Ricardo Torres
La crisis que actualmente
sufre el capitalismo neoliberal es irreversible. Mucho antes de la llegada de
la pandemia este régimen ya presentaba signos de desaceleración en las tasas de
crecimiento económico, en algunas regiones un claro estancamiento y, en otras,
un franco retroceso; provocando un acelerado crecimiento de la pobreza y la
desigualdad, un aumento descontrolado en los flujos migratorios y de
refugiados, así como un creciente deterioro del medio ambiente del planeta.
Desde finales del siglo
XX, el
neoliberalismo se impuso en el mundo a través de la globalización económica,
fortaleciendo al capital por la vía de la libre circulación de capitales,
mercancías y servicios, derribando los obstáculos y fronteras nacionales que se
lo impedían, eliminando permisos, impuestos o aranceles. En el
ámbito laboral, esta política neoliberal modificó las relaciones de trabajo: eliminó la estabilidad en el
trabajo, la contratación colectiva fue sustituida por contrataciones individuales
y temporales, controló el monto miserable de los salarios, modificó a su antojo
las jornadas laborales, eludió el pago de pensiones desconociendo el derecho de
antigüedad, se desentendió de las enfermedades y accidentes de trabajo y restringió
al máximo el derecho de huelga, entre muchas otras violaciones a los derechos
de los trabajadores. A esta política laboral aplicada por el neoliberalismo en
favor del capital se le conoce como “desregulación” o “flexibilidad
laboral”.
Con
la aparición del Covid-19 se agudizó esta crisis económica y, como nunca antes,
quedaron al descubierto los mecanismos de explotación y opresión del injusto
sistema capitalista donde el bienestar y la vida misma de los pueblos importan
mucho menos que las ganancias que alimentan al capital. Para el sistema
capitalista el empleo digno y la vida de los trabajadores son irrelevantes, para
los dueños del dinero y sus gobiernos lo verdaderamente importante es la sobrevivencia
del régimen de explotación.
En este contexto podremos
entender mejor la precariedad laboral que enfrentan los trabajadores de la
salud en nuestro país bajo un régimen neoliberal en crisis y en medio de una
pandemia devastadora. En una investigación elaborada por el Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, titulada “En total precarización laboral los trabajadores de
la salud enfrentan la pandemia por el Covid-19 en México”, podemos encontrar una descripción precisa: “[…] la
pandemia de COVID-19 encontró al Sistema Nacional de Salud mexicano bajo un
régimen laboral precario y con un grave
déficit de profesionales de la salud, por lo que para atender la
emergencia sanitaria se movilizaron a miles de trabajadores de la salud con bajos salarios, nulas prestaciones,
sin seguridad social y sin derechos laborales.” Recordemos que en enero de 2020
el gobierno desapareció el Seguro Popular para sustituirlo por el Instituto de
Salud para el Bienestar que, hasta el momento, brilla por su ausencia.
“[…] En
el Sistema Nacional de Salud en su conjunto había cerca de 98 mil trabajadores
y trabajadoras de la salud en condiciones de contratación precarias, esto
quiere decir que estaban contratados por honorarios, por un año, por dos, por
tres, por cinco, por siete, había gente que estaba por más de 18 años
contratada por honorarios […] No deja de llamar la atención que incluso las
autoridades sanitarias reconozcan que las condiciones actuales de trabajo son
contrarias a la Ley Federal del Trabajo y una injusticia laboral y social
cuando es el mismo gobierno quien impulsa este régimen laboral para todos los trabajadores
de la salud que lidian diariamente con la pandemia.
“[…] El
87.39% del total de los trabajadores de ambos sectores, público y privado,
señalan que los salarios y las prestaciones no son suficientes frente a lo que
está aconteciendo durante la pandemia por Covid-19; el 88.01 y 80.86% de los
trabajadores del sector público y privado, respectivamente, consideran lo
mismo. No hay diferencia significativa de estos resultados según la forma de
contratación en estos lugares de trabajo, pues tanto los trabajadores de base
como los eventuales, los que trabajan por honorarios, los contratados durante
la pandemia y aquellos que no tienen contrato o que están bajo otras figuras de
contratación, opinan de la misma manera: los salarios y las prestaciones no son
suficientes.
“[…] Sobre las jornadas laborales, mencionan que
no sólo han aumentado, sino que se han vuelto más intensivas por la falta de
personal, ocasionando que en algunos casos no puedan comer, tomar agua o ir al
baño […] En el sector público en tres de cada diez lugares de trabajo se
considera que las jornadas laborales han aumentado, especialmente en los centros
de salud, clínicas, IMSS-bienestar, hospitales híbridos y hospitales de
especialidades […] Este aumento de tiempo de trabajo no se ha traducido en la
mayor parte de los casos en remuneraciones adecuadas, pues el 80% de los trabajadores
del sector público y 70% del sector privado, mencionan que sus salarios no han
aumentado producto de ese aumento del tiempo laborado.
“[…] Sobre
los insumos de protección, sólo por mencionar algunos materiales, más del 60% y
menos del 70% de los trabajadores que valoran pacientes Covid-19, no cuentan
con cubrebocas N95 y googles herméticos; más de la mitad no cuenta con
cubrebocas sencillos, cubrebocas bicapas y tricapas; si bien más de la mitad si
cuenta con líquido para sanitizar, guantes quirúrgicos, batas, cubrebocas KN95,
gel antibacterial y caretas, es muy notorio el hecho que la mayor parte de los
trabajadores califica como normal (41.70%) y mala (33.08%) la calidad de los
insumos e instrumentos otorgados por los centros de trabajo […] A estas
condiciones adversas se le suma el hecho de que los sindicatos no han
intervenido realmente en favor de los trabajadores de la salud, ya que como
mencionamos anteriormente, por intereses políticos sólo han dado la basificación,
regularización o formalización a sus más ‘leales’ trabajadores; agravando aún
más el panorama en el contexto de la pandemia.”
Como
podemos observar, la investigación del CAM confirma de manera irrefutable la
aplicación de la política neoliberal de “desregulación laboral” que en nuestro
país sufren los trabajadores de la salud, además de exponer su vida en atención
a pacientes de Covid-19 sin insumos y equipos de protección de máxima calidad;
recordemos que México es uno de los países con más muertes de personal
sanitario en el mundo; y, además, con una representación sindical que obedece a
los intereses del gobierno y no al de los trabajadores.
Pero hay
más. A pesar de la escandalosa carencia de médicos, enfermeras y demás
trabajadores de la salud en nuestro país, a pesar de las escalofriantes cifras “oficiales”
que a diario se acumulan y superan los 3 millones 800 mil contagios y más de
290 mil fallecimientos por Covid-19, la aplicación de esta política neoliberal
en manos del gobierno morenista ha llegado al absurdo de echar a la calle a más
de dos mil trabajadores de la salud en el estado de Oaxaca, con argumentos
administrativos y presupuestales que perfectamente se podrían resolver si en
verdad al Gobierno le importara la salud del pueblo de México. Como bien lo
apunta la investigación del CAM, los intereses políticos del Gobierno federal y,
en este caso, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA),
pretenden otorgar plazas definitivas a los trabajadores de la salud “leales” a
las políticas de la 4T, mientras que a los sindicatos independientes agrupados
en la Coordinadora
de Sindicatos de Salud de Oaxaca (CSSO), que en verdad sí luchan en defensa de sus agremiados, se les
intenta debilitar para luego desaparecerlos.
La precariedad laboral de los trabajadores de la
salud sigue en aumento; en consecuencia, corresponde a los propios trabajadores
en éste y en todos los sectores de la vida económica y social del país, al
servicio del Estado o de la empresa privada, unirse, organizarse y, como hoy lo
hace la CSSO en Oaxaca, luchar en defensa de sus legítimos derechos. No hay
otra salida.
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