Selene Aguiar
La industria de la
construcción en nuestro país cobra gran relevancia por su contribución al
Producto Interno Bruto (PIB) y por el número de personas a las que emplea. En
2020, por ejemplo, contribuyó 6.3 por ciento al PIB (Statista). Paradójicamente,
tanto la contribución al PIB como el número de trabajadores que emplea han
venido disminuyendo de manera drástica durante la pandemia y aun antes de ella.
Según Statista, el PIB del sector de la construcción en México se situó alrededor de los
1,01 billones de pesos mexicanos en 2020. Esto representó una caída del 17,2
por ciento en comparación con el PIB del sector de la construcción reportado en
2019.
En cuanto al número de
personas empleadas, en diciembre de 2018 esta industria ocupaba a
506 mil 526 personas y al cierre de diciembre de 2021 tan solo a 452 mil 765,
es decir, se perdieron 53 mil 761 empleos (INEGI, 2022). Debido a la crisis
sanitaria y económica hubo empresas que debieron postergar obras, como la Industrial
Living and Place, que había sido contratada para dos proyectos industriales,
uno en la Ciudad de México y otro en Quintana Roo, lo que la obligó a recortar
su plantilla de trabajadores y, por ende, a dejar de contratar (Obras en
expansión, 2021).
Durante
este periodo los trabajadores se han enfrentado al desempleo y al recorte de
salarios. Situación que se ve agravada por la política de “austeridad
republicana” implementada por el gobierno morenista, pues el gasto en obra
pública se ha reducido considerablemente, lo que afecta negativamente a la
industria de la construcción. Incluso una de las obras faraónicas del
presidente, la construcción de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco, dejó al
descubierto, el año pasado, las pésimas condiciones laborales de los
trabajadores, los cuales, debido a la explotación laboral, los bajos sueldos y
las violaciones al contrato laboral, entraron en paro y protestaron (Expansión,
2021).
Los
obreros de la construcción se encuentran expuestos a muchos riesgos de trabajo,
de hecho, el sector económico de la construcción es uno de los más peligrosos
del país. En 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 400
mil accidentes a nivel nacional, de los cuales 33 mil ocurrieron en la
industria de la construcción, en edificaciones y obras de ingeniería civil, es
decir, el 8 por ciento del total, de los cuales 159 trabajadores fallecieron.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también reconoce al sector de
la construcción como un trabajo peligroso y nos dice que “Durante su trabajo
los obreros están expuestos a una gran variedad de riesgos en el lugar de
trabajo, incluida la exposición al polvo, al vapor o al asbesto, posiciones de
trabajo incómodas, cargas pesadas, condiciones meteorológicas adversas, trabajos
en alturas, ruido o vibraciones de herramientas, entre muchos otros.”
Además,
a todo esto se añade el aumento desmedido de la inflación, pues debido a los
materiales e insumos que la industria de la construcción utiliza, se enfrenta a
un alza excesiva de costos. Pero ¿en qué afecta esto a los obreros de la
construcción? En un modelo económico capitalista en donde el fin primero y
último de las empresas es “ganar, ganar”; por tanto, los capitalistas con tal
de seguir aumentando sus ganancias disminuyen salarios, prestaciones, aumentan
horas de trabajo o lo que consideren necesario para no perder utilidades, así pues,
los principales perjudicados son los trabajadores.
Ahora
bien, por ley, los trabajadores de la construcción tienen derecho a exigir un
contrato, un salario justo, ser inscritos al seguro social, afiliarse al
sindicato que represente sus intereses, al pago de horas extraordinarias cuando
las trabaje, a un descanso semanal, a un descanso para comer, a desarrollar su
trabajo con garantías de seguridad, entre otros derechos más. Sin embargo, en
los hechos, la mayoría de las veces esto es solo letra muerta.
Una
gran parte de los trabajadores de la construcción son contratados por empresas outsourcing,
una práctica que en gran medida es reconocida como abusiva y perjudicial
para los trabajadores y sus derechos, pues estos son contratados por una
empresa (contratista), que a su vez es prestante de los servicios del
trabajador a otra empresa, que es la contratante, por lo que al momento en que
el trabajador exige respeto a sus derechos, ambas empresas, contratante y
contratista, eluden su responsabilidad y dejan un amplio margen para la
violación de los derechos laborales, pues el trabajador desconoce a quién
corresponde garantizarlos.
Aparentemente
esta práctica en su faceta nociva fue “reconocida” por el “gobierno de los
pobres” quien propuso una reforma laboral que en el texto de la ley dice eliminar
la subcontratación, pero en los hechos permite que las empresas que contraten
servicios especializados externos sí pueden ofrecer servicios outsourcing.
De esta manera la supuesta prohibición del outsourcing, solo es darnos
una cosa por otra, quid pro quo.
La
práctica de la subcontratación persiste, de hecho quien tiene la facultad de determinar
qué empresas pueden ofrecer servicios outsourcing
es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Por lo que no
sorprenda que sean empresas afines al gobierno las que puedan ofrecer servicios
de outsourcing y el propio gobierno quien solicite dichos servicios. La
violación de los derechos laborales, por medio de la práctica de outsourcing,
subsiste, y la 4T, a través de la STPS, lo avala.
Los
trabajadores de la construcción están abandonados y desamparados por el Gobierno
federal, el abrumador número de desempleos incide en que los obreros deseosos
de ganarse el pan para ellos y sus familias acepten trabajos mal pagados,
peligrosos y sin condiciones óptimas para llevarlos a cabo. La reforma laboral propuesta
por AMLO no hace más que simular para apaciguar los ánimos y alimentar la
“buena imagen” de su gobierno.
La
grandeza de lo que han hecho los obreros de la construcción está a la vista de
todos los mexicanos, las ciudades han sido construidas con sus manos, los
edificios imponentes, los hospitales, las escuelas, las carreteras por donde
viajamos, los puentes, las viviendas, etc. Sin embargo, no disfrutan lo que
ellos mismos han construido y no se valora lo que han hecho y lo que hacen por
el país, muy por el contrario, se les maltrata, se les explota y se les
arrebata la riqueza que producen. La política de la 4T los ha llevado al
desamparo total y cada vez se vuelve una necesidad más apremiante que sean los
propios trabajadores quienes se organicen y luchen por mejorar sus condiciones
de vida. No queda de otra.
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