Ulises Bracho
Han dicho los economistas que el trabajo es la fuente de toda la riqueza que podemos observar y gozar en el mundo, una condición básica y fundamental de toda la sociedad a tal punto, dijo Federico Engels, que el trabajo ha creado y desarrollado a los seres humanos. Es decir, las necesidades de satisfacer su supervivencia social llevaron al hombre a estimular sus órganos (la destreza de sus manos, el perfeccionamiento del cerebro y la creación del lenguaje, por ejemplo) para desarrollar la capacidad de adquirir y producir sus alimentos, calzarse, vestirse hasta edificar enormes ciudades para su comodidad y pleno desenvolvimiento.
Actualmente, en gran parte de los países el avance industrial y tecnológico ha llegado a tal punto de resolver las necesidades de cada sociedad produciendo los bienes materiales en menor tiempo. En este sentido, el trabajo social que se requiere para producir las mercancías, en estricto sentido, se ha reducido formidablemente, de tal manera que, por dar un ejemplo, para producir un par de zapatos hemos pasado de una inversión de tres meses de trabajo artesanal a tres minutos en las fábricas modernas, esta última en una escala mayor de producción. Por tanto, podemos decir que las jornadas laborales debieran tender a reducirse en la producción de mercancías, sin embargo, el hambre de ganancia de los capitalistas impone la prolongación de las jornadas laborales del trabajador y horas extras que eleven la productividad, a costa de la explotación y de las malas condiciones de trabajo.
Entonces, ante la marcha histórica de la lucha de los trabajadores por mejores salarios, por la reducción de la jornada laboral, por tener el derecho a organizarse en sindicatos, a su pensión, salud y vivienda, ¿por qué la clase obrera productora de toda la riqueza social sigue sufriendo hambre y miseria dentro de la sociedad capitalista moderna? En otras palabras, ¿por qué la clase trabajadora no cuenta con un trabajo digno?
El trabajo digno está amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo (LFT). En el artículo 123 de nuestra Constitución dice que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. La LFT precisa en su segundo artículo que el trabajo digno es “aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador”.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es un organismo especializado de la ONU, a diferencia de la LFT, utiliza el término “trabajo decente” que enfatiza en la oportunidad que tiene el trabajador para acceder a un empleo productivo que genere ingresos justos, seguridad en el trabajo y protección social para su familia.
En este sentido, el trabajo digno predispone al ser humano a que se desarrolle personalmente y lo integre a la sociedad, donde pueda expresarse libremente, se organice y participe en las decisiones que afectan su vida y exista igualdad de oportunidades para todos. Sin embargo, una cosa es lo que está estipulado en nuestras leyes y otra muy distinta es lo que ocurre en la realidad.
En muchas ocasiones, los trabajadores acceden a laborar en cualquier trabajo que les resuelva lo más elemental: el hambre. Si les va bien en su búsqueda, solicitan un buen salario y si no es mucho pedir, que tengan acceso a algunas prestaciones. Es decir, su concepto de trabajo digno se reduce a lo más elemental sin profundizar en lo que realmente, por ley, les corresponde como productores de toda la riqueza social. Al no tener conciencia de sus derechos laborales, se ven enredados en engaños como aquel donde el patrón “solicita empleado, ofreciendo un salario semanal de $1,200 y además con derecho a prestaciones”. Aprovechándose de la escasez de trabajo, los patrones suelen decirle al trabajador “esto te doy si trabajas para mí y seamos buenos amigos”, cuando el derecho a un trabajo bien remunerado y el acceso a las prestaciones es un derecho que toda empresa está obligada a cumplir y no está en función a la caridad del patrón.
La realidad es que “el 61% de la población ocupada en el país no cuenta con acceso a una institución de salud, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)” (El Economista, 2021) y al menos 6 de cada 10 mexicanos carece de las condiciones de protección social; el esquema con los trabajadores asalariados –que se supone que en las respectivas empresas el Gobierno supervisa el cumplimiento de sus obligaciones– el 34% en México labora sin prestaciones. La práctica del trabajo digno no se aplica ni de lejos en la cotidianeidad de los trabajadores, porque en realidad no se ataca el problema de fondo: la inequitativa distribución de la riqueza social generada por los obreros. Es decir, engañan a la clase obrera ofreciéndole condiciones laborales que parecen progresistas, pero en realidad solo atenúan el problema más no lo eliminan.
La clase trabajadora debe ir comprendiendo que en esta sociedad capitalista, quienes nos gobiernan son aliados de los patrones y, por tanto, jamás accederán a respetar el trabajo digno, porque dicho cumplimiento significa la reducción de las ganancias de los grandes capitales. Son entonces los propios trabajadores organizados y conscientes de su papel histórico quienes deben defender sus derechos hasta sus últimas consecuencias, y si exigir una distribución más equitativa de la riqueza social que ellos mismos producen los obliga a transformar el modelo económico existente y tomar en sus manos el poder político del país, entonces eso se tendrá que hacer.
