizar si logran unirse y organizarse para exigir el cabal cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales en defensa de su seguridad, de sus derechos laborales y de sus intereses como clase obrera. Esa es la tarea.


viernes, 9 de septiembre de 2022

Ganancia y explotación laboral

Selene Aguiar


        Hace poco más de un mes ocurrió una tragedia en el municipio de Sabinas, Coahuila, en donde en una mina quedaron atrapados 10 mineros. Este tipo de catástrofes laborales, que son en realidad siniestros provocados por la criminal omisión de las empresas mineras y los gobiernos a su servicio, da un chispazo a las profundas grietas del capitalismo.


Los accidentes de trabajo son, hoy día, parte engranada a las pésimas condiciones laborales que se ofertan a los trabajadores en cualquier empleo. En la minería, que es el trabajo más peligroso reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se señala como inevitables los riesgos de muerte a los que se enfrentan los mineros, esto como una vil manera de deslindarse de la responsabilidad que atañe a los dueños de las minas por dichos accidentes, responsabilidad de la que la complicidad del Estado los deslinda.


En nuestro país donde existe un gran índice de explotación de minas, existe, por ende, un alto índice de accidentes y enfermedades laborales, sobre todo en las minas clandestinas y en la minería de baja escala, que de acuerdo con el diario La Razón de México del 13 de agosto de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador resucitó al carbón promoviendo un plan para reactivar las centrales eléctricas en Coahuila y darle preferencia a la adquisición de pequeñas empresas mineras de esa región a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las compras fueron parte de las políticas de López Obrador para, según él, darle ingresos a los mexicanos más pobres; o al menos en el dicho, pues en los hechos solo les ha traído mayores penurias.


La Organización Pasta de Conchos en su Informe Carbón Rojo, expone 310 sucesos mortales entre 1883 y 2017. Más recientemente en 2021 se registró uno en una mina en Múzquiz, Coahuila, donde quedaron atrapados 7 mineros y el que mencionamos arriba, el 3 de agosto de este año, donde 10 mineros hasta el momento, permanecen atrapados.


Cabe resaltar que los accidentes laborales en la minería solo son una pequeña parte de los sufrimientos que cargan los mineros, pues también padecen las enfermedades profesionales, definidas por la OIT como las contraídas por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. El IMSS en 2019 registra 334 enfermedades de las cuales predomina la hipoacusia con 164, seguida de la neumoconiosis con 122 y dorsopatías con 22. Mientras que en 2020 se registraron 428, de las cuales también predominan las hipoacusias con 226, seguida de neumoconiosis con 157 y dorsopatías con 28.


Tales cifras, sin embargo, es probable que estén totalmente alejadas de la realidad, pues muchos de los casos ni siquiera llegan al IMSS, además es muy común el subregistro de accidentes y enfermedades en este instituto, como documentamos de manera general en uno de los artículos publicados en esta página del Informador Obrero.


Uno de los problemas para cuantificar las enfermedades es que se ignora la ocupación del paciente, entre las preguntas que elabora un médico, por lo general, esta no se incluye. Las principales enfermedades profesionales del minero son esencialmente de tipo acumulativo: neumoconiosis, hipoacusia y dorsopatías. La calidad de vida del minero no solo se ve afectada cuando la enfermedad se manifiesta, sino durante todo el lapso en que esta se fue desarrollando.


La neumoconiosis es una enfermedad pulmonar causada por depósitos de carbón en los pulmones. Por lo general las personas no tienen síntomas, sino hasta en los estadios graves cuando el tejido pulmonar ya está bastante dañado y el afectado tiene dificultades para respirar.


La hipoacusia inducida por ruido es la pérdida de la capacidad auditiva asociada a la exposición de dosis de ruido sobre límites máximos permisibles.


La dorsopatía es la patología del sistema musculoesquelético con un síndrome de dolor pronunciado que surge de cambios degenerativos en la columna vertebral. En su primera etapa es imposible de detectar, es frecuente que se diagnóstique cuando el padecimiento ya es avanzado y hay dificultad de ingreso de sangre y oxígeno al cerebro, lo que provoca síntomas como el tinnitus, dolor en los hombros, corazón y pecho; así como la falta de coordinación y pérdida de audición y visión.


Son pues, las enfermedades y los accidentes laborales una constante en la minería, que poca atención reciben y de los que existen pocos datos confiables, porque no existe una preocupación seria y responsable por atenderlos.


La salud de los trabajadores no es situación que importe al sistema capitalista que los explota; el capital y su afán de ganancia consumen la salud del trabajador para su propio beneficio, tal cual ellos extraen las riquezas de la tierra que les son arrebatadas por los dueños de las explotaciones. La vida no vale en un sistema que se rige por el beneficio propio y el perjuicio ajeno.


A este panorama desolador, todavía se agregan los míseros salarios que reciben. De hecho, la profunda desigualdad existente entre los salarios que reciben los trabajadores y las ganancias que obtienen los capitalistas es aún más grande en la industria minera que en otras industrias. Así lo documenta Viridiana Ríos en su libro No es normal, donde señala que los trabajadores mineros se quedan con entre el 15% y el 16% del valor generado, mientras que el capitalista se lleva entre el 84% y el 85%.


El estado deplorable de las condiciones no solo laborales, sino de vida del obrero, cada día empeora y, por tanto, demanda con urgencia que los trabajadores sean conscientes de su situación, que estén claros en cuanto a la responsabilidad del sistema económico y político que los oprime y despoja de su salud a cambio de ganancias; y una vez que lo comprendan sean capaces de hacer un frente único que encare al sistema capitalista y que instituya un nuevo sistema que esté acorde con sus intereses de clase. Ingente tarea a la que toda persona consciente de la lucha de clases está obligada a contribuir en pos de un mundo más humano y más justo.