Han pasado 8 años desde que los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas emitieron una resolución que plantea alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los cuales se proponen erradicar la pobreza en todo el mundo, proteger el planeta y garantizar la prosperidad y paz, fijando el año 2030 como plazo para lograr dichos objetivos.
En el ODS #8 proponen lograr el “trabajo decente y crecimiento económico”, lo que quiere decir, según explican los expertos, que todos los trabajadores tengan un empleo formal en el que se respeten cabalmente sus derechos, es decir, entre otras cosas, que cuenten con un contrato por escrito para su protección legal, seguridad social y tengan garantizado el derecho a organizarse sin restricción alguna en el sindicato que mejor represente sus intereses.
¿Qué ha ocurrido durante esta primera mitad del plazo establecido? Nada que se pueda llamar alentador. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), basta con que uno solo de los aspectos a calificar falte para considerar que no hay “trabajo decente”. En México, 6 de cada 10 trabajadores no tienen condiciones de empleo digno. Más de 33 millones de mexicanos, el 55 por ciento de la Población Económicamente Activa, trabaja en la informalidad, o como dicen para que no se oiga tan feo, se “autoemplea” y así, a diario podemos ver cómo deambulan por todas partes, vendedores de todo tipo de mercancías. A los trabajadores no se les respetan sus derechos más elementales, las cifras oficiales dicen que el 66.6 por ciento no cuenta con ningún tipo de seguridad social, el 42.9 por ciento trabaja sin que exista por escrito un contrato que establezca las condiciones de trabajo, mientras que sólo el 12.7 por ciento de los trabajadores pertenece a un sindicato. Estas cifras son casi las mismas de hace 8 años, cuando inició el reto. Es decir, la clase obrera mexicana sigue laborando en las peores condiciones sin que los ODS se hayan podido concretar porque su aplicación depende de la buena voluntad de empresarios, gobierno y “sociedad civil” para tomar acuerdos.
Quienes por ejemplo laboran en la industria refresquera, en la maquila de ropa, las granjas porcinas o avícolas, de la ciudad de Tehuacán y zona conurbada, salvo honrosas excepciones que debemos reconocer, no gozan de mejor suerte. Saben, porque lo sufren en carne propia, que las cifras expuestas reflejan su realidad con un alto grado de exactitud, las carencias laborales y las injusticias que soportan porque “no les queda de otra”.
Pero los trabajadores deben saber que el sufrimiento y los abusos laborales que padecen en Tehuacán, en todo Puebla y el país entero, los unifica, los hace hermanos de la misma clase explotada, y es ahí donde radica su fuerza para revertir la situación. Hay ejemplos, llenos de heroísmo, en la historia de nuestro país que demuestran que las condiciones laborales desfavorables para el obrero sí pueden cambiar y que se puede alcanzar el ansiado “trabajo decente” a condición de dos cosas, que los obreros se concienticen y luchen organizadamente. Solo así cambiarán.
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