¿SERÁ CIERTA LA ELIMINACIÓN DEL OUTSOURCING?

 

Por: Humberto Castro

Con gran despliegue informativo, en la conferencia matutina del 12 de noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa contra el outsourcing  para lo cual también se deben actualizar la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal y las leyes del IVA, ISR, del Seguro Social y del Infonavit. Como era de esperarse, la noticia fue bien recibida por muchos trabajadores mexicanos, quienes han sufrido en carne propia los estragos de esa forma de contratación que fue aprobada en la legislación desde 2012.

Como señalamos en esta publicación, en artículos anteriores, en que rechazamos el outsourcing, esta forma de contratación de personal por parte de las empresas viene de una palabra del inglés que se traduce como subcontratación y consiste en que la empresa que recibe el trabajo y esfuerzo de los empleados no es la que los tiene contratados sino una empresa a la que se llama terciaria, por eso al outsourcing también se le conoce como terciarización. Pues bien, los trabajadores que han laborado bajo este esquema han sufrido limitaciones al ejercicio de libre organización y, por tanto, están impedidos de ejercer también la negociación colectiva; se han enfrentado al problema de salarios más bajos, no hay reparto de utilidades, no se les respeta su antigüedad o se les despide y recontrata para que no la generen, al no generar antigüedad  se les afecta en su pensión, en el fondo de vivienda y, si hay despido, salen afectados en sus indemnizaciones. El outsourcing les perjudica hasta en el aguinaldo, licencias de maternidad e incapacidades.

A partir de que fue aprobada esta forma de contratación en 2012, se ha generalizado en todo el país, a grado tal que de las grandes, medianas y hasta algunas de las pequeñas empresas utilizan este mecanismo de contratación con la finalidad de ahorrarse miles de millones de pesos que debieran percibir los trabajadores de acuerdo con la ley. Bueno, hasta el Gobierno federal y gobiernos locales tienen contratados decenas de miles de trabajadores con este esquema para ahorrarse dinero a costa del sudor de sus empleados. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoce más de cuatro millones y medio de trabajadores bajo este esquema.

Por tales circunstancias, muchos trabajadores de buena fe pensaron que ahora sí, con la iniciativa mencionada, mejoraría su suerte y sus ingresos, aún más cuando escucharon las “tronantes” palabras del presidente: “el outsourcing es injusto y es inmoral”, “en mi gobierno eso se va a acabar”, “se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y afecta a los trabajadores” y para eso es esta iniciativa “para que haya un mercado laboral más justo”, “no queremos hacer una reforma que puedan burlar de nuevo”.

Y efectivamente, si la reforma se aprobara y aplicara tal como fue presentada a la Cámara de Diputados, atacaría los siguientes puntos:

1.- Prohibiría la subcontratación de personal que consiste en que una persona moral o física proporcione trabajadores propios en provecho de otra.

2.- Sólo se permitiría la prestación de servicios especializados que no sean parte del objeto social o de la actividad económica de la empresa que se beneficie de los mismos.

3.- Las empresas que contraten la prestación de servicios con algún contratista serán responsables solidarios de los trabajadores que los presten.

4.- Las empresas que otorguen servicios especializados deberán tener autorización por la STPS y deberán renovarla cada tres años.

5.- Se permitirá que existan agencias de colocación pero en ningún caso serán consideradas como patrones.

6.- Si se violan esas normas las multas podrán ir de 173 mil pesos a más de 4 millones 300 mil pesos y aumentarán cuando aumente la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

7.- Las irregularidades en materia de pago de impuestos se castigarán como delito de defraudación fiscal.

Sin embargo, apenas se hizo pública  la iniciativa, de inmediato protestaron los empresarios: el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos, calificó de traición al sector privado la firma de la iniciativa por parte del Gobierno federal; Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) dijo que con esa iniciativa se ponen en peligro 4.5 millones de empleos que existen bajo esa modalidad laboral; protestó también el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otras asociaciones de empresarios como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO). Y como siempre ocurre, después de las tronantes afirmaciones de AMLO, que utilizó sólo para aparentar ante los trabajadores del país que no está de acuerdo con el outsourcing, 15 días después, tanto él como los legisladores, que son mayoría de Morena y aliados, dieron marcha atrás a la aprobación inmediata de la iniciativa y decidieron “escuchar las propuestas de los empresarios”.

Allí ya pintaba mal el procedimiento porque no se aprobó de inmediato la reforma como había anunciado AMLO, aun teniendo todas las condiciones para hacerlo, puesto que su partido tiene mayoría en las Cámaras donde debe aprobarse la iniciativa. Pero hay otras señales posteriores que nos indican que el radical anuncio de acabar con el outsourcing sólo fue un desplante propagandístico y que lo único que busca el Gobierno federal es lavarse las manos ante esa nociva práctica de sobreexplotación a que está expuesta la fuerza laboral mexicana.

 Enseguida, a sabiendas el gobierno de la 4T del papel charril y entreguista con los patrones que han tenido varios líderes, llama a una reunión de empresarios y líderes de algunas centrales obreras (CTM, CROC, CTC, CATEM, UNT) para escuchar sus opiniones y que se pongan de acuerdo en relación al problema del outsourcing. ¿Qué resultados se obtuvieron de esa reunión? Lo que el Gobierno esperaba: retrasar la discusión y aprobación de su iniciativa haciendo caso de la petición de los empresarios. Resultó entonces que los patrones y centrales allí presentes acordaron “pedir” a la Cámara de Diputados que la iniciativa la discutiera no de inmediato sino para febrero de 2021. Con esta acción ya podrá decir el gobierno de la 4T que el contenido y la posposición de la aprobación de la iniciativa no serán culpa suya sino de los empresarios y los dirigentes de las centrales mencionadas. Esta forma de actuar del Gobierno federal, es decir, el sumar a otros actores en la discusión y aprobación de la iniciativa, es otra jugada para no aprobarla tal como fue propuesta originalmente, pero descargando la responsabilidad en esos nuevos actores.

Sin embargo, en esa reunión de empresarios y líderes de centrales obreras se tomó otro acuerdo por demás perverso y negativo para los trabajadores. Tal acuerdo fue que junto con el asunto del outsourcing también se tenía que “definir un sistema de utilidades justo y evitar discrecionalidad en su pago”. Si los anteriores elementos ya indican un sesgo negativo en relación a la discusión de la subcontratación, agregar el asunto de las utilidades es permitir que los líderes empresariales acepten regular la terciarización pero utilizando como moneda de cambio el 10 por ciento de utilidades que siempre han sido reacios a pagar a cabalidad a sus trabajadores. Esta parte del acuerdo, en nuestro punto de vista, es otro elemento para considerar que se está dando marcha atrás en la iniciativa presentada.

Por si no bastaran esos elementos para prever que el anuncio de que “se va a desaparecer el outsourcing” (promesa de AMLO del 12 de noviembre) “que desaparecería de inmediato en la administración pública federal esa forma de contratación” (promesa de AMLO del 18 de noviembre) fue puro cuento; el diario El Universal del 6 de enero de 2021, mediante una nota titulada “Dependencias federales desoyen a AMLO en outsourcing”, exhibió que varias secretarías firmaron en el mes de diciembre contratos para el año 2021 bajo el esquema de subcontratación para sus trabajadores: la Secretaría del Bienestar, de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otras. No es que esas dependencias desoigan al presidente, como titula su nota el mencionado diario, lo que hacen es interpretar el verdadero sentido de las promesas de la presidencia: en el fondo no habrá tal eliminación de la subcontratación.

Son pues varios elementos que nos indican que el anuncio de la eliminación del outsourcing es mera propaganda, es un montaje para aparentar ante los asalariados de México, que no son pocos, que la 4T ve sus problemas y los apoya, no olvidemos que este es un año electoral y que el presidente y su partido quieren por todos los medios a su alcance mantener el voto de los mexicanos y que prometer no cuesta nada, tal como ha sucedido en tantas elecciones anteriores y en la elección federal pasada.

Mantengámonos atentos al desarrollo de la discusión del outsourcing, es importante para los trabajadores porque podremos darnos cuenta hasta donde son capaces de mentir los políticos para mantener el voto de los trabajadores y hasta donde sabrán defender sus derechos las centrales obreras que fueron convocadas a la discusión del tema de la subcontratación.