Rosa Espinoza
El primero de agosto venció el plazo que el Gobierno
federal dio a las empresas para que se aplicara la reforma a la ley que
regulará el outsourcing, pero ante el incumplimiento de las empresas y el rezago
que todavía existe, el Senado de la República acordó ampliar el plazo un mes
más, hasta el 1° de septiembre.
Este nuevo plazo es insuficiente de
acuerdo con la opinión de los empresarios, quienes estiman que las más de 387 mil
empresas que enfrentan problemas de operatividad tienen que consumar la sustitución patronal y deben
inscribirse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras
Especializadas (REPSE), dependiente de la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social (STPS) y, por tanto, el plazo resulta muy corto, consideran que debe
ampliarse hasta enero de 2022, de acuerdo a lo expresado por José Medina Mora
Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX).
El outsourcing o subcontratación, es la
tercerización en las relaciones obrero-patronales, es decir, que una empresa puede
contratar los servicios de un tercero para que éste a su vez se responsabilice
de las obligaciones del patrón con los trabajadores a su servicio. Una maniobra
que le ha permitido a los capitalistas reducir los salarios, eliminar la
antigüedad del trabajador en una empresa, liberarse de sus obligaciones para
con los trabajadores y transferir esa responsabilidad a un tercero. El outsourcing
cobró carta de naturalización en nuestro país a partir de la reforma a la Ley
Federal del Trabajo (LFT) en 2012; de 55 millones de trabajadores que conforman
la Población Económicamente Activa, 4.6 millones de ellos se encuentran en el
esquema de la subcontratación.
Cabe señalar que la reforma laboral del
2019, así como la reforma que regulará el outsourcing obedecen al cumplimiento
de los acuerdos contraídos por el Gobierno mexicano a la firma del nuevo
Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El
proyecto de reforma en la legislación laboral incluye cambios no sólo en la LFT,
también en la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, del Impuesto Sobre
la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, así como al Código Fiscal.
Sin embargo, el anuncio de la prohibición
al outsourcing resultó ser solo una simulación de la 4T. Aunque el artículo 12
de la LFT reformada diga que: “Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose
esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a
disposición trabajadores propios en beneficio de otra”, lo cierto es que,
inmediatamente después, el artículo 13 nos dice: “Se permite la subcontratación de servicios especializados o de
ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni
de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos…”;
el artículo 14 dice: “La subcontratación
de servicios especializados […] deberá formalizarse mediante contrato por
escrito…” y el artículo 15 dice: “Las
personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación,
deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.” Es
decir, se reforma la LFT para cumplir con los acuerdos del T-MEC, pero los
términos de la reforma permiten que siga existiendo el outsourcing como
mecanismo de sobreexplotación de los trabajadores, solo que ahora estará bajo
el registro y vigilancia del Estado. Gatopardismo puro: si queremos que todo
siga como está, necesitamos que todo cambie, cumplamos con el T-MEC, reformemos
la LFT pero que los trabajadores sigan siendo explotados por el capital.
Como podemos ver, la reforma a la LFT para
regular el outsourcing y su respectiva implementación son solo medidas para
cumplir con los acuerdos firmados por el Gobierno mexicano al suscribir el
T-MEC, ya que de no hacerlo así se expone a sanciones económicas, comerciales y
políticas.
Forzado por los acuerdos del T-MEC, el
gobierno de la 4T se ha visto obligado a implementar algunas medidas para cumplir
en los plazos previstos, pues el Gobierno norteamericano considera una
violación a los acuerdos en materia laboral entre los países firmantes, además
de una competencia desleal, en ese sentido han intervenido hasta con incentivos
económicos; recientemente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris,
informó que su país invertirá 130 millones de dólares para
la implementación de la reforma laboral en México, recursos adicionales al
presupuesto de 180 millones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense
para la entrada en vigor del T-MEC, un acuerdo comercial con un capítulo
laboral cargado e influido en buena medida por el Partido Demócrata de Estados
Unidos, el del presidente Joe Biden.
El apoyo económico del gobierno
norteamericano al gobierno mexicano para la implementación de la reforma
laboral es parte de los compromisos contraídos en el T-MEC, porque hay un
interés compartido de que los cambios en la legislación laboral alcancen sus
objetivos en favor del capital. Por su parte, la legisladora Anita Sánchez
Castro (Morena), secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de
Diputados, aseguró que el recurso adicional que otorgará Estados Unidos sí
coadyuva para una implementación efectiva, pero también representa un apoyo a
determinados sectores económicos, principalmente hacia la industria automotriz.
AMLO y la 4T no están preocupados por
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos sometidos al
régimen de outsourcing, solo obedecen indicaciones de los grandes capitales
norteamericanos, es a ellos a los que les interesa que la mano de obra mexicana
aparte de lo barata que resulta tenga los menores riesgos posibles para sus
inversiones en nuestro país, busca intervenir en los sindicatos, en la leyes
laborales, en los conflictos obrero-patronales para someter aún más a la clase
trabajadora mexicana pues saben el grave riesgo que conlleva la actual
situación económica, política y social que padece; saben que es una bomba de
tiempo el desempleo, los bajos salarios, las escasas prestaciones laborales que
con el outsourcing se ven aún más reducidas; la nueva legislación laboral que
regulará el outsourcing tienen el objetivo de garantizar estabilidad para los
grandes inversionistas norteamericanos.
No nos engañemos, lograr una mejora en los
salarios y en las prestaciones requiere de la organización y la lucha de los
obreros; la clase poderosa, los dueños del capital nunca velarán por los
intereses de estos.
Algunas veces callada, en otras ocasiones
franca y abierta, pero existe una permanente lucha de los trabajadores en los
diferentes centros de trabajo por mejores condiciones laborales, sencillamente
porque lo que al obrero le interesa le perjudica al patrón y viceversa, los
intereses de unos y otros jamás podrán ser los mismos; obviamente, el patrón
busca obtener la mayor ganancia con el menor costo posible y, el trabajador,
busca obtener más y mejores ingresos en el menor tiempo posible. Todas las
medidas adoptadas por la clase patronal van encaminadas a ese fin, a obtener la
máxima ganancia al menor costo. Consecuentemente las leyes laborales las
promulga la clase en el poder no para beneficiar los intereses de los trabajadores
sino para asegurar sus propios intereses.
Los trabajadores deben mirar más lejos,
ver la maniobra que subyace en la nueva legislación obrera, que, en el fondo,
busca proteger los intereses de los grandes capitalistas, deben ver que el
gobierno de la 4T al impulsar esta nueva reforma a la legislación obrera no
busca el bienestar de la clase trabajadora sino cumplirle al gobierno
norteamericano para proteger sus negocios en nuestro país, lo demás es
demagogia para engañar al pueblo trabajador.
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