Ricardo Torres
El pasado 23 de junio, en la Ciudad de México, de nueva cuenta médicos, enfermeros, personal técnico y empleados administrativos del sector salud, por más de seis horas salieron a las calles en distintos puntos de la capital exigiendo solución a sus demandas laborales así como dotación de medicamentos, insumos y habilitación del equipo médico necesario para la adecuada atención de los miles y miles de pacientes que requieren eficientes servicios hospitalarios; protestas que se realizaron a unos días de que el gobierno de la Ciudad de México firmara el convenio de integración del sistema de salud de la CDMX al sistema IMSS-Bienestar.
Dichas protestas se realizaron principalmente frente o en un perímetro cercano a los hospitales Pediátrico Legaria, Topilejo, Materno Pediátrico de Xochimilco, Gregorio Salas, Moctezuma, Iztapalapa, Inguarán, Balbuena, Hospital de la Mujer, Ajusco Medio y General de Tláhuac, entre otros. Los trabajadores de la salud demandan basificación de la plantilla laboral; salarios justos, dignos y equitativos; pago retroactivo para todo el personal al que se le deben salarios; mejoras sustanciales en la Condiciones Generales de Trabajo; reconocimiento de su antigüedad; así como la habilitación de equipo médico, por ejemplo los de rayos X, tomografía o resonancia magnética, así como el abasto permanente de medicamentos e insumos necesarios para brindar una adecuada atención médica. En suma protestan por la creciente precarización laboral que sufren y por la falta de recursos públicos asignados al sector salud para equipamiento e insumos.
Cabe destacar la denuncia realizada por la Unión Nacional de Enfermería Mexicana (UNEM) en el sentido de que el nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar no reconoce los estudios de licenciatura y posgrado en enfermería lo que limita su acceso a un mejor salario.
Por su parte, el gobierno morenista de la CDMX, ahora encabezado por Martí Batres, solo ofreció “mantener el diálogo con el personal de salud” a través de las “mesas de diálogo con personal de Concertación Ciudadana de las secretarías de Gobierno, Administración y Finanzas y de Salud de la CDMX”, afirmando, como la ha hecho desde hace ya algunos años el gobierno morenista, que “habrá plazas seguras para todos los trabajadores de la salud”. Demagogia, demagogia y más demagogia.
Basta recordar que, durante su campaña, AMLO se comprometió a establecer un sistema universal y gratuito de salud pública; en 2020, ya como presidente, anunció que tendríamos un sistema de salud “como en Dinamarca, Canadá o Reino Unido”. Y a poco más de un año de concluir su sexenio y frente a las legítimas protestas de los trabajadores de la salud en la CDMX y del resto del país, ofrecen solo diálogo y la promesa de plazas seguras. Falso de toda falsedad. El gobierno morenista ¡Miente!
Estamos frente a las consecuencias inevitables de un gobierno que, con el falso discurso de la austeridad republicana y la pobreza franciscana, redujo y sigue recortando el presupuesto destinado a la salud en particular, y en general a todos los sectores y ámbitos de la vida social, para destinarlo a sus programas electoreros de asignación monetaria directa, es decir, para obtener de esta manera el apoyo electoral necesario para conservar el poder político del país. Una política de abierta mediatización política por la vía monetaria.
Además, está aplicando un proceso de federalización de los servicios de salud con el cual el Gobierno federal, a través del IMSS-Bienestar se hará cargo de todo el sistema de salud de los estados de la república, con el objetivo de establecer un control absoluto sobre las plazas de los trabajadores de la salud. Sin embargo, la navaja dentro del pan consiste en que en dicho proceso de federalización la asignación de plazas estará determinada por el Gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) a quien se reconoce como el representante legal, legítimo y único titular de los derechos laborales de los trabajadores de la salud, lo que significa que la recontratación definitiva como trabajadores de base será entonces selectiva, discrecional y estará condicionada a su afiliación obligatoria al SNTSA, esto es una flagrante violación al derecho de los trabajadores a la libertad sindical.
En este sentido, los trabajadores mexicanos debemos tener presente lo que dice la fracción IV del artículo 133 de la LFT: “queda prohibido a los patrones obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe representarlos en la negociación colectiva.” Por tanto, obligar a los trabajadores de la salud a afiliarse al SNTSA, a cambio de obtener su recontratación definitiva como trabajadores de base de la Secretaría de Salud, no solo es una coacción y una violación a la ley, sino una canallada electoral urdida por el gobierno morenista.
Las protestas de los trabajadores de la salud, como hongos, siguen brotando en todos los estados de la república, son legítimas y no solo pretenden resolver la precariedad laboral que sufren directamente, sino que al mismo tiempo exigen la asignación de presupuesto para mejorar la atención médica de millones de pacientes, por tanto, se trata de una justa lucha que debe ser respaldada solidaria y decididamente por el pueblo pobre de México que también sufre en carne propia el desabasto de medicamentos, insumos, equipos y la falta de una atención médica de mayor calidad. Todo nuestro apoyo a la lucha de los trabajadores del sector salud.
