Acerca de los jornaleros agrícolas

 

Ricardo Torres

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada en septiembre de 2021, estima que en el país la Población Económicamente Activa (PEA) es de 57.5 millones de trabajadores, de los cuales 20 millones 594 mil se encuentran formalmente afiliados al IMSS; 2 millones 748 mil al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y más de 30 millones laboran en la informalidad. En el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) laboran 6 millones 729 mil trabajadores; en el sector secundario (industrias productivas de extracción, transformación y manufactura) laboran 13 millones 737 mil; y en el sector terciario (comercio, comunicaciones, gobierno y servicios) laboran 34 millones 285 mil personas.

Ahora bien, dentro del sector primario encontramos que en nuestro país laboran cerca de 4 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales más del 95 por ciento trabajan en la informalidad, es decir, sin derechos laborales, con salarios miserables y sufriendo deplorables condiciones de existencia: insalubridad, desnutrición, analfabetismo y falta de servicios. Los jornaleros agrícolas son pues los trabajadores asalariados que sufren las condiciones económicas y sociales más precarias del país.

Al igual que en las grandes ciudades, también en el campo existe el mercado de trabajo formal e informal; el primero es aquel que cuenta con contratos y prestaciones de ley, mientras que el segundo es aquel que soporta durísimas condiciones de explotación y que no está sujeto a ningún tipo de regulación laboral, es decir, que carecen de seguridad social, laboran jornadas superiores a las 8 horas sin pagos extras, sin aguinaldos, vacaciones, licencias por enfermedad, antigüedad, pensiones, indemnización por despido injustificado, etc.

Debido a la pobreza extrema en que vive el proletariado del campo, y como consecuencia de las escasas alternativas de empleo en sus lugares de origen, se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos, o bien, a las distintas regiones de la República mexicana en busca de empleo, ahí donde existe un intenso desarrollo agrícola y una creciente demanda de fuerza de trabajo. Se registran más de 2 millones de jornaleros emigrantes que periódicamente se desplazan al interior del país en busca de trabajo.

Los mercados de “atracción” de esta fuerza de trabajo se encuentran concentrados en algunos estados del norte del país como son Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango, mientras que el mercado de “expulsión” de fuerza de trabajo agrícola lo encontramos en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, es decir, los estados que enfrentan una mayor pobreza y marginalidad.

          En este sentido, el 12 de noviembre del año en curso, apareció publicada en El Economista una nota de Blanca Juárez, titulada “Parten caravanas de familias jornaleras mexicanas hacia el norte del país” en donde nos dice que: “Apenas terminó la fiesta de Todos Santos, el 1 y 2 de noviembre, comenzó la migración masiva de familias jornaleras mexicanas al interior del país, principalmente desde estados sureños, los más empobrecidos. En 2020, sólo de la Montaña de Guerrero salieron más de 15,300 hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes para trabajar en campos del norte, centro y occidente. En este año, hasta octubre pasado, han viajado 10,572 personas.

“De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario, en el que está comprendida la agricultura, creció 0.7% en el tercer trimestre de 2021 con relación al mismo periodo de 2020. Esas actividades aportaron más de 605,156 millones de pesos. Sin embargo, los salarios de estas personas no suelen superar los 200 pesos diarios, según la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. El pasado 3 de noviembre partieron siete camiones con población jornalera de Ayotzinapa y Malinaltepec, informó Miguel Martínez Peralta, del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña. Un día después, el 4, ‘salieron otros 6 camiones de las comunidades de Jilotepec y Tototepec’. El 6 y el 7 se fueron otros 23 camiones de Ayotzinapa.

 “Su situación migratoria, aunque sea en su propio país, les pone en un lugar de vulnerabilidad, recalcó Barrera. Y se enfrentan a ella sin respaldo institucional de ninguno de los tres órdenes de gobierno. ‘No hay seguimiento’ de su viaje y tampoco de las condiciones en las que trabajan en sus destinos […] En esta nueva temporada no estamos encontrando eco en las autoridades del estado para atender a la población indígena jornalera de la Montaña. Se requiere de una ‘intervención interinstitucional’ e intergubernamental, dijo […] ‘Está saliendo la gente y no hay atención en salud, hospedaje, servicio de agua’ para que su tránsito sea decente. ‘Y en los campos los explotan, los engañan, los malmiran. Y hay situaciones de otro tipo, enfrenta maltratos, discriminación por parte de autoridades, patrones y mayordomos […] Las personas se van ‘con la esperanza de poder mejorar las condiciones de vida. Pero sabemos están en una situación de abandono, de falta de atención, las niñas y los niños no van a la escuela, las mamás trabajar en condiciones poco propicias para su salud, viajan en autobuses destartalados’.”

 Como vemos, miles de jornaleros migrantes después de superar enormes dificultades locales para desplazarse, finalmente llegan a los estados de “atracción”, sin embargo, es común que las empresas productoras no proporcionen las condiciones adecuadas de instalación para los trabajadores: éstos son hacinados en galeras desprovistas de los más elementales servicios, obligados a compartir permanentemente comedores y baños que se encuentran en condiciones deplorables. Los jornaleros agrícolas laboran así, careciendo de seguridad social, educación y bienestar para sus hijos. Por si todo ello fuera poco, es habitual que no reciban el pago de su salario de manera puntual y en forma completa debido, entre otras razones, a que los patrones y sus cómplices, los “enganchadores”, han descontado y asignado arbitrariamente cierta proporción de esos recursos económicos como compensación a la labor de contacto.

          Pero, además, en la misma nota, Blanca Juárez nos dice: “De las 15,323 personas que migraron de la región de la montaña de Guerrero, 6,553 eran niñas, niños y adolescentes. Es decir, es el 42% de la población migrante. En los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021 el Inegi reportó un gran nivel de deserción escolar, más de 310 adolescentes de entre 13 y 18 años dejaron sus estudios porque tenían que trabajar, según la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (Ecovid-Ed)”. El acelerado crecimiento del trabajo infantil en nuestro país provocado por el régimen capitalista que, insaciable, demanda renovadas fuerzas de trabajo para obtener así mayores ganancias, se ve favorecido e incrementado por la deserción escolar de millones de niños y jóvenes tras la llegada de la pandemia y el fracaso del gobierno morenista para contenerla y controlarla. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México es el segundo país de América Latina con mayores índices de trabajo infantil, después de Brasil.

Durante siglos, los jornaleros agrícolas varones han sido y siguen siendo sobreexplotados y, actualmente, bajo el régimen capitalista contemporáneo, sus esposas e hijos aprenden las tareas del campo y se preparan para sustituirlos. Los empresarios del campo se frotan las manos: el salario del padre ahora lo completan la esposa y los niños jornaleros, lo que le permite al patrón mantener bajos los salarios en el mercado laboral agrícola y obtener así mayores ganancias que acrecienten su capital. Esta es la forma moderna de esclavitud asalariada.

Los trabajadores de la ciudad y del campo debemos entender cómo, por la necesidad y el hambre, los patrones nos explotan y encadenan al trabajo asalariado; al tiempo que debemos comprender también que solo la unidad, la concientización y la lucha organizada en defensa de nuestros derechos e intereses como clase social, nos permitirán modificar este inaceptable estado de cosas y construir un nuevo modelo económico que sustituya la explotación capitalista de los patrones por una distribución equitativa de la riqueza. Hacia allá debemos dirigirnos.