Sobre la reapertura de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa

 

Ricardo Torres

          El pasado 6 de julio, con bombo y platillo, la Secretaría de Economía anunció que, después de meses de negociación, la empresa canadiense Triturados Mineros del Noroeste S.A. de C.V. y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, acordaron la reapertura de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, en donde laboran 324 mineros encargados de la extracción de zinc, plomo y plata.

          Llama la atención que en dicho anuncio estuvieran presentes las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; el Director Ejecutivo de la empresa, Darren Blasutty; por el sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia; y, al centro de todos ellos, Graeme Clark, embajador de Canadá en México. Todo un acontecimiento. En el comunicado conjunto se destaca que el Gobierno de México “facilitó diversas mesas de negociación, en las que, por medio del diálogo abierto, las partes llegaron a un acuerdo que soluciona el conflicto que había mantenido cerrada la mina […] Con estas acciones se cumple con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrir la mina sin dejar de observar el respeto a los derechos laborales, la inversión de la empresa y el compromiso de la Cuarta Transformación de atender las causas sociales con justicia y bajo la premisa de que, al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Reiteramos que México es un país que favorece el clima de inversión y de trabajo, y seguirá promoviendo las inversiones extranjeras en beneficio de la planta productiva y el desarrollo económico sostenido de la nación.”

          En la superficie, pareciera que se trata de un acto de justicia laboral que, gracias a la intervención del Gobierno de la Cuarta Transformación, en el marco de un diálogo abierto, se logró que la empresa y los trabajadores acordaran la reapertura de la mina San Rafael para bien de los mineros, los patrones y de la economía del país. Sin embargo, sabedores de la proclividad del gobierno morenista a mentir y ocultar sus verdaderos intereses, a los trabajadores de México nos conviene conocer algunos aspectos que nos permitan comprender un poco más sobre la naturaleza y desenlace de este conflicto. Veamos.

          En agosto de 2019, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica CTM, encabezado por Javier Villareal Gámez, conforme al procedimiento establecido por la ley, obtuvo legítimamente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la empresa Triturados Mineros del Noroeste S.A. de C.V., filial de la empresa concesionada de capital canadiense, Americas Gold and Silver, que dirige Darren Blasutty. No obstante, cinco meses después, en enero de 2020, a la usanza del más añejo estilo cetemista, el hoy senador Napoleón Gómez Urrutia, recordando sus viejos tiempos, sin que mediara procedimiento o juicio ante autoridad laboral competente, ordenó cerrar los accesos a la mina y orquestó un paro de labores para forzar a la empresa, desplazar ilegalmente al sindicato de la CTM y, bajo presión, obtener dicho CCT. Se desató así un nuevo episodio de la lucha actual que protagonizan el viejo sindicalismo charro de la CTM y el nuevo sindicalismo charro de Morena, en este caso, capitaneado por el senador Napoleón Gómez Urrutia quien es, además, el flamante Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. El encumbrado legislador sindical, sin rubor alguno, pisoteando la ley.    

          Desde el inicio del conflicto, la empresa manifestó su abierto rechazo a las acciones ilegales lideradas por Gómez Urrutia, sin embargo, el gobierno morenista y las autoridades del trabajo guardaron un encubridor silencio. El sindicato minero del senador morenista promovió entonces una demanda por la titularidad del CCT ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Así, durante ocho meses de paro ilegal, con la anuencia del Gobierno federal y las autoridades del trabajo, se fueron preparando las condiciones para favorecer a Gómez Urrutia y, finalmente, en septiembre de 2020 la JFCA ordenó realizar el recuento de trabajadores donde, como era de esperarse, su sindicato obtuvo la mayoría. De inmediato la JFCA emitió el laudo mediante el cual se reconoce legalmente al sindicato minero del senador morenista como titular del CCT. La maniobra estaba consumada: con la intervención directa del gobierno morenista lo ilegal se convertía en legal. Por su parte, la empresa se opuso al resultado del recuento, promovió amparos contra dicha resolución, declaró terminadas las relaciones colectivas de trabajo ante la imposibilidad de continuar operando y procedió a realizar los trámites correspondientes. ¿Dónde quedó entonces la premisa de que, “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”? Solo palabrería.

No obstante, aunque Gómez Urrutia tenía en sus manos la titularidad del CCT, la empresa se negó a reiniciar sus actividades. El paro ilegal se prolongó por seis meses más y el conflicto entre Gómez Urrutia y la empresa canadiense fue escalando hasta el punto en que, finalmente, quedó exhibida la mano que mece la cuna. En la conferencia mañanera del 17 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió, al respecto, la siguiente pregunta: “[…] La pregunta del pueblo de Cosalá, de los mineros de Sinaloa, de los trabajadores, pues es: ¿qué va a pasar?, que si van a estar obligados a seguir cerrando minas como un acto de presión. ¿Qué ha platicado usted, señor presidente, con el embajador de Canadá en México, que ya estaba en conocimiento de estas negociaciones? y ¿que si los empresarios canadienses van a seguir violando sistemáticamente la ley en México y si quieren detener este proceso del nuevo sindicalismo, del nuevo respeto a los trabajadores y que los trabajadores, por primera vez, pues puedan elegir a sus dirigentes que ellos quieren y que están amparados en la ley?” Como podemos ver, se trató de un montaje interpretado por la prensa domesticada, una pregunta hecha a la medida, como confeccionada por el mismísimo Gómez Urrutia.

          El presidente contestó así: “[…] la mina de Cosalá en Sinaloa que -le explico a los mexicanos- no aceptaba, no acepta la empresa al sindicato, entonces se estaban peleando la titularidad del contrato, porque hay la mala costumbre -así también era antes- que querían las empresas tener sindicatos a modo, sindicatos blancos que estaban al servicio de las empresas y no defendían a los trabajadores. Entonces, en este caso, como había dos sindicatos peleándose la titularidad del contrato, se hizo un recuento y ganó, por decisión de los trabajadores, un sindicato para que representara a los trabajadores; pero como no es del agrado de la empresa no quieren iniciar actividades, porque quieren tener su sindicato y no están cumpliendo con el mandamiento de ley de la Secretaría del Trabajo. Entonces, aprovecho para pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que hable con el gobierno de Canadá y que explique esta situación. Y que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el gobierno puede revocar la concesión a la empresa, y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera.” Con argumentos inexactos y verdades a medias, AMLO intencionalmente omitió decir que el conflicto tuvo su origen 14 meses atrás con un paro ilegal ejecutado por el senador morenista Gómez Urrutia y, en defensa de éste, amagó a la empresa canadiense con “revocar la concesión” de la mina. Y no podía ser de otra manera ya que, desde el inicio del conflicto, el senador morenista contó con el apoyo del Gobierno federal. AMLO ordenó entonces la intervención de las distintas secretarías de Estado para ocuparse del caso y resolver el conflicto.  

          Después de un paro ilegal impuesto por más de año y medio como mecanismo de presión, declarar en julio de 2021 que la solución al conflicto se alcanzó “por medio del diálogo abierto”, y que la política económica del gobierno morenista “favorece el clima de inversión”, resultan un verdadero despropósito. Por tanto, para lavarse la cara, había que realizar este comunicado conjunto en presencia de tan distinguidas personalidades y con la parafernalia correspondiente, que sirvieran de marco para enviar señales al capital extranjero en el sentido de que no se confundiesen ni se preocuparan ya que, “como era antes”, las empresas seguirán teniendo “sindicatos a modo”, de protección, solo que ahora bajo la dirigencia del nuevo sindicalismo charro de Morena.

          El conflicto de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, en un inicio, fue un conflicto intersindical entre el viejo sindicalismo charro de la CTM y el nuevo sindicalismo charro de Morena; después del recuento “a modo” y del otorgamiento de la titularidad del CCT a Gómez Urrutia, se convirtió en un conflicto entre la empresa y el senador morenista; y, finalmente, se transformó en un conflicto que el Gobierno morenista tomó en sus manos para llevarlo al plano internacional. Así las cosas, resulta evidente que el comunicado oficial oculta la verdad cuando dice que “las partes llegaron a un acuerdo que soluciona el conflicto que había mantenido cerrada la mina”. El problema no fue resuelto por “las partes”, es decir, por la empresa y los trabajadores que exigían respeto a sus derechos laborales, sino que fue resuelto por el Gobierno canadiense en defensa de los intereses de la empresa Americas Gold and Silver y el Gobierno mexicano en defensa de su nuevo sindicalismo charro que, en el ámbito de la minería, encabeza su delfín, el senador Gómez Urrutia.

          Lo ocurrido en la mina San Rafael nos confirma que la ley laboral es un instrumento jurídico que sirve para regular las relaciones obrero-patronales, pero que se aplica y ajusta no siempre en favor de los trabajadores, sino con mucha frecuencia en favor del poder económico y político.

En Cosalá se vivió un conflicto que el gobierno morenista resolvió torciendo la ley, un conflicto que, con el paso del tiempo, fue escalando al ámbito político nacional e internacional, pero que, al mismo tiempo, se fue alejando de los verdaderos intereses y necesidades de los mineros. El Gobierno federal, la empresa y los sindicatos en pugna se enfrascaron en un conflicto defendiendo sus respectivos y mezquinos intereses, olvidándose por completo de las legítimas demandas de los mineros, como son: el incremento salarial, pago de utilidades, regulación de la jornada de trabajo que se extiende hasta por 12 horas, despidos injustificados, capacitación para el manejo de equipos, seguridad social ya que muchos de los mineros no están inscritos al IMSS, seguro de gastos médicos mayores y, de manera especial, la seguridad e higiene en la mina, la falta ventilación, salidas de emergencia, uniformes, equipo y calzado, atención de salud en las enfermedades profesionales recurrentes provocadas por la acumulación de plomo en sangre, o en los accidentes de trabajo donde muchos de ellos han sufrido mutilaciones, pérdidas orgánicas y padecimientos que los imposibilitan para seguir laborando, entre muchas otras. ¿Cómo y en qué tiempo serán atendidas estas justas demandas de los trabajadores?, ¿qué dicen al respecto la empresa y el sindicato minero de Gómez Urrutia? Nada de esto aparece en el comunicado conjunto emitido por el Gobierno federal.          

Compañeros trabajadores, lo ocurrido en la mina de San Rafael nos muestra que el interés del gobierno morenista no es la vida, los derechos y el bienestar de los trabajadores, sino el seguir aplicando una política clientelar que le garantice mantenerse en el poder: su obstinada defensa en favor de Gómez Urrutia obedece al beneficio electoral que el voto corporativo de miles de mineros agremiados en su sindicato le puede garantizar a Morena, sin importarle que para ello se actúe al margen y por encima de la ley.

Estemos todos atentos a lo que ocurre en nuestros centros de trabajo, porque lo acontecido a los mineros de Cosalá, es solo un botón de muestra de lo que, en alguna medida, nos puede suceder a nosotros. Si no queremos ser manipulados por el Gobierno, los patrones y los sindicatos charros de ayer y hoy, debemos organizarnos bajo una genuina y probada dirección, participar activamente y luchar sin tregua en defensa de nuestros derechos e intereses. No existe otra solución.