Humberto
Castro
En
menos de un mes se presentaron tres hechos que reflejan cómo se materializa el
abuso de poder de los actuales gobernantes. Los ciudadanos mediante su voto
depositaron la confianza en los candidatos cuando prometieron atender y
resolver sus problemas, mejorar la economía y no caer en los vicios de los
gobiernos anteriores; confiaron también en el buen juicio de los elegidos para
que actuaran con ecuanimidad y respeto al marco de las leyes que nos rigen. Sin embargo, una vez investidos con el poder
del cargo conferido y, a pesar de jurar el respeto a la Constitución y a todas
las leyes, como por arte de encantamiento les entró la ambición de gobernar a
su conveniencia, personal o de grupo, sin importar violar leyes, tratados o
derechos del resto de los ciudadanos.
Uno
de los asuntos más delicados en que debe poner especial cuidado todo buen
gobierno es en el manejo transparente y honrado de los dineros, pues se trata
de recursos de todos los ciudadanos. Sabedor de esto, cuando fue candidato Andrés Manuel López Obrador puso
especial énfasis en convencer a la ciudadanía no sólo de combatir la corrupción
en todos los niveles de gobierno, sino que el pueblo conocería con detalle el
manejo transparente, y a la vista de todos, sobre el dinero de la república;
asimismo, prometió aplicar los recursos recaudados anualmente para beneficiar a
los pobres, hasta copió como consigna de campaña “por el bien de todos, primero
los pobres”. Veamos si eso se ha venido cumpliendo.
El
primer hecho se presentó el 26 de octubre de 2021 y se refiere a la aprobación
de la cuenta pública del primer año de gobierno de AMLO, es decir, del año
2019. Con el apoyo de Morena, el
PVEM y el PT, la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen
de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de gobierno de AMLO, a
pesar de que se encontraron observaciones y una posible recuperación económica
por 100 mil 914 millones 400 mil pesos en diferentes dependencias, estados y municipios
y, sobre todo, en proyectos y programas estrella de la actual administración
federal. Asimismo, la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) reportó observaciones e
irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales por un monto
que asciende a 100 mil 914 millones de pesos y que están pendientes de devolver
a las arcas nacionales 99 mil 396 millones de pesos (El Universal, 2 de
noviembre de 2021).
En otra nota informativa, a manera de ejemplo, detalló
el mismo diario: “Las irregularidades detectadas y descritas en el documento se
presentaron en el Instituto de Salud para el Bienestar (983.7 millones de
pesos), en la Secretaría del Bienestar, en el programa Sembrando Vida
(entregaron millones en efectivo y el reglamento interior de la dependencia no
lo autoriza), en Becas para el Bienestar Benito Juárez (no se aclaró la entrega
de 263 millones de pesos a los beneficiarios y no se aclaró el pago de salarios
y servicios por 33.1 millones de pesos), en Jóvenes Construyendo el Futuro (no
se aclaró la entrega de 126.7 millones de pesos de personas que recibieron
indebidamente una beca, hubo pagos improcedentes por casi 7 millones de pesos y
736 becarios de más de 29 años, es decir, personas que no cumplieron con la
edad máxima del programa) y en Servidores de la Nación (562 millones por
aclarar), así como en la Construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México que se edificaría en Texcoco
(la ASF señaló que se recuperarían 3 mil 607 millones de pesos) y se
revelaron pagos duplicados, aviadores, pagos fantasma, falta de comprobación de
pagos de dinero directo y falta de datos confiables de beneficiarios, entre otras”.
El abuso de poder, las irregularidades y la violación
a las leyes que se revelan en la aprobación de la cuenta pública son muchas.
Desde la presentación tardía del informe de la ASF a la Cámara de Diputados,
pues ya se cumplieron casi dos años de que se ejercieron esos dineros y el
artículo 74, fracción VI, de la Constitución dice que es obligación exclusiva de
ésta Cámara “Revisar la cuenta pública del año anterior…”, hasta la aprobación que
realizaron los diputados de Morena, PVM y PT que, obrando con un claro espíritu
de mafia para proteger el cochinero de la administración pública del primer año
de gobierno de AMLO y sin escuchar las observaciones de los demás partidos, en
claro abuso de poder porque tienen mayoría, se atrevieron a dar por aprobada la
cuenta pública dejando sin aclarar y sin recuperar hasta el momento, miles de
millones de pesos.
Es cierto que aún falta que se apruebe en el
pleno de la Cámara de Diputados, pero ya asomaron las orejas algunos diputados
de Morena, como Daniel Gutiérrez, diputado por Oaxaca, advirtiendo que no es tanto,
que son únicamente cien mil millones de pesos en los que hay irregularidades y como
tienen mayoría en el pleno, la cuenta pública de 2019 se aprobará sin problemas,
es decir, el mismo espíritu de mafia para encubrir los malos manejos de los
dineros de la nación.
El segundo hecho lo constituye la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2022. “Con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones, los
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PVEM)
impusieron el nuevo presupuesto calculado en 7.08 billones de pesos.
Los partidos de oposición presentaron 1,994 reservas al
presupuesto 2022, es decir, propuestas de modificación, pero ninguna
fue tomada en cuenta. Otra vez, en un claro abuso de poder y sin cambiarle
nada, fue aprobado el documento que envió el presidente, nomás porque los tres
partidos de marras hacen mayoría votaron en bloque y de manera totalmente
acrítica. No tendría nada de malo que se hubiera aprobado el presupuesto de la
manera en que lo hicieron si estuviera pensado para el desarrollo del país, sin
embargo, la mayoría de voces críticas coinciden en señalar que es un
presupuesto esencialmente clientelar, que tiende al presidencialismo y que no
promoverá el crecimiento económico de nuestro país, lo cual es grave después de
la recesión y decrecimiento que se presentó en 2020 con motivo de la pandemia.
Es clientelar porque se propone el reparto de dinero para
comprar conciencias y apoyo en votos para Morena de todos aquellos que reciban
algunos de los pesos que reparta el Gobierno.
Tiende al presidencialismo, es decir, a la concentración de todo
el poder en manos del presidente, porque le redujo el presupuesto al Poder
Judicial en 3 mil millones y casi 5 mil millones de pesos al INE que, como se
ha visto, son de los pocos contrapesos que tiene el Poder Ejecutivo y con tal
reducción les imposibilita realizar adecuadamente su trabajo. Pero cuidado
mexicanos, ya la historia nos dice que nuestro país ha sufrido más cuando ha
tenido un gobierno centralista, como sucedió en los tiempos de Antonio López de
Santana, muy adorador del poder centralista.
El presupuesto así aprobado no promoverá el crecimiento
económico, con la consecuente falta de creación de empleos, porque no se
propone alentar las inversiones de la iniciativa privada ni del gobierno en
grado suficiente para satisfacer los requerimientos del país.
Además de esos señalamientos generales, el presupuesto aprobado
tiene serios vicios: le aumentó 73% al Tren Maya y 173% al tren del Istmo; incrementó
106 mil millones a la Secretaría del Bienestar, aunque ésta no ha aclarado ni
sus gastos de 2019, además de que su estrategia contra la desigualdad y la
pobreza ha fallado pues el número de pobres se incrementó en más de cinco
millones de mexicanos. Le incrementó 47% a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
y a la Guardia Nacional 70%, dependencias donde no se ocupan más recursos, pues
la estrategia del Gobierno ha sido pactar con los criminales (abrazos no
balazos) y para eso no se necesitan cientos de miles de millones de pesos. En
cambio, sigue sin destinarse dinero suficiente
y en varios rubros hubo fuertes reducciones; para educación, vivienda, infraestructura
en hospitales, carreteras y caminos rurales, continúan sin aprobarse los
recursos para adquirir las medicinas que necesitan los enfermos y el
equipamiento de todos los hospitales tanto del IMSS, ISSSTE y de la SSA y
siguen despidiendo personal médico en varios hospitales del país; no se aprobó
ningún programa en sustitución del FONDEN y, por tanto, continúan sin atenderse
realmente a los damnificados del pasado periodo de lluvias, etc., etc.
En estas circunstancias, haber aprobado el PEF 2022 es, otra
vez, aplicar el espíritu de mafia por parte de los diputados morenistas
olvidándose de que a quien representan es al pueblo y no al presidente.
Finalmente, el tercer hecho, el llamado decretazo
del 22 de noviembre de 2022. Se trata del “acuerdo” mediante el cual AMLO
decidió declarar “de interés
público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del
gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones,
telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente,
turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades,
energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto,
características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios
o estratégicos para el desarrollo nacional”. Además, el mencionado
decreto ordena a todas las dependencias del Gobierno federal que en un plazo de
cinco días entreguen los permisos, licencias, estudios, etc. que requieran las
mencionadas obras.
Aunque
López Obrador dice que ese acuerdo es para darle celeridad a las obras del
gobierno, al declarar esas obras de “seguridad nacional”, esconde un objetivo
más perverso: que nadie sepa ni pueda obtener información de cómo se asignan
las obras, a quién, con cuánto dinero y cómo se gastan esos recursos. Hay
quienes señalan que tal decreto lo inspiró la denuncia pública de que en las
obras del aeropuerto de Santa Lucía el ejército asignó obras a empresas
fantasma.
Dicho
decreto tiene serias irregularidades: no está fundamentado legalmente y viola
la Constitución, viola los derechos humanos de los mexicanos, viola la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Amparo y otras más;
y quienes pueden interponer una controversia constitucional contra el mismo son
el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
la Cámara de Diputados por la invasión de funciones y el Senado, pero la Cámara
de Diputados guarda silencio cómplice y la presidenta del Senado, después de
recibir la petición de 53 senadores, con mil maniobras leguleyas, argumentó que
carece de interés legítimo para controvertir al presidente; otra vez aflora el
espíritu de mafia (ahora en la exministra Olga Sánchez Cordero) para no
respetar la ley y los derechos de todos los mexicanos y para que el presidente
y su séquito sigan haciendo lo que les venga en gana. Desde el momento en que
se trata de recursos de todos los mexicanos existe pleno derecho de estar
informados de cómo se gastan esos recursos, máxime que ya vimos que la cuenta
pública del primer año de gobierno trae una larga cola de irregularidades. En
el caso del decretazo, solo el INAI, que hasta el momento es todavía un
organismo autónomo, presentó controversia de constitucionalidad para anularlo.
Estos tres hechos, realizados en tan corto
tiempo, desnudan el perfil faccioso y autoritario de la Cuarta Transformación y
cómo el gobierno de la 4T y su líder AMLO, al igual que los gobiernos
anteriores, una vez en el poder se olvidan de las leyes y los ciudadanos y
quieren hacer solo su sacrosanta voluntad. Como alguien dijo y en ese momento
tenía razón: el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve
locos.
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