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miércoles, 5 de julio de 2023

INEGI revela la realidad sobre la ocupación laboral en México

Federico Hernández

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), acaba de publicar varios indicadores estadísticos de ocupación y empleo en México en su Comunicado de Prensa No. 346/23 del 2 de junio de 2023, que consta de 18 páginas. Son muchos datos y cuadros estadísticos los que aparecen en ese documento, pero echándose un zambullido, leyéndolos con detenimiento, quitando un poco de paja, tomado los datos duros y analizando cómo conceptualiza el INEGI las cifras y resultados, bien podemos sacar conclusiones sobre la difícil situación que priva en nuestro país en relación a la ocupación y el desempleo real. Ni modo: sin números es imposible entender la realidad, y como dijo William Thomson, físico y matemático inglés: “Suelo decir con frecuencia que cuando se puede medir aquello de que se habla y expresarlo en números, se sabe algo acerco de ello…”. Por eso, aunque parezcan engorrosas tantas cifras, éstas son necesarias para los apuntes que haremos y que serán breves por razones de espacio.


Nos dice el documento que en México la Población Económicamente Activa (PEA) en abril del 2023 fue de 60.6 millones de personas, superior en 1.1 millones con respecto a abril del 2022. Por lo que respecta a la Población No Económicamente Activa (PNEA), fue de 39.8 millones de personas, 276 mil personas más que en abril del 2022. Nos precisa el documento que la PNEA es la población que se dedica al hogar, a estudiar, está jubilada o pensionada o tiene impedimentos personales. Desde aquí podemos hacer la primera observación sobre cómo, bajo ciertos conceptos de la PNEA, se esconde la realidad, pues acaso no hay millones de mujeres que trabajan extenuantes jornadas de trabajo en alguna brica u otras fuentes de empleo y, al mismo tiempo, destinan también extenuantes  labores del hogar; hay también millones de mujeres que se dedican exclusivamente al hogar y no se pueden incorporar, aunque lo necesitaran, a la vida productiva en un trabajo, pero no lo hacen pues no hay fuentes de empleos cercanas a donde viven, no tienen guarderías de tiempo completo para dejar a sus hijos, etc. Lo mismo pudiéramos decir de jóvenes universitarios que tienen necesidad de trabajar para sostener sus estudios y quedan agrupados en la PEA y no en la PNEA.

 

Sigamos. De ese universo de la PEA, según datos del INEGI, 58.9 millones de personas que representa el 97.2 por ciento del total, estuvieron ocupadas durante abril de 2023; las personas subocupadas, que para el INEGI son las que declaran tener necesidad y disponibilidad de trabajar más horas, fue de 4.9 millones de personas (8.4%). La población desocupada fue de 1.7 millones de personas en abril de 2023. Por lo que la tasa de desocupación (TD) fue de 2.8 % de la PEA, 0.2%. Como veremos más adelante este concepto de “personas ocupadas” incluye a las subocupadas (las que trabajan menos horas de lo que pudieran trabajar) y a las que están en la informalidad sin servicios de seguridad social y sin prestaciones. Por eso ese 97.2 % de población que “está ocupada”, que es un porcentaje elevado, es engañoso. Pareciera que en nuestro país la mayoría de la población en edad de trabajar esta “ocupada”. Pero necesitamos descender al detalle y ver cuál es su ocupación, cuáles son sus condiciones de trabajo y, sobre todo, cuál es su remuneración.


Veamos ahora, cómo se divide la población ocupada y qué porcentaje representa (esto nos empieza a decir ya algo sobre lo que señalamos más arriba que las cosas no son tan halagüeñas como no lo parece indicar el porcentaje de gente “ocupada”). De los 58.9 millones de personas ocupadas tenemos que unos 40 millones (67.9 %) son trabajadores subordinados y remunerados ocupando un puesto; 13.2 millones de personas (22.4%) son trabajadores independientes o por su cuenta sin contratar empelados; 3.2 millones (5.5%) son patrones y empleadores, 2.4 millones (4.2 %) se ocupan en parcelas o negocios familiares.


Aquí cabría preguntar, más allá del simple dato general de 13.2 millones, ¿quiénes forma este grupo de ocupados que son independientes? Albañiles, taxistas, profesionistas que trabajan por su cuenta, es decir, trabajadores que no tienen un ingreso seguro, que tienen que atenderse cuando se enferman ellos o su familia, si es que pueden, en consultorios de farmacias que ofrecen medicamentos genéricos; que no tienen las demás prestaciones laborales como vacaciones, aguinaldo, utilidades, etc. ¿Y quiénes son los que se ocupan en parcelas y negocios familiares? Acaso los que tiene puestos de tacos, peluquerías, tiendas de abarrotes, etc. Como vemos no podemos quedarnos en la superficie de los datos, los trabajadores debemos estudiar estas cifras que nos da el INEGI y de esa manera comprender la situación en que nos encontramos como clase trabajadora.


Llegamos a la parte en que el reporte del INEGI nos revela la grave situación que hay en el país en relación al empleo. En las páginas 8 y 9 se informan las cifras correspondientes a la informalidad y nos dicen: “La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. Así, se incluyen- además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal- otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como los que laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas. En abril de 2023, la población ocupada en la informalidad fue de 32.2 millones de personas y la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) fue del 54.7% de la población ocupada”. Tenemos pues del universo de 58.9 millones de personas ocupadas, y de esas 26.6 millones de personas laboran en la formalidad y 32. 2 millones de personas en la informalidad. amable lector escuchó usted bien ¡32 millones de mexicanos trabajan en la informalidad! El 54% de la población ocupada trabaja sin tener seguro social, sin tener un salario estable, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin registro de antigüedad, etc. En fin, en una situación de zozobra e incertidumbre de qué pasará en el día a día.


Es de reconocer el esfuerzo que hace el INEGI por proporcionarnos información sobre la realidad económica y social de nuestro país. Sabemos que, aunque se dice un órgano “autónomo con gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, en los hechos no va a descorrer totalmente el velo que cubre la realidad dantesca que vive México. Aun así, las encuestas de empleo y desocupación que nos presenta el INEGI, si analizamos y relacionamos los números y no vemos en ellas solo simples cifras, sino personas de carne y hueso, obreros, campesinos, empleados pobres, comerciantes ambulantes, etc., entonces podremos confirmar que las cosas no andan tan bien como las pinta este gobierno farsante y embustero de la 4T.


En un país de régimen neoliberal o capitalismo salvaje, como el que rige actualmente en México, nunca se alcanzará el pleno empleo ya que no es del interés de los empresarios capitalistas ni del Estado que los representa (su junta de notables) dar empleo bien remunerado a toda la población; su interés exclusivo es la obtención de la máxima ganancia. Y si para eso se necesita tener en paro total o parcial a millones de trabajadores, se hará sin contemplaciones. Los trabajadores de México debemos tomar consciencia de nuestra situación como clase explotada, nuestro papel en la sociedad como clase que produce la riqueza social y que, sin embargo, vive en la pobreza; debemos saber que sólo conscientes, organizados y luchando podremos mejorar nuestras condiciones de vida y, al mismo tiempo, por la vía democrática, podremos impulsar un gobierno de y para los trabajadores. Solo así estaremos en condiciones de construir una sociedad más justa y equitativa.


martes, 9 de mayo de 2023

Acerca de la constancia de representatividad

Ricardo Torres

        El 1° de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con la que se ejecutó y dio continuidad a la reforma constitucional en materia de justicia laboral promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto (publicada el 24 de febrero de 2017). Entre muchas otras modificaciones, esta nueva reforma a la LFT estableció un plazo de cuatro años para que los sindicatos legitimaran sus Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), mediante el voto personal, libre y secreto de sus agremiados, es decir, a través de una consulta directa a los trabajadores para determinar si conocían y aprobaban el CCT que se tiene suscrito entre su sindicato y la empresa donde laboran.


El plazo de los cuatro años para legitimar los CCT inició el 1° de mayo de 2019 y venció el pasado 1° de mayo de 2023 y, por tanto, aquellos CCT que no se hayan ratificado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), se dieron por terminados. Los resultados de dicho proceso de legitimación fueron reveladores: de los 140 mil CCT existentes, tan solo 20 mil fueron legitimados (14 por ciento), lo que significa que en México poco más de 4 millones de asalariados están sindicalizados. De modo que los 120 mil CCT que no se legitimaron ya expiraron.


Pero detengámonos un poco más para insertar este resultado en las cifras globales de la población laboral y así dimensionar su significado. De un universo de 130 millones de mexicanos, la Población Económicamente Activa (PEA) actual rebasa los 60 millones, de los cuales en la economía informal laboran más de 32 millones de mexicanos y en la economía formal aproximadamente 25 millones de trabajadores asalariados (cerca de 22 millones inscritos al IMSS y casi 3 millones inscritos al ISSSTE). De modo que, en relación a los 60 millones de mexicanos que conforman la PEA, solo el 6.6 por ciento está sindicalizado; y en relación a los 25 millones de trabajadores asalariados que laboran en la economía formal,  solo el 16 por ciento esta sindicalizado.


Estos datos duros, además de mostrarnos una de las muchas razones que explican la pobreza en que vive el trabajador y su indefensión jurídica frente a los abusos de los dueños del capital, confirmaron que del total de los CCT registrados ante las autoridades del trabajo el 86 por ciento se suscribieron a espaldas de los trabajadores y, por consiguiente, solo para proteger los intereses de las empresas, eran pues contratos de protección. En términos generales, no existe justicia laboral para la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos.


Ahora bien, después de concluido el proceso de legitimación de los CCT, la reforma laboral de 2019 establece un nuevo requisito para solicitar la firma de un CCT (porque nunca lo han tenido o porque no fueron legitimados): la obtención de una Constancia de Representatividad. Veamos.


La LFT reformada, en sus artículos 390 y 390 Bis, establece que para solicitar la firma de un CCT inicial, el sindicato deberá entregar, entre otra documentación, una Constancia de Representatividad que es emitida por el CFCRL, misma que tendrá una vigencia de solo seis meses. Para obtener dicha Constancia de Representatividad el sindicato deberá promover ante el CFCRL una solicitud que contenga el respaldo de por lo menos el 30 por ciento de los trabajadores que laboran en la empresa donde se quiera suscribir el CCT, es decir, un listado que deberá incluir el nombre, CURP, fecha de contratación y firma autógrafa de los trabajadores que respalden al sindicato solicitante.


El CFCRL publicará en su sitio de Internet el aviso de solicitud de Constancia de Representatividad, asimismo fijará dicho aviso en el centro de trabajo y solicitará al patrón que lo coloque al interior del centro laboral en los lugares de mayor afluencia para hacerlo del conocimiento a los trabajadores y a cualquier otro sindicato que también desee obtener la Constancia de Representatividad.


En caso de que concurran dos o más sindicatos, el CFCRL validará que los sindicatos contendientes acrediten el respaldo de por lo menos el 30 por ciento de los trabajadores cubiertos por el CCT, en cuyo caso procederá a recabar la información necesaria para elaborar un padrón y, previa convocatoria de la autoridad registral, definirá día y hora en que los trabajadores serán consultados mediante voto personal, libre, directo y secreto, para definir cuál de los sindicatos solicitantes tiene el respaldo mayoritario de los trabajadores. El sindicato que obtenga la mayoría de votos recibirá la constancia emitida por el CFCRL.


De esta manera, una vez obtenida la Constancia de Representatividad, el sindicato demandante estará en condiciones de solicitar al CFCRL se admita el emplazamiento para obtener la firma del CCT. De nueva cuenta el CFCRL verificará que el contenido del CCT propuesto sea aprobado por la mayoría de los trabajadores a través del voto personal, libre y secreto.


Que los trabajadores conozcan su CCT y estén en posibilidades de participar en su aprobación o rechazo es, sin duda, un paso hacia adelante en la vida laboral del país. Si bien este nuevo requisito de la Constancia de Representatividad pretende acabar con los vicios, la simulación, los emplazamientos de extorsión contra los patrones o los contratos de protección suscrito a espaldas de los trabajadores, lo cierto es que oculta los aspectos regresivos y contrarios a la libre sindicalización de los trabajadores, por ejemplo en el hecho de que, al presentar la lista con el nombre, CURP, fecha de contratación y firma autógrafa de los trabajadores que respalden al sindicato solicitante, estos  quedan expuestos al despido masivo y fulminante si esa lista llega a manos de los patrones, o bien si la entrega de la Constancia de Representatividad, como en el caso de la toma de nota, es negada por intereses sindicales o políticos.


A pesar de la viejas y nuevas chicanas para impedir la libre sindicalización de los trabajadores, existe una clara coyuntura en la vida laboral del país: los viejos charros de la CTM contra los nuevos charros de morena, los antiguos charros que se niegan a perder sus privilegios contra los nuevos charros que buscan engullirse el mayor número de CCT para acrecentar el voto seguro en favor de Morena. El respeto a los derechos de los trabajadores les importa un bledo.


No obstante, debemos servirnos de esta coyuntura que nos ofrece la nueva reforma laboral; los trabajadores debemos aprovechar la oportunidad para participar, decidir sobre la conveniencia o no de nuestros CCT, unirnos en defensa de nuestros derechos laborales y construir así un sindicalismo genuino que en verdad luche por mejorar nuestras condiciones de trabajo.