Ricardo Torres.
El pasado 15 de junio, más de 3 mil trabajadores que laboran en ArcelorMittal México, mejor conocida como Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, estallaron en huelga ante el incumplimiento de la empresa en el pago de sus utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2021.
Después de mes y medio de negociaciones y dos prórrogas que el sindicato otorgó a la empresa para llegar a un acuerdo satisfactorio, los patrones se negaron a pagar el 10% de utilidades que les corresponde a los trabajadores y, por tanto, como se estableció en su emplazamiento a huelga, por unanimidad los trabajadores de la Sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares (SNTMMSSRM) resolvieron colocar las banderas rojinegras.
La empresa declaró que “el conflicto nace de la inconformidad de los trabajadores por las cantidades que les fueron cubiertas el pasado 30 de mayo por concepto de participación de utilidades y que equivalen a tres meses de salario. Dicho pago se realizó íntegra y puntualmente, así como en estricto cumplimiento al tope legal establecido en la Ley Federal del Trabajo”. Y, por su parte, el sindicato informó que “la empresa ArcelorMittal México ha venido violando los derechos de nuestros compañeros. Además, se ha negado a cumplir con su obligación de otorgar el 10% de las utilidades que corresponden a los trabajadores”.
Como vemos, los patrones afirman que realizaron ya el pago de utilidades conforme a la ley, mientras que los trabajadores alegan que se estalló la huelga precisamente por el incumplimiento al 10% en el pago de utilidades establecido por la ley. ¿Cómo entender esta contradicción?, ¿en dónde se encontraba pues el nudo jurídico del conflicto en la huelga de Sicartsa? Veamos.
El artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que “Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas”. Es de todos conocido que la Comisión Nacional determinó, desde hace 37 años, que “los trabajadores participarán en un 10 por ciento de las utilidades de las empresas a las que presten sus servicios” (Diario Oficial de la Federación de 24 de marzo de 1985). Este fue el justo reclamo de los trabajadores y el sustento legal que dio legitimidad indiscutible al estallido de su huelga.
Sin embargo, por otro lado, debemos recordar que en abril del año pasado, el gobierno morenista reformó el artículo 127 de la LFT, al que se le adicionó la fracción VIII, que dice: “El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los tres últimos años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.” Esto explica entonces porqué la empresa alegaba que desde el 30 de mayo cumplió con el pago equivalente a tres meses de salario en estricto cumplimiento al tope legal establecido por la reforma morenista a la LFT.
Este fue el enredo legal que motivó la huelga de Sicartsa, pero los trabajadores de México debemos tener claro que estos son solo subterfugios legales que utilizan los monopolios empresariales, apoyados por los gobiernos a su servicio, para elevar al máximo sus ganancias en detrimento de los ingresos y los derechos de los trabajadores que son los productores directos de toda la utilidad que obtienen los patrones; los asalariados debemos tener claro que, en el fondo, el problema que provoca los conflictos obrero-patronales es la abusiva distribución de la riqueza que los patrones obtienen a costa de la explotación de la fuerza de trabajo de los obreros.
ArcelorMittal México, es una empresa propiedad del magnate del acero Lakshmi Narayan Mittal, uno de los 100 hombres más ricos del planeta, nacido en la India y radicado en Reino Unido, dueño del gigante acerero Mittal Steel Company, la mayor productora de acero en el mundo, fundada en 1976, que actualmente cuenta con más de 300 mil trabajadores a su servicio y operaciones en más de 60 países. En 2007, Lakshmi Mittal adquirió Sicartsa para convertirla en ArcelorMittal México, cuya producción es destinada principalmente al sector energético y a la industria automotriz; tiene una capacidad productiva que ronda en los tres millones de toneladas anuales, dispone de reservas de mineral de hierro estimadas en más de 160 millones de toneladas y genera más de ocho mil empleos directos y cerca de 50 mil empleos indirectos.
Cabe señalar que, en junio de 2019, López Obrador recibió en Palacio Nacional a Lakshmi Mittal, donde el empresario informó que se estaban invirtiendo ya mil millones de dólares en la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas y que tenía proyectado invertir otros mil millones de dólares adicionales en actividades productivas en el país. A cambio de ello, el presidente le ofreció que “la seguridad de sus inversiones van a estar protegidas porque México es una alternativa, una opción, para la inversión”. Tres años después y a raíz de la huelga de trabajadores, la empresa advierte que, de no respetarse la ley, se frenará la inversión de esos mil millones de dólares adicionales. AMLO, el demagogo y fingido enemigo del neoliberalismo, en los hechos, de nueva cuenta se dobló frente al poder económico mostrándose complaciente frente al capital. De inmediato ordenó tomar cartas en el asunto.
Al siguiente día de estallada la huelga, 16 de junio, después de las negociaciones entre el sindicato minero, representado por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia y Víctor M. Cairo, director ejecutivo de ArcelorMittal México, realizadas en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que dirige la morenista Luisa María Alcalde Luján, con la participación del gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se sentaron a negociar hasta alcanzar finalmente el acuerdo que resolvió el conflicto: la empresa se comprometió a pagar a los trabajadores el 10% de las utilidades, a través de un bono especial y extraordinario el 1° de julio, razón por la cual se puso fin al conflicto.
De esta manera, la huelga en Sicartsa demostró que la reforma neoliberal morenista al artículo 127 de la LFT sobre el tope de tres meses al pago de utilidades a los trabajadores fue una clara concesión de AMLO para proteger las ganancias de las grandes empresas que invierten sus capitales en nuestro país. ArcelorMittal México se apegó a esta reforma que le ofrecía mayores ventajas y, de no cumplirse, amenazó con frenar sus inversiones en el país. Como vemos, el capital no está dispuesto a ceder ni un ápice de sus sagradas utilidades.
El morenismo, inmerso en su propio embrollo legal, tuvo que destrabar el entuerto. El emisario de AMLO, Alfredo Ramírez, fue el encargado de presentar las alternativas económicas que el gobierno morenista habría de otorgarle a ArcelorMittal México, a cambio del bono especial compensatorio al pago de utilidades a los trabajadores que puso fin a la huelga.
A pesar de estos enjuagues del poder económico y político en el país, la huelga de los obreros de Sicartsa merece el reconocimiento de los trabajadores de México. La unidad y determinación que mostraron en la defensa de su derecho al pago de utilidades demostró, sin duda, que la cohesión y combatividad de los trabajadores es el camino correcto para enfrentar con éxito al gran capital.
