Sergio Cadena
En una verdadera revolución, la educación juega un papel esencial en los años previos, durante y posterior a la transformación radical de la sociedad. El actual gobierno morenista presume y repite hasta el cansancio que está realizando en México una cuarta transformación (de ahí que se autonombren “gobierno de la 4T”). Según ellos, la primera transformación -léase revolución- estuvo constituida por el movimiento de Independencia que a la postre nos llevó a liberarnos de la tutela y dominio económico y social de España. La segunda, nos dicen, estuvo representada por las Leyes de Reforma, y la tercera por la Revolución de 1910-1917. Esta visión de la historia de México es muy discutible: si bien la revolución de Independencia nos condujo a liberarnos del yugo español, lo cierto es que en su lugar empezamos a sufrir otro peor, el de los norteamericanos; quienes apenas relevando a los españoles, nos hicieron sentir la rudeza de su dominio al arrebatarnos más de la mitad de nuestro territorio. En cuanto a las Leyes de Reforma, la mayoría de los historiadores coincide en que si bien estas fueron decretadas a mediados del siglo XIX, no se llevaron a la práctica sino hasta después de finalizada la revolución de 1910-1917.
Pero vayamos a lo esencial del tema que nos ocupa: ya sea la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta ¿realmente hay una transformación revolucionaria en nuestro país bajo el gobierno de Morena? Para contestar a esta pregunta clave, me voy a permitir hacer abstracción de factores tan importantes como lo son el combate a la corrupción (principal bandera del actual régimen), la seguridad, el crecimiento económico, la asistencia médica, el respeto a la libertad de expresión, la inversión en obras y servicios, etc. Por limitaciones de espacio, me centraré en mencionar solo algunos de los cambios que se han manifestado en el terreno de la educación desde que entró en funciones la presente administración morenista para ver si se logra vislumbrar, por medio de dichos cambios, alguna transformación revolucionaria o por lo menos progresista.
El 13 de septiembre de 2021 apareció en El Heraldo de México un artículo de opinión titulado “La 4 T aprieta presupuesto educativo” escrito por el periodista Alfredo González Castro. Ahí nos comenta que “aunque el gobierno federal se resiste a reconocer que la política educativa en México es un fracaso, las propias autoridades aceptaron que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con el COVID-19 o por falta de recursos económicos”. Dichos datos los dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde el mes de marzo, sin embargo el presidente dijo tener “otros datos” e incluso cuestionó al organismo pidiendo una reforma para que cambie sus parámetros y objetos de estudio. No obstante, posteriormente Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación usó los mismos datos para justificar el regreso a clases. Por fin, ¿quién les entiende? Pero amén de estas claras contradicciones, hay que ver que la posibilidad de que mejore la educación está obstruida por un problema de origen: los montos que se destinan al sector educativo, cada año son menores, relativamente, ya que, aunque la cantidad aumenta de manera absoluta no alcanza para resolver las necesidades del sector, ya que éstas aumentan mucho más. González Castro nos dice que para 2022 “en términos reales, 98.1% del presupuesto sería empleado para cubrir gasto corriente…en contraste, sólo 1.8% sería destinado para la compra, alquiler o mantenimiento de bienes muebles”. Por su parte, el magisterio denunció que de 137 mil 569 escuelas revisadas por el sindicato, casi todas de nivel básico, 31 mil tienen problemas de abasto de agua potable. Otros 48 mil 667 planteles, distribuidos en todas las entidades federativas requieren diversas obras de rehabilitación de infraestructura.
Mención especial merece el hecho significativo de que en este gobierno se canceló, entre otros muchos que beneficiaban a las clases más desprotegidas, el programa de “Escuelas de Tiempo Completo”.
Por el mismo tenor, el primero de diciembre de 2022 Alejandra Llanos Guerrero, escribió en Opinión, el artículo titulado “Gasto en educación para 2023: desigual e inequitativo”. Ahí apunta, entre otras muchas cosas que “para 2023, el gasto público para educación representaría 3.24 puntos del PIB, lo cual se encuentra por debajo de los niveles de prepandemia de 3.84…” Por si esto fuera poco, también menciona que el gasto no responde a criterios de equidad, por lo que la educación pública se ve limitada para igualar oportunidades.
Si a este panorama tan tétrico le agregamos que, no solo prevalecen, sino que se han multiplicado las prácticas de corrupción en el gremio, tales como la venta de plazas, puestos y prebendas políticas para los dirigentes sindicales con la finalidad de acallar cualquier indicio de protesta, etc., etc., etc., ya podremos contestar a la pregunta inicial, respondiendo claramente que no, definitiva y contundentemente no hay ningún cambio (como no sea en retroceso) en lo que a educación se refiere que pueda corresponderse con la necia afirmación repetida una y mil veces en las “mañaneras” de que en México se está llevando a cabo la cuarta transformación. Ni cuarta, ni transformación. Como ya vimos, se trata de vil neoliberalismo disfrazado de populismo.
