El pasado 24 de mayo del año en curso, en una escuela primaria ubicada en la localidad de Uvalde, en Texas, Estados Unidos, un joven de 18 años que acababa de adquirir un rifle AR-15 y cargadores de alto poder, ingresó al plantel escolar, se introdujo en una de las aulas y comenzó a disparar contra los alumnos, arrojando un saldo de 19 niños y dos maestras muertos. Finalmente, agentes de la policía asesinaron al agresor.
Después de la masacre en diciembre de 2012, en la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, donde el homicida, tras matar a su madre, irrumpió en la escuela para asesinar a seis adultos y 20 niños; seguida de la matanza en 2018 en una secundaria de Parkland, Florida, donde el agresor asesinó a 17 personas y dejó heridas a otras 20; este nuevo episodio en Uvalde, Texas, ha sido la peor masacre escolar en la última década. Para dimensionar las consecuencias de este problema basta señalar que durante los últimos 13 tiroteos masivos en escuelas en Estados Unidos han muerto 146 niños y adultos, dejando, además, 182 heridos entre estudiantes, profesores y adultos (https://theconversation.com/20220524).
Pero como todos sabemos, los tiroteos y el uso indiscriminado de armas de fuego en la unión americana no solo han tenido mortales consecuencias en los centros de estudio, sino también en iglesias, conciertos y otros lugares públicos: a decir de Everytown For Gun Safety, organización civil que desde hace años lucha por un mayor control en la venta de armas en Estados Unidos, el 58% de los estadounidenses reportó que ellos o algunos de sus seres queridos han vivido violencia con armas de fuego al menos una vez en su vida; más de 40 mil estadounidenses mueren cada año en actos de violencia con armas de fuego y unas 85 mil más resultan heridos por el mismo motivo: 110 personas mueren cada día por disparos con armas de fuego; en lo que va de 2022, se han registrado 213 tiroteos masivos en el país norteamericano; 9 de cada 10 sobrevivientes de alguna balacera reportó haber sufrido un trauma físico o psicológico a causa del incidente; en promedio, la policía de Estados Unidos mata a disparos a tres personas todos los días (mundo.sputniknews.com/20220526). En suma, existen pues más tiroteos masivos en Estados Unidos que en cualquier otra parte del planeta.
Coincidentemente el arma que utilizaron los homicidas en Connecticut, Florida, Las Vegas, y ahora en Texas, fue el rifle AR-15 de alto poder semiautomático fabricado por la empresa Remingtón; se calcula que existen más de ocho millones de rifles AR-15 en posesión de la ciudadanía estadounidense y, en general, más de 300 millones de armas de fuego en manos de civiles: en promedio por cada diez habitantes hay nueve armas de fuego en sus manos, siendo la proporción más alta del mundo. Esto en virtud de que se mantiene vigente e inamovible la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada desde 1791, donde se declara que “…el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido.” Por tanto, desde entonces, el argumento jurídico de poseer armas de fuego como un “derecho de los ciudadanos estadounidenses” se ha convertido en un jugoso y multimillonario negocio en favor de un puñado de empresarios fabricantes de armas.
Y en el colmo del descaro, en medio de una ola de protestas públicas, a dos días del tiroteo en Uvalde, Texas, en ese mismo estado de la unión americana, se celebró la Convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) que cuenta con más de cinco millones de miembros, donde la organización promovida por las empresas fabricantes de armas continúan ofreciendo al público la venta de un enorme muestrario de armas de fuego de diferente tipo y calibre, miras telescópicas, ropa de camuflaje, cuchillos, machetes, y un largo etcétera de accesorios de combate. El mensaje central emitido por los dirigentes de la NRA y personalidades políticas invitadas en dicha convención fue que la masacre en Uvalde fue culpa de “un criminal solitario y trastornado” y, por tanto, “no hay necesidad de más regulaciones que rijan la compra de armas en Estados Unidos”. Más bien, dijeron, “las escuelas deberían ser ‘reforzadas’ con guardias armados y otras salvaguardias, y deberían tomarse más medidas para encarcelar a los delincuentes e identificar a los enfermos mentales.”
Por su parte, con la intención de eludir su responsabilidad y desviar la atención de la sociedad norteamericana que con justa razón reclama seguridad para sus hijos y sus familias, el Gobierno norteamericano promueve con insistencia en los medios de comunicación que el agresor, Salvador Ramos, era un joven “introvertido y de familia disfuncional” y que “la policía actuó tarde en el tiroteo de Uvalde”.
Como podemos observar, el Gobierno norteamericano y los dueños de las empresas fabricantes de armas hacen esfuerzos por propagar ante la opinión pública una falsa explicación de las causas que provocan estas masacres en las escuelas, para luego justificar las fingidas medidas para enfrentarlas. Bastará entonces, según estos señores, con destinar recursos económicos en programas de apoyo psicológico y emocional para atacar el problema de la salud mental de los jóvenes estudiantes “introvertidos y de familia disfuncional” que se perfilan como potenciales homicidas; y destinar un mayor número de policías en las escuelas para que actúen rápidamente en caso de un tiroteo y… asunto arreglado. Este es el Gobierno que pretende imponer en el mundo su criminal y desigual modelo económico, político y social.
Si ahondamos un poco más en el problema encontraremos que la resistencia del Gobierno norteamericano para establecer una legislación que en verdad restrinja con severidad el control y uso de armas, obedece no solo a los intereses económicos de las empresas que fabrican, distribuyen y venden armas en Estados Unidos y el mundo entero, sino que, además, dicha resistencia obedece también a la íntima relación y dependencia que existe entre este puñado de empresarios multimillonarios y la clase política norteamericana: los amos del dinero son, finalmente, quienes respaldan económicamente la proyección de los políticos y el gobierno en turno que habrá de resguardar sus intereses. Así las cosas, los principales grupos de influencia económica y política en Estados Unidos, como lo es la NRA, cabildean permanentemente en Washington para evitar cualquier legislación que intente disminuir las ganancias de su lucrativo negocio.
En consecuencia, los verdaderos responsables de la tragedia en Uvalde, son los dueños de la industria armamentista y el Gobierno norteamericanos que continúan privilegiando la venta de armas en favor del capital por encima de la vida humana y la seguridad de los estudiantes en las escuelas.
La desquiciada política hegemónica del imperialismo norteamericano por adueñarse del mundo entero, sus anhelos de dominio económico y político sobre el resto de los países del orbe, su poder de destrucción para imponer y someter a las naciones por la vía de la intervención armada, son elementos que hoy, inevitablemente, se revierten contra su propia colectividad. El culto a la violencia y las armas, la visión individualista de mundo, el odio exacerbado hacia otras naciones, religiones, razas o personas, son los valores sembrados por el imperialismo en la sociedad norteamericana que explican su elevado nivel de violencia y las lamentables tragedias como la ocurrida ahora en Uvalde, Texas; síntomas inequívocos de la irreversible decadencia del imperialismo norteamericano.
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