VIL IGNORANCIA O MENTIRAS DESCARADAS

 

Por Humberto Castro

En la primera quincena de enero de este año nos ocupamos ya del tema del outsourcing, pero como en aquella ocasión dijimos, los trabajadores teníamos que estar atentos para ver cuál sería el desenlace que tendría la reforma anunciada por el presidente el pasado 12 de noviembre de 2020. Ahora, cinco meses después del espectacular anuncio, ya podemos analizar de manera completa los resultados de la 4T en esta materia, puesto que ya fue aprobada la reforma por la Cámara de Diputados, la de Senadores y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de abril de 2021.

En noviembre, López Obrador anunció la eliminación total de la subcontratación (outsourcing), todavía en este año titularon algunos diarios como el Noroeste (6 de enero de 2021): “Va en serio, se eliminará la subcontratación: AMLO”, pero ya decíamos en nuestro escrito anterior que el hecho de que el presidente no haya enviado su iniciativa de inmediato y de manera directa al Congreso de la Unión y más bien haya citado a reunión a las organizaciones empresariales y a algunas centrales obreras daba mala espina y apuntaba a que no se iba a eliminar totalmente la subcontratación y acertamos.

En la reforma publicada en el DOF aparece que se modifica el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para agregar: “queda prohibida la subcontratación de personal”, pero en el artículo 13 quedó que “Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba”. En buen español eso significa que no se eliminará totalmente el outsourcing, sino que habrá todavía millones de trabajadores que serán subcontratados y que no tendrán los mismos derechos que los demás trabajadores. Los artículos 14 y 15 de la LFT también se modificaron, pero sólo para agregar que la subcontratación señalada en el artículo 13 será vigilada y regulada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

En términos generales, podemos afirmar que con esa reforma se beneficiarán aquellos trabajadores que en lo sucesivo sean incorporados a las plantillas de personal de las empresas para las cuales han venido trabajando. Sin embargo, serán cientos de miles de trabajadores que seguirán en el desamparo, sin prestaciones, con salarios bajos, sin derecho a las utilidades, sin seguridad en el empleo y sin reconocerse ni su antigüedad ni su indemnización si son despedidos.

Pero no es todo, de las pláticas previas entre empresarios, centrales obreras y gobierno, metieron de pronto a la discusión el asunto de las utilidades y, ya lo decíamos en nuestro artículo anterior, eso tampoco pintaba nada bien para los trabajadores. Y así fue, lamentablemente también acertamos.

En la mencionada reforma publicada el 23 de abril en el DOF, apareció reformado además el artículo 127 de la LFT, al cual le agregaron una fracción VIII que dice: “El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los tres últimos años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.”

En palabras más claras, esta reforma significa poner un TOPE A LAS UTILIDADES de los trabajadores, es decir que, sin modificar el porcentaje del 10 por ciento de las utilidades de la empresa, que por ley corresponde a los trabajadores, ninguno podrá recibir de utilidades más de tres meses de su salario. Un ejemplo, si un trabajador gana ocho mil pesos al mes, cuando mucho podrá recibir 24 mil pesos de utilidades aunque la empresa haya ganado mucho y con el 10 por ciento le correspondan 30 o 40 mil pesos al empleado.

En suma, el gobierno “transformador” permitió que se eliminara parcialmente el outsourcing a cambio de poner tope a las utilidades de los trabajadores. ¿Y quién se beneficiará de las utilidades que no se repartan? La propia empresa, porque la reforma no señala algún otro destino de esos recursos.

Ahora bien, veamos como propagandiza el gobierno los resultados de esa reforma. Dijo la Secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde Luján que la reforma fue un “acuerdo histórico” que “se prohibió el outsourcing” cuando ya vimos que es parcial y agregó la funcionaria que ahora las empresas repartirán más dinero por concepto de utilidades “alrededor de cien mil millones de pesos más”, lo cual es falso, porque la reforma no dice nada al respecto. Las empresas seguirán teniendo como base el reparto del 10 por ciento de sus utilidades y más bien les quedará una parte de ese 10 por ciento que resultará del tope que acordaron poner a las utilidades al momento del reparto.

El Presidente fue más allá y dijo: “…en el caso del reparto de utilidades, (con la reforma) terminar con la ambigüedad y establecer reglas claras que no existían (revista Proceso, 23 de abril de 2021). “Con esta reforma los trabajadores recibirán como mínimo 90 días de reparto de utilidades”. “Los mineros no van a ser afectados por el reparto de utilidades” (Uno TV.com, 22 de abril de 2021).

Puede ser por ignorancia, porque ni el Presidente ni la Secretaria de Trabajo hayan entendido bien el sentido de la reforma, en el supuesto de que la hayan leído, o puede ser de plano una información torcida deliberadamente y dicha ante los medios informativos para confundir y ganar la simpatía de los trabajadores cuando en realidad con esa reforma les asestan un duro golpe en las utilidades que les corresponden. Hasta donde está la reforma, después de su publicación el 23 de abril, no dice por ningún lado que los trabajadores van a recibir como mínimo tres meses de salario de utilidades, dice que ese es el tope máximo que deben recibir, incluidos los mineros, porque en esa redacción no hay excepciones.

¿Por qué el gobierno busca mentir y engañar a los trabajadores?, ¿por un interés electoral?, ¿para ganarse su voto para el partido Morena el 6 de junio próximo? Creo que esa mentira se le va a caer al gobierno muy pronto, cuando los trabajadores se den cuenta, en los hechos, que la empresa para la que trabajan no les entregará utilidades de tres meses de salario como mínimo, que ahora pregona López Obrador y eso lo comprobará la mayoría a más tardar el 30 de mayo próximo.

La mencionada reforma también modificó la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado para agregar un artículo donde dice que: “se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones”, sin embargo, de acuerdo con el artículo 14 y 15 de la Ley será la STPS quien autorice a las empresas que podrán realizar trabajos de subcontratación y es seguro que allí enlistarán a todas las que realizan limpieza  y otros servicios para el gobierno, empresas cuyos empleados son trabajadores subcontratados. En este caso, muy poco cambiarán las condiciones para los subcontratados que vienen laborando para el gobierno.

Por último, no podemos dejar de subrayar que el gobierno de la Cuarta Transformación dejó a medias la prohibición de la subcontratación y perjudicó a los trabajadores en sus utilidades, pero en el caso de la recaudación de impuestos y cuotas para las distintas dependencias de gobierno, allí si se aseguró, imponiendo multas y castigos severos para los patrones que incumplan esas obligaciones. Por eso también la reforma modificó la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. ¿Fue este su interés principal en la reforma mencionada?

Ante tales resultados, ahora los trabajadores debemos luchar para que se elimine totalmente el outsourcing, para que no haya trabajadores de primera y de segunda, que no haya trabajadores contratados y subcontratados; el trabajo de todos los asalariados sirve para generar capital para las empresas y, por tanto, los derechos de unos deben ser los derechos de todos. Tendremos que luchar también, en lo sucesivo, gracias a la reforma de los diputados, senadores y el presidente morenistas, por la eliminación del tope que impusieron a las utilidades.

Los trabajadores no podemos aceptar que se sigan eliminando nuestros derechos ya conquistados.