Por: Raúl
R. Pérez
La propaganda del gobierno de
la 4T sigue un patrón que a estas alturas ya es muy conocido, y que consta de
tres pasos, a saber:
Primero.
Ataca, con razón o sin ella, todo lo que hicieron los gobiernos anteriores;
negando en redondo cualquier avance que se les pudiera atribuir. Lo cual no
resulta difícil, habida cuenta de las graves carencias que padece el pueblo
mexicano es fruto de las políticas neoliberales que empobrecieron a la mayoría
de la población.
En
segundo lugar, se habla de grandes avances, resultado de las políticas del actual
gobierno —que desgraciadamente no se ven por ningún lado—; y de
transformaciones profundas que han cambiado la vida de los mexicanos. Se
afirma, incluso, que el pueblo está “feliz, feliz, feliz”. Si alguien se atreve
a señalar los graves problemas que padecemos en materia de economía, seguridad
o salud, de inmediato se le sataniza tildándolo de conservador, neoliberal o “fifí”.
Para reforzar el punto de vista gubernamental, se dice que se tienen “otros
datos”; que muchas veces difieren de los que difunden las instituciones oficiales
especializadas o del propio gobierno, como el Coneval, Inegi, Banxico, Comisión
Nacional de Seguridad, etc.; tampoco se señala quien avala esos “otros datos” y
cómo se obtuvieron. Otro método usado con este mismo fin lo constituye las generalizaciones
arbitrarias. Por ejemplo: se inaugura, en algún lugar de la república, una
escuela o un hospital y se le atribuye trascendencia nacional. “México ya
cambió”, se dice con frecuencia.
En
tercer lugar. Se nos pinta un futuro luminoso, al alcance de la mano. Se
afirma, por ejemplo: que al final del sexenio el salario habrá recuperado su
poder adquisitivo, que tendremos el desarrollo económico anhelado, que tendremos
un sistema universal de salud similar al de Canadá o Dinamarca; que se acabará
el baño de sangre provocado por los cárteles de la droga y que gozaremos de la
seguridad pública añorada; que se habrá eliminado la corrupción, etc. Se
aprovecha de la ingenuidad del pueblo, que debido a sus grandes carencias se
ilusiona con el futuro brillante que se le promete, como lo hace el que compra
un billete de lotería y que espera, con un golpe de suerte, convertirse en
millonario. Sin reflexionar si realmente
dichos objetivos son alcanzables en los plazos propuestos y si estamos en el
camino correcto para alcanzarlos. Dicho de manera directa, se recurre a la
demagogia para ganar simpatías entre la población.
La
seguridad social, igual que otros aspectos de la vida nacional, ha sido objeto
de manipulación informativa. Veamos. ¿Qué es la seguridad social? Para la OIT, “la
seguridad social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros,
mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y
sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte
reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de
trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también
la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos
e hijas”. Dicho de manera más directa, la seguridad social busca otorgar
protección a las personas garantizándoles un nivel mínimo de bienestar sin
distinción de su condición económica, social o laboral. Muy en particular,
busca paliar los efectos del flagelo de la pobreza.
¿Cuál
es la situación de la seguridad social en México?
Sin
duda, las peores condiciones se presentan para los desempleados y para los que
laboran en la economía informal. También, entre los grupos más vulnerables se
encuentran los trabajadores del campo, los migrantes, las mujeres, etc. Dado el
vínculo entre la seguridad social con el empleo, urge emprender entonces una
enérgica política de creación de empleos formales; o bien, impulsar un sistema
universal e integral de seguridad social.
Reproducimos
la opinión autorizada de Berenice Ramírez, investigadora de la UNAM, quien
sostuvo que: “la Seguridad Social en México se caracteriza por su baja
cobertura. Es una seguridad social que [...] solamente incluye a los
trabajadores asalariados urbanos y deja fuera al resto de los trabajadores. En
ese sentido, vamos muy atrás de lo que ha hecho América Latina porque no hay
reconocimiento de los trabajadores autónomos, apenas se ha autorizado la inscripción
de las trabajadoras del hogar. Por lo tanto, todo el sector informal —donde hay
15 millones de personas, 30% de la población económicamente activa— está sin
acceso a la Seguridad Social. Entonces, en este contexto, hay muchos déficits
para enfrentar los retos de salud. Hay una institución que cubre a todos los
que no tienen Seguridad Social, pero que fue descuidada en las últimas décadas,
cuyas inversiones han sido bajas. Lo que México invierte del PIB en relación
para salud es el 3%, una inversión muy baja”. (CLACSO TV. 20 de mayo, 2020).
Las
personas que no están afiliadas a ningún sistema de salud (IMSS, ISSSTE, o los
regímenes de las Fuerzas Armadas y Pemex), podrán recibir atención médica a
través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi, organismo que
sustituyó al Seguro Popular). De acuerdo con el Censo 2020, cuyos resultados
fueron publicados por el INEGI el 25 de enero del 2021, en México hay 32.99
millones de personas que no se encuentran afiliadas a ningún sistema de salud.
De esa suma, 11.14 millones son menores de 19 años; 19.9 millones tienen de 20
a 64 años de edad, mientras que 1.94 millones tienen 65 años o más.
Dicho
en términos relativos, actualmente la suma de personas sin afiliación a servicios
de salud representa el 26.18 por ciento; en tanto que para el año 2015 era tan
solo de 17.25 por ciento (cifras de INEGI). Situación que se explica porque crece
más rápidamente la población nacional, que la cobertura de los servicios de
salud; que se incrementan de manera muy lenta y desigual en todo el
territorio nacional. Cuadro sombrío que no deja lugar para el
optimismo.
En el
papel, el Insabi funciona desde el 1º de enero del 2020; y proporciona de
manera gratuita todos los servicios de salud, medicamentos y demás insumos que
requiera la población mexicana no cubierta por los sistemas de seguridad social
arriba mencionados. En el texto de la ley se establece la gratuidad de los
servicios: no es necesaria afiliación alguna, ni el pago de cuotas; basta presentar
la credencial del INE, el CURP o el acta de nacimiento para recibir la atención
requerida. Estos son los dichos, pero vayamos a los hechos.
El
Insabi ha resultado un fiasco. No hay semana que no se denuncie la falta de
medicamentos para la atención de niños con cáncer o que faltan fármacos para
los enfermos con VIH y demás enfermedades graves. También es muy conocido que,
en los hospitales públicos, con mucha frecuencia faltan los insumos necesarios
para su correcto funcionamiento; o que a los pacientes se les da la receta
médica para que la surtan en las farmacias privadas porque no hay existencias
en las instituciones hospitalarias. Estas son realidades que no se pueden ignorar.
La
verdad es que el sistema de salud estaba desbordado desde hace mucho tiempo, el
covid-19 evidenció las enormes carencias y profundizó la crisis en que se
encuentra la política social del régimen, por más que digan lo contrario los
voceros de la 4T, quienes no se cansan
de afirmar que “no somos iguales”; y tienen razón, la situación no es igual,
sino que es peor.
Esta
situación es inevitable si no se cambia la estrategia. Según diversas
estimaciones México invierte entre el 2.5 y el 3 por ciento de su PIB en
servicios de salud, cuando lo idóneo, como referencia general, es una inversión
mínima del 6 por ciento del PIB nacional. En medio de la pandemia, esa
inversión no ha tenido incrementos sustanciales cuando se esperaría la
disposición de recursos extraordinarios. La pandemia vino a exhibir la política
errónea del régimen, agudizando la brecha de acceso a los servicios de salud y
la seguridad social. ¿Dónde quedó la cobertura universal en materia de salud?, ¿y
el sistema de salud similar al de Canadá o Dinamarca, dónde está?
Veamos
la situación particular de los migrantes mexicanos. El presidente de la
república en su informe de gobierno del 1º de septiembre pasado exaltó el monto
de las remesas enviadas por nuestros compatriotas que trabajan en el
extranjero. Dijo que constituían un récord histórico y que superaban a los
ingresos que se reciben por la exportación de petróleo o por turismo. Fueron
presentadas como un éxito de su gobierno y como una muestra de confianza hacia
su administración. Pero nuestros paisanos emigran en número creciente porque no
encuentran opciones de trabajo en el país o por el clima de violencia que se
vive en sus lugares de origen; nada que pueda enorgullecernos. Corren grandes
riesgos en el viaje y son maltratados en el extranjero. Y mandan dinero a sus
familias porque saben la miseria en que se encuentran. Mencionar estos hechos
como un mérito del gobierno es un puro disparate.
Llama
también la atención que otro de los “récords históricos” destacados por el
presidente de la república en su tercer informe de gobierno, se refiera a la
bonanza de la Bolsa Mexicana de Valores que refleja la situación de las
empresas con capacidad económica para cotizar en la Bolsa, pero no la situación
de los trabajadores. Apenas si se puede creer que un presidente que se
manifiesta como un “cruzado contra el neoliberalismo” se ponga a exaltar una
institución neoliberal por excelencia. ¿En quién piensa el presidente de la
república?, ¿pensará acaso que los trabajadores tienen el dinero suficiente
para cotizar en la Bolsa de Valores?
Comparemos
algunos datos oficiales que reflejan la real situación económica de los
trabajadores. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (CONSAR) existe una creciente tendencia a retirar los fondos de retiro
por los trabajadores. Tan solo de marzo a junio de 2020, los trabajadores
retiraron un monto superior a los 6 mil 25 millones de pesos; lo que significa
un 62.10 por ciento más que el mismo periodo de 2019. Está claro que este
preocupante fenómeno se produce por el incremento del desempleo provocado por
la pandemia. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo va a ser la vejez de estas
personas? El gobierno no tiene un plan global e integral para atender la
seguridad social de la población. Su única carta consiste en los recursos
dispersados a través de las tarjetas del bienestar. Ciertamente, ese dinero,
bien empleado, puede ayudarnos a enfrentar alguna urgencia en el corto plazo,
pero nada más. Después de lo cual seguiremos tan pobres como al principio.
La
solución de fondo de los graves problemas que padecemos requiere cuando menos
el cumplimiento de estos puntos:
1.- Incrementar
significativamente la inversión productiva del Estado. Un Estado achicado
—dígase lo que se diga— es neoliberalismo puro.
2.- Robustecer al sistema de
salud y de seguridad social, para construir un sistema de cobertura universal
que mejore los estándares de atención. Que incluya el seguro de desempleo.
3.- Dinamizar la economía
nacional a través de una estrategia integral de fortalecimiento del mercado
interno y la creación de empleos con salarios dignos que se necesitan para
garantizar un proceso de crecimiento sostenido de la economía.
De no
ser así, nada serio podemos esperar de este gobierno que lo único que nos da en
abundancia es una falsa propaganda.
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