LA REFORMA AL INFONAVIT NO ES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES

 

Humberto Castro

Después de mucho prometer una reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), finalmente el pasado 16 de diciembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador donde se reforma la ley del INFONAVIT y la ley del  Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Dijeron que esta ley entraría en vigor a partir del 17 de diciembre de 2020, pero le dieron 120 días a las instituciones para que expidan las reglas de otorgamiento de créditos, es decir, que podrá aplicarse, si acaso, para abril o para mayo de 2021.

A decir de quienes la impulsaron, la reforma contempla varias ventajas para los trabajadores: que los créditos no sean sólo para adquirir vivienda, sino también para adquirir terreno para construirla; que los créditos se puedan autorizar para remodelación, construcción o ampliación de vivienda; que personas que no tengan una relación laboral activa pero que hayan cotizado al INFONAVIT puedan también ser beneficiarios de un crédito y, que quien ya tiene crédito con otras instituciones pueda entrar a un esquema de refinanciamiento con el Instituto.

Obviamente, como es su costumbre, tales modificaciones fueron celebradas con grandes aspavientos, tanto por el Presidente como por el Director del INFONAVIT, Carlos Martínez Velázquez, y señalaron a dicha reforma como uno de los avances más importantes para beneficio de los trabajadores. El propio director llegó a decir que con la apertura de créditos para las personas sin una relación laboral activa, se está dando la “inclusión financiera más grande del país”, porque son cerca de 40 millones de personas que no tienen una relación laboral activa pero que sí realizaron cotizaciones a la Institución. Los propios diputados se unieron a la celebración cuando declararon que “la reforma atiende uno de los mandatos constitucionales que respalda el derecho de los mexicanos de tener un lugar para vivir de manera digna”.

Lamentablemente, tenemos que decir que nuestra visión es otra. Que la reforma emprendida por la 4T es cierto que traerá un poco de libertad a los trabajadores, especialmente en lo referente a la aplicación y el manejo del crédito que obtengan. Sin embargo, una de las principales quejas y demandas de los trabajadores mexicanos contra el INFONAVIT es el alto costo de los créditos que les otorga. Una gran cantidad de trabajadores han tenido que pagar tres veces o más el valor inicial  de su vivienda a lo largo de 30 años o más que dura el pago de su préstamo. ¿Dónde está la explicación?

La explicación es que el Consejo de Administración, que en lo esencial es controlado por el Gobierno federal a través del nombramiento de sus directores, mantiene una tasa de interés sumamente alta que equivale en la actualidad al 12 por ciento anual. El director justifica este porcentaje diciendo que a algunos trabajadores se les cobra una tasa de interés más  baja,  pero a final de cuentas acepta públicamente que “de acuerdo al comportamiento histórico de su otorgamiento de crédito, dicha tasa promedio es del 10.5 por ciento anual”.

Pero, ojo trabajadores, resulta que los bancos comerciales otorgan créditos con ¡¡¡menores tasas de interés hipotecario!!! Así lo informó el diario Expansión del 25 de noviembre de 2020 (unos días antes de la aprobación de la reforma de que hablamos): Santander 7.75%, BBVA 7.9% y Banorte 8%. Se supone que el INFONAVIT fue creado para otorgar créditos baratos a los asalariados y que el dinero que maneja esa Institución es dinero de los trabajadores pero, ante su necesidad de vivienda, el Gobierno les presta ¡para hacer negocio a sus costillas!, ¡con su propio dinero! Todos sabemos que los bancos comerciales no son instituciones de beneficencia, que  siempre están detrás de la ganancia y, si en esta ocasión bajaron sus tasas de interés a los créditos que otorgan, aun así están ganando cantidades millonarias.

¿Y qué dice la tan celebrada reforma respecto a la tasa de interés que mantiene el INFONAVIT del 12 por ciento anual? NADA, ABSOLUTAMENTE NADA. LA TASA DE INTERÉS QUE SE CONTINUARÁ COBRANDO A LOS TRABAJADORES ES LA MISMA, allí no hay cambio.

Lo que sí destaca de la reforma a la ley del  INFONAVIT, es que el Gobierno federal quiere hacer de esa Institución una gran empresa inmobiliaria, que abarque una población cada vez más amplia para que sus ingresos crezcan, especialmente sus ganancias, y todo ello a costa del trabajo y sudor de la población trabajadora. Por tanto, la reforma al INFONAVIT no es una reforma social, no es una reforma que sea, en lo principal, para beneficio de la población.

Tan es así, que lo demuestran las opiniones de algunos empresarios como el expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Alejandro Kuri, o Daniel Narváez, director de Marketing de Lamudiun, quienes al aprobarse la reforma expresaron respectivamente: “es para favorecer el mercado inmobiliario”, “es un gran impulso para el sector inmobiliario”. Por tanto, es falso lo que dicen los diputados afines al gobierno morenista acerca de la reforma, que  “se está atendiendo uno de los mandatos constitucionales que respalda el derecho de los mexicanos de tener un lugar para vivir de manera digna.”

Los que en esta publicación escribimos, opinamos que el INFONAVIT debe transformarse de ser una de las inmobiliarias más caras que hay en el país, más cara incluso que las empresas privadas, en una institución de verdadero servicio social, que otorgue créditos baratos a los trabajadores, que construya viviendas de calidad con todos los servicios, que su precio sea justo, que las dimensiones de las viviendas sean dignas y decorosas y no “cajas de cigarros” donde no cabe la familia del trabajador y que las viviendas estén cercanas al centro laboral de los beneficiarios.

El año que acaba de terminar, tanto la dirección del INFONAVIT como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), reconocieron que el INFONAVIT registra 650 mil casas abandonadas en todo el país, debido principalmente a los altos costos del crédito, a los materiales de mala calidad con que se construyen las viviendas, a la falta de servicios, a su tamaño y a su  lejanía.

En este tiempo que los trabajadores esperaban que el Gobierno cumpliera con la promesa de bajar el precio de los créditos, el gobierno morenista aprobó una reforma que privilegia la ganancia del prestamista, la ganancia del que otorga  los créditos y no el que los trabajadores cuenten con una vivienda digna y decorosa, como lo establece la Constitución.

Está claro que a quienes han cotizado al INFONAVIT no se les consultan las políticas que la institución aplica, ni en los anteriores gobiernos ni en este, todo ello aunque el actual Director declare a los medios que la reforma “se dio a través del diálogo entre sectores”. Lo mismo decían los gobiernos anteriores. Es un hecho, y lo sabe el Gobierno, que los representantes de trabajadores que allí se reúnen son sólo comparsas de los intereses del Gobierno y de las cúpulas patronales.

Para que haya una reforma en materia de vivienda que verdaderamente beneficie a los trabajadores, para que se cumpla el derecho constitucional de que los mexicanos cuenten con una vivienda digna y decorosa, es necesario           que la reforma no la esperemos del Gobierno o de algún gobernante iluminado, sino que  los asalariados organizados y unidos hagamos escuchar nuestra voz para que se cumpla ese y los derechos que merecemos como productores de la riqueza social que somos.